Más casos evidencian que parques nacionales pierden la batalla

Por Mauricio Álvarez Mora.

El caso del guardaparques Steller, condenado a 12 años de prisión, puso la atención del país en la desigual lucha que libran día a día las y los guardaparques y ambientalistas costarricenses, pero este es sólo uno que evidencia el nivel de complejidad y aristas que están en juego.

“Los oreros tiene más derechos que un guardaparques” así resumen los guardaparques la situación de Parque Nacional Corcovado, quienes recuerdan cuando hace algunos años una fiscal interpuso una medida cautelar a favor de los oreros dentro del Parque Nacional Corcovado y en contra de 14 guardaparques de manera que no pudieran patrullar armados y por tanto dejar “a la libre” a los oreros. Esta medida cautelar avala la ocupación ilegal de Corcovado en lugar de ordenar su desalojo. Hoy hay 400 oreros dentro del parque haciendo minería de oro industrial, y no artesanal, en ríos, que en la práctica ya parece acercarse más a la dañina minería a cielo abierto como denunciamos esta misma semana.

También en Corcovado el guardaparques Carlos Murillo fue agredido por un orero sin que la denuncia prosperara nunca. En la zona de Alto Laguna un sujeto conocido como “Quincho” intentó agredir con machetes a los funcionarios Alberto Cruz, Marvin Chavarría y en otro momento al guardaparques Juan Bautista Salazar, el caso llegó a la fiscalía que ordenó dejar en libertad al presunto agresor.

Los guardaparques recuerdan otros casos impunes y contradictorios como el de Minor Camacho del Parque Nacional Braulio Carrillo, a este funcionario un cazador de apellido Campos Chacón le hirió de bala cuando trató de arrestarlo, a la hora de la acusación los jueces lo dejaron en libertad sin quedar establecida alguna medida preventiva y el cazador se dio a la fuga y el caso quedó impune hasta el momento.

En la Virgen de Sarapiquí, en los linderos del Parque Nacional Braulio Carrillo, fueron atacados con machete los guardaparques Eduardo Gómez, Pedro Ezeta, y Antonio Ezeta, dejando como saldo a un guardaparques con dedos amputados y al cazador con un balazo en su pie, sin embargo sólo resultó acusado el guardaparques Pedro Ezeta por defender a su compañero herido. Otro compañero, Mauricio Quirós, fue amenazado de muerte por este caso. Los cazadores en cuestión son conocidos integrantes de una banda que vende la carne de animales silvestres y que tienen más de 20 denuncias interpuestas pendientes en instancias judiciales (Diario Extra, 25-09-14).

En Jicaral de Puntarenas el guardaparques Alexander Sánchez enfrentó a un sujeto que destruía un bosque con un back-up y a la hora de detenerlo el agresor lo quiso atropellar con esta maquinaria pesada, caso realmente temerario.

En el Caribe, en el Parque Nacional Tortuguero, el funcionario Amancio Aguilar disparó en defensa propia cuando un cazador intentó dispararle primero con escopeta. Hoy Amancio no está siendo procesado porque el cazador recapacitó y reconoció que él tuvo la culpa por lo tanto no elevó la denuncia al ministerio público. 

En el Parque Tapantí, un sujeto apodado “Media libra” amenazó con “tirar” a seis guardaparques y “poner en su lugar” a la administradora. Este hecho fue denunciado en la fiscalía, pero el ofensor ganó el caso.

Esto apenas son algunos de los casos, una muestra de la impunidad que supera el 90% de las denuncias interpuestas en materia ambiental y judicial. Ante este panorama  cologistas, guardaparques y ciudadanía en general nos preguntamos si podemos confiar en nuestro sistema judicial ¿cuántos muertes más, gente encarcelada o demandada será suficiente para empezar actuar en favor del ambiente? 

Y finalmente ¿por qué la Procuraduría del Estado defiende a Industrias Infinito en el caso Crucitas y no a los gurdaparques cumpliendo su deber? Esto pues según su ley orgánica (Art. 3 incisos g y h) dice que dentro de sus atribuciones está la defensa a servidores del Estado, cuando se siga acción penal contra ellos por actos o hechos en que participaren en el ejercicio de sus funciones y actuar en defensa del patrimonio nacional, de los recursos existentes en la zona marítimo-terrestre.