Por Mauricio Álvarez Mora.
En Costa Rica, la defensa del ambiente ha tenido un costo demasiado alto. A lo largo de los años, personas ecologistas, campesinas e indígenas han sido asesinadas, perseguidas y amenazadas sin que exista justicia pronta ni cumplida. La impunidad se ha convertido en una constante que hiere no solo a las familias de las víctimas, sino también a toda la sociedad.
El asesinato de Jairo Mora, ocurrido en la madrugada del 31 de mayo, marcó profundamente al movimiento ecologista del país. Jairo era un joven defensor de las tortugas en las costas de Limón, estudiante de biología y comprometido con la protección de la vida. Fue secuestrado y asesinado frente a Moín, en el Caribe costarricense. Su muerte provocó indignación, dolor y una profunda preocupación entre organizaciones y comunidades que defienden el ambiente.
Sin embargo, su caso no es aislado. Forma parte de una larga historia de violencia contra quienes alzan la voz en defensa de los territorios. La intolerancia, la criminalización, la persecución y la judicialización de la defensa ambiental no son nuevas en Costa Rica.
En 2012, el dirigente comunal y defensor de las tortugas en Ostional, Gilberth Rojas, fue amenazado con disparos. En 2011, fue asesinada la conservacionista canadiense Kimberly Blackwell. En 2010, el ambientalista Carlos León sufrió un atentado, y ese mismo año se reportaron amenazas anónimas contra Gadi Amit y el director de El País, Carlos Salazar, tras denuncias relacionadas con el agua. En 2009, se incendió la oficina del MINAE en el Área de Conservación Osa. En 2008, el ambientalista Álides Parajeles fue amenazado con armas y sufrió la destrucción de su finca. En 1999, un incendio afectó una sede policial donde se encontraban detenidos activistas ecologistas.
Los hechos más graves se remontan incluso más atrás. En 1995, el activista David Maradiaga fue encontrado muerto tras su lucha contra una empresa forestal en Osa. Meses antes, en diciembre de 1994, los ecologistas Oscar Fallas, María del Mar Cordero y Jaime Bustamante fueron brutalmente asesinados tras una campaña contra una empresa maderera. Estos crímenes siguen siendo una herida abierta en la historia del país.
A pesar de esta violencia sistemática, desde el poder político han surgido discursos que alimentan la estigmatización. Declaraciones que presentan a grupos ecologistas como radicales o intolerantes contribuyen a legitimar un clima de confrontación y riesgo para quienes defienden la naturaleza. Ante esto, el movimiento ecologista ha sido claro en su rechazo, exigiendo una disculpa pública por este tipo de afirmaciones y denunciando el peligro que representan.
Las demandas son concretas y urgentes, una investigación a fondo de los asesinatos y atentados contra personas defensoras del ambiente, una comisión que aborde de forma efectiva estos casos, el reconocimiento público de estas luchas mediante la declaratoria de duelo nacional, y la creación de un fuero especial de protección para quienes defienden la vida y los territorios.
Asimismo, se busca mantener viva la memoria colectiva, reconocer a quienes han sido mártires de la lucha ecológica y afirmar que su legado sigue presente en cada comunidad que resiste, en cada río defendido y en cada bosque protegido.
El contexto actual exige no solo memoria, sino acción. El cambio climático, la presión sobre los territorios y el avance de modelos extractivos aumentan los riesgos para quienes defienden el ambiente. Sin garantías reales de protección, la defensa de la naturaleza continúa siendo una actividad peligrosa.
Frente a la violencia, la respuesta ha sido también de dignidad y esperanza. Como se ha dicho desde las luchas, mataron salvajemente a un compañero, pero en honor a su lucha, brotarán muchos más. La memoria de Jairo Mora no es solo recuerdo, es semilla.
Hoy, más que nunca, se vuelve imprescindible levantar una consigna clara y colectiva, por Jairo Mora y por todas las personas defensoras del ambiente, nunca más impunidad.
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