Por Mauricio Álvarez Mora.
El caso del reciente atentado contra Alcides Parajeles, nos hace recordar el reciente asesinato de Jairo Mora, pero además, el de -al menos- ocho personas más. Entre esas, la muerte de la ambientalista canadiense Kimberly Blackwellm quien fuera asesinada a finales del 2011 en la Península de Osa. Justamente, es en esta exuberante región, donde afloran todas las contradicciones socio-ecológicas de nuestro país.
La chocolatera -como se conocía a Kimbely por la fabricación de chocolate casero- tuvo varios enfrentamientos con cazadores ilegales y se presume que por venganza la mataron. Inclusive, un cazador de la localidad estuvo en prisión preventiva como sospechoso de su asesinato. Pese a la presión de la familia, quienes contrataron a un investigador privado, la embajada y hasta el primer Ministro canadiense, desconocemos si hubo condena por este caso.
La defensa del ambiente en Osa ha estado ligada a una serie de incendios, atentados, amenazas y asesinatos. En 1999, un incendio cuyas causas no fueron esclarecidas satisfactoriamente por la investigación oficial, acabó con la sede policial de Rancho Quemado de Osa.
Otro incendio provocado destruyó la Asociación para el Desarrollo del Parque Marino Ballena. En esa zona ya habían tenido lugar cuatro ataques contra grupos ecologistas y funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
En 1995 se le prendió fuego a la casa de los guardaparques. El año pasado fue incendiada la oficina del Minaet del Área de Conservación Osa, en Palmar Norte. Las oficinas dañadas contenían expedientes sobre investigaciones de talas en zonas protegidas. Además, vecinos de la zona recuerdan, en plena pelea por la defensa de la Fila Costeña, el incendio de expedientes dentro de la Municipalidad de Osa.
Las oficinas dañadas contenían expedientes sobre investigaciones de talas en zonas protegidas. Mientras que en 2010, el ambientalista Carlos León, que ha denunciado anomalías ambientales, sufrió un atentado en su casa que fue incendiada, aunque no hubo víctimas fatales.
Ante estos antecedentes, los cuales resultan alarmantes a la vez que bastante numerosos, solicitamos alguna medida cautelar de protección a favor de don Alcides. Además, reiteramos nuestra petición para que el Gobierno establezca, con urgencia, la “Comisión de la Verdad” que pueda atender estos casos y que desplegar un dispositivo de protección para los activistas en el campo ambiental.
Hace semanas presentamos esta propuesta, y no queremos esperar hasta el próximo atentado o asesinato para que el Gobierno entienda la urgencia de conformar este espacio. Solo tratando de identificar como operan los perpetradores y las formas para revertir esta tendencia podremos erradicar la impunidad. De lo contrario, por omisión, el Estado se convierte en cómplice de estos grupos y de su afán por destruir la vida y a sus defensores.
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