Por Mauricio Álvarez Mora.
Los apagones que afectan diversas regiones del país durante el verano de 2007 han reabierto el debate sobre el futuro del sistema eléctrico nacional. Mientras el Gobierno y diversos sectores empresariales presentan la situación como una consecuencia inevitable de la escasez de lluvias y de las limitaciones de generación, organizaciones sociales y ambientalistas sostienen que el problema tiene raíces mucho más profundas y responde fundamentalmente a decisiones políticas acumuladas durante los últimos años.
La Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON) denuncia que los cortes eléctricos están siendo utilizados para crear un clima favorable a la expansión de la generación privada de electricidad y a la profundización de políticas que debilitan al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Según la organización, detrás del discurso de la crisis energética se encuentra el interés de grupos político-empresariales por ampliar los negocios vinculados a la producción privada de electricidad.
Para los sectores ecologistas, el problema no puede reducirse a una cuestión técnica relacionada con la disminución temporal de los caudales de los ríos. La crisis actual es también el resultado de decisiones políticas que han limitado durante años la capacidad de inversión y planificación del sistema eléctrico nacional.
La responsabilidad gubernamental
Las organizaciones ambientalistas señalan que el Gobierno ha incumplido su responsabilidad en la gestión integral del recurso hídrico. Uno de los principales cuestionamientos se refiere al estancamiento del proyecto de Ley del Recurso Hídrico, una propuesta construida mediante amplios procesos de participación ciudadana y consenso social, que continúa sin ser aprobada.
La ausencia de una legislación moderna para la gestión del agua resulta particularmente preocupante en un contexto marcado por sequías recurrentes, variabilidad climática y una creciente presión sobre las fuentes hídricas.
Para los sectores críticos, resulta contradictorio que se plantee la construcción de nuevas represas privadas como respuesta a la crisis eléctrica mientras se mantienen sin resolver los problemas estructurales relacionados con la administración y protección del agua.
La escasez hídrica que afecta actualmente a las plantas hidroeléctricas del ICE también afectaría a las nuevas plantas privadas, por lo que la expansión de este modelo difícilmente constituye una solución de fondo.
Los ecologistas recuerdan además que fenómenos como las sequías estacionales, el fenómeno de El Niño y los efectos asociados al calentamiento global no son situaciones imprevistas. Por el contrario, forman parte de escenarios que deben ser incorporados en los procesos de planificación energética.
La crisis actual, afirman, refleja la ausencia de medidas preventivas adecuadas y la falta de una política energética capaz de anticipar situaciones que son conocidas desde hace años.
Los antecedentes de la generación privada
La situación actual trae a la memoria procesos similares ocurridos a finales de la década de 1980, cuando Costa Rica atravesaba la implementación de los Programas de Ajuste Estructural impulsados por organismos financieros internacionales.
Durante ese período, el ICE enfrentó importantes restricciones presupuestarias y limitaciones para desarrollar nuevos proyectos de generación. Paralelamente comenzaron a difundirse advertencias sobre eventuales problemas de abastecimiento eléctrico y posibles racionamientos.
Para numerosos sectores sociales, aquellos temores fueron utilizados como argumento para justificar la apertura del mercado eléctrico a la generación privada.
Las leyes aprobadas posteriormente permitieron la contratación de empresas privadas para producir electricidad que sería adquirida por el ICE mediante contratos de largo plazo.
Los críticos de este modelo sostienen que estas decisiones generaron importantes beneficios económicos para grupos empresariales vinculados al sector político nacional, mientras trasladaban elevados costos al sistema eléctrico público.
Según estimaciones difundidas por organizaciones opositoras a la generación privada, los contratos suscritos durante las últimas décadas han significado pagos millonarios por parte del ICE a empresas privadas productoras de energía.
Diversos estudios técnicos también han cuestionado los costos de la electricidad adquirida mediante estos contratos. Ingenieros y especialistas del propio ICE han señalado que, en numerosos casos, la energía privada resulta considerablemente más costosa que la generada directamente por la institución pública.
El negocio detrás de las represas
La expansión de la generación privada no solamente tiene implicaciones económicas. También ha provocado una creciente conflictividad social y ambiental en distintas regiones del país.
