Por Mauricio Álvarez Mora.
En noviembre pasado, la Comisión Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente un texto sustitutivo presentado por el AyA y el Poder Ejecutivo, desconociendo la versión original presentada por un grupo importantes de ASADAS, la cual se tramita bajo el número de expediente No.17.914.
Este proyecto fue presentado desde el año 2010, por 280 ASADAS, agrupadas en la Comisión para el Fortalecimiento del Sector de Acueductos Comunales (COFORSA). No obstante, ese texto ha sido suplantado por el texto del Gobierno, a pesar de la oposición de decenas de ASADAS y de varias redes como COFORSA, la Alianza Nacional por la Defensa del Agua (ANDA), FANCA, ARA, UNAGUAS, UNAIZON, URCOZON, FECON y UNAC, las cuales no desconocen el rol que, como ente rector, debe tener el AyA en la materia, pero sí consideran que la relación entre acueductos comunales e institución debe ser más equilibrada y que debe desburocratizarse la gestión que realizan los primeros para poder dar un servicio de calidad.
Gobernanza comunitaria del Agua. Con el objetivo de brindar un adecuado servicio, especialmente en las áreas rurales, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) otorgó a los Acueductos Comunales la posibilidad de administrar, de manera participativa, la gestión de su recurso hídrico y de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento. A partir de ese momento, las comunidades se han encargado de dicha administración, incluso a pesar de que las responsabilidades son asumidas de sin fines de lucro, atendiendo únicamente a los intereses colectivos.
En el país existen cerca de 1500 acueductos comunales, los cuales abastecen a cerca del 30 % de la población, gracias al esfuerzo y dedicación de las comunidades que han invertido muchos recursos y esfuerzos para tener agua para el consumo humano.
Con el objetivo de fortalecer este tipo de gobernanza, las ASADAS elaboraron el Proyecto de Ley de Asociaciones Administradoras de Acueductos Comunitarios (No.17914), el cual buscaba fortalecer los acueductos con herramientas, un marco legal y competencias claras y equilibradas para las ASADAS, generando una alianza público-comunitaria. Esto vendría a cerrar las puertas a formas de privatización disfrazadas que en el pasado quisieron imponerse, como proyectos de urbanizaciones, proyectos hoteleros y desarrollo inmobiliario.
A pesar de lo anterior, en lo que pareciera ser un ataque directo a la soberanía comunitaria sobre el agua, se ha dictaminado un texto sustitutivo frente al cual hay que manifestar nuestra oposición. Lo anterior, debido a que pareciera que se contraviene la posibilidad de fortalecer la autonomía en la administración del recurso, haciendo que ésta sea centralizada. En este sentido, se considera necesario, más bien, fortalecer la capacidad de las comunidades para la gestión soberana del agua.
Antes de dar mayores potestades al AyA, abriendo las posibilidades de que dicha institución atropelle la soberanía comunitaria, se debe apoyar a figuras asociativas comunales que administren el recurso de acuerdo con las necesidades de la población. De manera, que ante la actuación en apariencia, ineficaz e ineficiente del AyA, en vez de fortalecer su posición y la centralización de sus competencias, se deben fomentar las iniciativas -que son de larga data-, para garantizar que todas las personas de todas las comunidades tengan acceso al agua de calidad.
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