Por Mauricio Alvarez Mora
Un nuevo asesinato enluta a todos los defensores del planeta. Desgraciadamente hay antecedentes, desde hace muchos años, de intolerancia, intimidación, amenazas y violencia. Un recuento de estos caso a continuación.
Llamado a la intolerancia.”Por eso es que yo necesito, que en muchos casos que vamos a enfrentar, personas como ustedes, nos ayuden a levantar la voz contra algunos grupos radicales, que no quieren proteger el medio ambiente”. Eso lo dijo la Presidenta Laura Chinchilla en San Carlos, ante la Cámara de Ganaderos, a raíz del establecimiento del área protegida en el humedal Maquenque en la Zona Norte…
En la grabación se escuchan aplausos y Chinchilla prosigue su discurso diciendo que, cuando firmó el Decreto de Interés Nacional para un mega-aeropuerto, “en (la Península de) Osa me encontré grupos radicales, que me dijeron no haga el aeropuerto, no más turismo… Esos no quieren desarrollo, y esos grupos los vamos a tener que enfrentar juntos”. Eso fue el 30 de octubre de 2010…
Meses después, una conservacionista canadiense, Kimberley Blackwell, apareció asesinada dentro de su casa en la zona montañosa de San Miguel de Cañaza, en Puerto Jiménez de Golfito.
Según las notas periodísticas, la Fuerza Pública descartó el robo como móvil del crimen y se inclinó por un ataque de algún cazador de los muchos a quienes Blackwell enfrentó.(La Nación, 02/02/2011).
Lamentablemente, hay demasiados ejemplos en la historia de personas que se han visto acalladas por amenazas o atentados, incluso asesinatos, por pensar distinto. Aunque la memoria histórica de Costa Rica no lo registre, en Costa Rica también hay ejemplos de ello.
¿Quiénes son los enemigos? Uno de esos habitantes preocupados por la firma del decreto que declara de interés público la construcción del aeropuerto de Osa es el ambientalista Carlos León, quien viene realizando denuncias ambientales en la zona.
León sufrió un ataque a su casa a finales de agosto de 2010, cuando desconocidos amarraron las puertas de su casa en Palmar Norte y le prendieron fuego.(Diario Extra, 31-8-2010).
Este caso está en investigación y se suma a una práctica muy común en Osa, la de ataques físicos y represión de la lucha ambientalista. Todavía se recuerda el arresto de ecologistas durante una marcha pacífica en el cruce de Chacarita, en el marco de una lucha por establecer una veda forestal en Osa. Ese mismo día fue incendiada la sede policial de Rancho Quemado de Osa (La Nación, 22-2-1999).
Otro incendio provocado destruyó la Asociación para el Desarrollo del Parque Marino Ballena. En esa zona ya habían tenido lugar cuatro ataques contra grupos ecologistas y funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
En 1995 se le prendió fuego a la casa de los guardaparques (La Nación, 15-1-2006). El año pasado fue incendiada la oficina del Minaet del Área de Conservación Osa, en Palmar Norte. Las oficinas dañadas contenían expedientes sobre investigaciones de talas en zonas protegidas. Además, vecinos de la zona recuerdan, en plena pelea por la defensa de la Fila Costeña, el incendio de expedientes dentro de la Municipalidad de Osa. El ambientalista Alcides Parajeles, quien ha denunciado sistemáticamente a madereros y autoridades en Península de Osa, fue amenazado con armas y sufrió la destrucción de su finca. Y así se podría continuar…
El hecho más trágico se da después de una larga campaña contra la instalación de un puerto astillero, cuando murieron en un incendio (cuyas causas no fueron esclarecidas satisfactoriamente por la investigación oficial) Oscar Fallas, Jaime Bustamante y María del Mar Cordero, dirigentes de la Asociación Ecologista Costarricense, el 7 de diciembre de 1994. Meses después se dio la muerte de David Maradiaga, tras una misteriosa desaparición de tres semanas.
Estos antecedentes no son los únicos; en nuestro ecológico país muchos “radicales” han sido amenazados, perseguidos, y hasta asesinados. Fueron asesinados el luchador indígena Antonio Zúñiga (1989) y Oscar Quirós, dirigente de la lucha en contra de la deforestación en Sarapiquí (1992). El activista de la Zona Sur Aquiles Rivera fue amenazado de muerte y su computadora fue sustraída de una oficina (2009). En la década pasada recibieron amenazas la escritora Ana Cristina Rossi, la periodista Patricia Sánchez, y el ingeniero forestal León González.
En abril de 1995 hubo incendios simultáneos en las viviendas del geólogo Wilfredo Rojas y de la trabajadora social Elizabeth González, que participaban de una lucha contra el relleno sanitario en Mora. Asimismo, el año pasado se le prendió fuego a la casa del dirigente comunal y defensor de las tortugas de Ostional Gilbert Rojas, luego haber sido amenazado semanas atrás con arma de fuego.
También pueden citarse las demandas por diversas causas relacionadas con la protección del ambiente, como al comunicador social de Zona Norte Marco Tulio Araya, en 2006, por parte de la minera Industrias infinito; al programa Era Verde de Canal 15; a la ecologista Marielena Fournier y al catedrático Freddy Pacheco; al líder comunal Abel Sánchez Solórzano, a la regidora del PAC Erlinda Quesada; al activista Carlos Arguedas… Hasta José Lino Chaves, Jorge Bonilla y Mario Leiva, jueces del Tribunal Ambiental Administrativo del Minaet, fueron amenazados de muerte por teléfono luego de haber cerrado proyectos turísticos irregulares en las zonas costeras (AFP, 20-5-2008).