Actualmente operan decenas de proyectos hidroeléctricos privados y existen numerosos planes adicionales en distintas etapas de desarrollo. La construcción de estas obras ha generado oposición por parte de comunidades campesinas, organizaciones ambientales y gobiernos locales preocupados por los impactos acumulativos sobre los ríos y ecosistemas.
Las movilizaciones que durante años se han desarrollado contra el llamado Combo Eléctrico, así como diversos plebiscitos cantonales y campañas comunitarias, expresan el rechazo de amplios sectores de la población hacia un modelo energético basado en la privatización de los recursos hídricos.
Comunidades de distintas regiones han denunciado que los proyectos hidroeléctricos alteran los caudales naturales de los ríos, reducen la disponibilidad de agua para otros usos, afectan ecosistemas acuáticos y modifican profundamente los paisajes rurales.
Entre los impactos más señalados se encuentran la construcción de caminos en zonas boscosas, la deforestación asociada a las obras, el desvío de quebradas, la afectación de nacientes y, en algunos casos, el desplazamiento de familias y propietarios.
Las organizaciones ambientalistas advierten que estos efectos adquieren una dimensión aún más grave cuando varios proyectos se concentran en una misma cuenca hidrográfica.
El problema de los impactos acumulativos
Uno de los cuestionamientos más importantes al actual sistema de evaluación ambiental es su incapacidad para analizar adecuadamente los efectos acumulativos y sinérgicos provocados por múltiples proyectos desarrollados simultáneamente en una misma región.
Las evaluaciones de impacto ambiental analizan generalmente cada proyecto de forma individual, sin considerar las consecuencias que puede generar la suma de numerosas represas sobre un mismo río o cuenca.
Esta situación es particularmente evidente en zonas como la cuenca del río San Carlos, donde existen numerosos proyectos hidroeléctricos en operación y otros tantos en fase de planificación.
Las organizaciones ambientalistas denuncian que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) carece de instrumentos jurídicos suficientes para rechazar proyectos únicamente por la acumulación de impactos negativos sobre los ecosistemas.
Como resultado, cada nueva represa es evaluada de manera aislada, aun cuando forme parte de un proceso más amplio de transformación de la cuenca.
El debilitamiento del ICE
Para diversos sectores sociales y sindicales, la crisis eléctrica actual también está relacionada con obstáculos impuestos al desarrollo de proyectos estratégicos del ICE.
Se señala que numerosos proyectos institucionales han enfrentado atrasos administrativos, dificultades para obtener permisos y restricciones que han limitado la capacidad de expansión de la generación pública.
Uno de los ejemplos más citados es el Proyecto Hidroeléctrico Pirrís, que pese a contar con financiamiento internacional en condiciones favorables ha experimentado retrasos significativos en su ejecución.
Según esta interpretación, la falta de inversión oportuna en infraestructura pública ha contribuido a generar condiciones favorables para justificar una mayor participación privada en el sector energético.
Una crisis política y no solamente técnica
Las organizaciones ecologistas consideran que los apagones no pueden entenderse únicamente como una consecuencia de factores climáticos o técnicos.
Detrás de la situación actual identifican una combinación de intereses económicos, decisiones políticas y presiones orientadas a fortalecer la generación privada de electricidad.
En momentos en que numerosos contratos de compra de energía están próximos a concluir y cuando continúan las discusiones sobre el futuro del modelo energético nacional, los apagones se convierten en un argumento utilizado para promover nuevas concesiones y mejores condiciones para los productores privados.
Desde esta perspectiva, la crisis eléctrica es presentada como una emergencia técnica cuando en realidad forma parte de una disputa más amplia sobre el control de los recursos energéticos del país.
Para los sectores críticos, el debate de fondo no se limita a cómo producir más electricidad. La discusión central gira alrededor de quién controla el sistema energético, quién se beneficia económicamente de él y cuál debe ser el papel del ICE como institución pública responsable de garantizar un servicio estratégico para toda la población.
En este contexto, las organizaciones sociales insisten en que la salida a la crisis no pasa por profundizar la privatización del sector eléctrico, sino por fortalecer la capacidad de planificación e inversión pública, proteger los recursos hídricos y garantizar que las decisiones energéticas respondan al interés colectivo y no a los intereses de grupos económicos particulares.
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