Por Mauricio Álvarez Mora.
La comunidad de Guacimal y la Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico en el cantón Central de Puntarenas, con respaldo del diputado ecologista Edgardo Araya, denunciaron en la Fiscalía Ambiental y el Tribunal Ambiental el polémico proyecto de riego Guacimal-Sardinal por la destrucción de zona boscosa que está dentro del área de protección de una quebrada y una naciente en Los Ángeles de Guacimal en Puntarenas.
A pesar de que el proyecto no cuenta aún con la viabilidad ambiental exigida por ley, ya sus obras han avanzado para la instalación de tubería invadiendo áreas de protección y dentro de propiedades privadas de la zona.
La comunidad de Guacimal denunció estos atropellos con base en la Ley Forestal N° 7575, artículos 33 y 34, que protegen las nacientes y prohíben la tala en áreas protegidas. Por estos delitos la ley establece en el artículo de prisión de tres meses a tres años. La denuncia busca que tanto la Fiscalía Ambiental y el Tribunal Ambiental investiguen los hechos y se suspendan las obras mientras se tramita la presente denuncia (ver denuncia).
Por decisión de asamblea de la comunidad de Guacimal (7-2-16), el proyecto puede continuar por las fincas privadas, no así sobre sitios públicos, servidumbres públicas de calles o acueducto comunal, por eso desde hace 8 días la comunidad vigila que el avance de la obras se desarrollen conforme a su decisión. Se espera en que en cualquier momento toque vía pública el desarrollo del proyecto, la comunidad decidió resistir mediante métodos pacíficos y con la participación de toda la comunidad.
La comunidad realiza rifas, ventas de comida y monitoreo del proyecto en espera que alguna de todas las instituciones del Estado que han consultado avale su argumentos evitando una confrontación violenta. Recientemente interpuso un recurso contencioso a la municipalidad por la falta de permisos y planos del proyecto.
El grupo organizado para proteger el agua, incluso visitó el Banco Centroamericano de Integración para denunciar lo que señaló la Contraloría de la República (Informe Nro. DFOE-AE-IF-08-2015) que concluye sobre el modelo de gestión impulsado por el SENARA de Pequeñas Áreas de Riego y Drenaje (PARD) que “exime de la operación y mantenimiento directos de los sistemas de riego y drenaje, para trasladarlos a los agricultores; pero sin reglas y fundamento claros de actuación, lo cual, pone en riesgo el eficaz resguardo de los activos institucionales”. Exigiendo a SENARA una estrategia, un marco legal claro y un decreto “que regule el modelo de gestión para administrar, operar y mantener los sistemas de riego y drenaje”.
Según este informe “SENARA indicó que al menos el 70% de esta infraestructura pasa total o parcialmente por calles públicas, cuyos permisos de paso y servidumbres no se acuerdan mediante un instrumento que las formalice". Es por esas carencias y la falta de datos actuales que garanticen el uso equitativo del agua, que las comunidades de Guacimal no permitirán el desarrollo de este proyecto.
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