Desde el pasado 10 de agosto se le permite al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) autorizar la intervención en humedales para la reparación, construcción y ampliación de infraestructura. Esto sucedió por medio del decreto Nº 39838, firmado por el Ministro del MINAE y el Presidente de la República, publicado en la Gaceta (ALCANCE DIGITAL N° 140).
Nos encontramos ante una evidente regresión ambiental que tiene como beneficiarios a proyectos con nombre y apellido para las compañías constructoras, empresas Chinas que son beneficiadas por contratos de dudoso beneficio para el país. Estas compañías e intereses gozan de un monopolio en la construcción y mantenimiento de carreteras, el cual ha sido ratificado y legitimado por el actual gobierno.
Este gobierno insiste en meter tractores en las Áreas Silvestres Protegidas, con claros vicios de inconstitucionalidad por violación de los principios constitucionales de progresividad y no regresión, pues se estarían restringiendo las áreas de Protección y Patrimonio Natural del Estado.
Sobre la “compensación equivalente” resulta absolutamente ilógico en la medida de que todos los ecosistemas de humedal, registrados o no por el MINAE, están protegidos por la ley. Cabe entonces la pregunta: ¿Con qué ecosistemas se van a compensar los humedales destruidos?
Ante este anuncio Allan Astorga, reconocido geólogo ambiental, como el Lic. Alvaro Sagot, abogado ambientalista, interpusieron una acción inconstitucionalidad en la Sala Constitucional para traerse abajo el cuestionado decreto.
Con este decreto se le da potestades al SINAC, tanto para recibir las solicitudes como para emitir opinión a partir de criterios aportados por el propio interesado para caracterizar los humedales, los cambios probables, las medidas de mitigación o lo que se llama “compensación equivalente y canje de hábitats”. Paralelamente a la presentación de la solicitud ante el SINAC por parte del Estado, las partes interesadas deberán tramitar una viabilidad ambiental ante la SETENA, y la infraestructura en cuestión tendría que ser previamente declarada de conveniencia nacional.
El decreto intenta mitigar la regresión ambiental a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante SETENA, y de la declaratoria de “conveniencia nacional” que es una figura desvirtuada, pues ha dado cabida a proyectos como la minería de oro en Crucitas y el caso de la Ruta 257 en el que se justificó la destrucción y reducción del humedal Cariari.
Lo que evidencia este decreto es una tendencia a desregular y flexibilizar la legislación ambiental. También evidencia una severa contradicción entre la política pública respecto a las Áreas Protegidas, y la necesidad de construir infraestructura.
El caso de la ampliación de la Ruta 32, es un claro ejemplo de ésta contradicción: aprobada en la actual administración, atropella la poca independencia y exhaustividad en las funciones de la Secretaría Nacional Ambiental (SETENA), al proponer una evaluación de impacto ambiental a la carrera y a la medida, aún sin conocer el diseño final de la obra. Esto debilita, flexibiliza, y hasta viola claramente el espíritu y la lógica de las normas de evaluación ambiental.
Otro claro ejemplo es el caso de la Trocha Fronteriza, el cual justificó la afectación de más de 71 cuerpos de Agua (Plan de Gestión, 2012) con un Decreto de Emergencia para no realizar ningún Estudio de Impactos Ambiental (EIA), una falta grave que fue evidenciada por el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Esta amenaza se profundiza con otro proyecto de ley, cuyo objetivo es reducir y permitir la construcción de nuevas carreteras en Parques Nacionales. Se trata del proyecto N º 19.899 , que pretende reformar la Ley General de Caminos (Ley N. º 5060). Se tramita actualmente en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. Fue presentado en febrero pasado por el Presidente Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Villalta Villegas, Ministro del MOPT .
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