La activista local Sonia Torres fue enjuiciada por la minería Posesiones Gran Galaxie S.A (1997), mientras la regidora Marta Blanco (2001) fue demandada por la empresa minera Ríos Minerales por difamación de personería jurídica, caso en el que fue primero condenada y luego absuelta en apelación.
Los profesores Dr.Nicolás Boeglin y Dr.Jorge Lobo están siendo demandados por la empresa minera Industrias Infinito. Se les acusa de difamación de personería jurídica, un delito por el cual la empresa exige una indemnización de más de 500 millones de colones. La lista de demandados incluye también a los diputados Claudio Monge y Manrique Oviedo, y al Lic. Edgardo Araya. El programa Kioscos Ambientales ha denunciado en diferentes oportunidades presiones empresariales (de piñeras, inmobiliarias, marinas, turísticas, helecheras), que van desde cuestionamientos hasta actos de violencia física. (Ver denuncias y antecedentes en Semanario Universidad, 19/05/2009.)
Recuento de casos del 2010. El año 2010 (26/12/2010) se presentó un informe llamado Sobre criminalización y persecución de defensores/as de DDHH, Caso Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este informe es producto del aporte de varias organizaciones indígenas, sociales, sindicales, ambientales y de derechos humanos. El ambientalista Jorge Ballestero sufrió una agresión por parte de un grupo de cinco matones en Puntarenas al intentar dar seguimiento a una denuncia sobre el secado de una gran cantidad de aletas de tiburón en un muelle sin nombre al costado este del Mercado Municipal (PRETOMA, 08/01/2011).
El famoso chef británico Gordon Ramsay fue agredido en Costa Rica mientras realizaba una grabación sobre el aleteo de tiburones que le dio la vuelta al mundo. Después de la grabación, Ramsay regresó al muelle, en donde lo rociaron con gasolina y le apuntaron con un arma de fuego (Teletica.com, 04/11/2011).El diario electrónico El País denunció que un grupo clandestino lanzara serias amenazas mediante un correo electrónico al ambientalista Gadi Amit y al director del diario Carlos Salazar, tras las denuncias de este medio sobre intentos de entregar recursos acuíferos de Sardinal a inversionistas de proyectos inmobiliarios (DPA, 06/09/2010).
El ambientalista y sindicalista Carlos Arguedas fue acusado por una piñera de difamación por haber asegurado que la compañía contamina el agua y sigue sembrando piña a 50 metros de la naciente. El juicio se ha suspendido en dos ocasiones (febrero y julio, 2010) y no fue convocado antes de la muerte de Carlos, el 31 diciembre del 2010. La demanda interpuesta buscaba 10 millones de colones como reparación por las declaraciones dadas por Arguedas en el Concejo Municipal de Siquirres en febrero del 2009. Ese día, un grupo de vecinos estaba solicitando concretar una moratoria a la siembra de piña en el cantón de Siquirres por la contaminación con agrotóxicos desde el 2007, contaminación que afecta a unas 6 mil personas hasta el día de hoy.
Para Carlos Arguedas, esta acción legal no era más que la intención de la empresa Hacienda Ojo de Agua de salir librada de un daño tan grave que ha hecho a la comunidad.
La Asociación Integral de Desarrollo Comunal de San Rafael de Alajuela denunció que la empresa Comercializadora de Concreto COMCOAS S.A. quiere intimidarlos para que no denuncien atropellos a la comunidad. Luego que fuera denunciada en diversos medios por atentar contra la salud de los vecinos, COMCOAS interpuso acusaciones penales contra varios dirigentes. Una de las querellas fue interpuesta en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José por el delito de difamación de persona jurídica contra Jorge Villalobos, Sergio Ávila y otras 4 personas más estarían demandadas entre pobladores y abogados de la comunidad. (El Pregón.org, 09/11/2010 y
Era Verde 2011).
En el caso del Hotel Riu en Guanacaste, frente a las denuncias permanentes hechas por personas de la comunidad, se han ejercido acciones de presión y persecución, tal y como es el caso del señor Edgar Cantón Pizarro presidente del Consejo Ecocivil de Carrillo, demandado por difamación, injurias y calumnias por parte del Alcalde de Carrillo; o el caso del despido, en diciembre pasado, del inspector municipal Carlos Martínez Álvarez.
Los indígenas Térrabas Paulino Nájera e Isabel River, en resistencia contra el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHD), están enfrentando procesos judiciales por los hechos ocurridos el pasado 12 de octubre del 2010 en una manifestación pacífica realizada en el territorio indígena Térraba. La causa se encuentra en el Juzgado Contravencional de Buenos Aires (Exp. 10-200754- 0634-PE) y se une al acoso al que estarían siendo sometidos por parte del ICE. Este acoso se debe a la decisión de los indígenas de expulsar al PHD del Territorio Térraba. Según los indígenas, la dirección del proyecto ha estado incitando la división y discriminación contra varios compañeros y compañeras indígenas, diciéndoles a sus empleados que ?por culpa de los indios se van a quedar sin trabajo (Comunicado de voceros del Territorio Indígena Térraba, 22/02/2011).
Comentarios de intolerancia y vinculación de los ambientalistas con el terrorismo que realizó el periodista Camilo Rodríguez Chaverri en un editorial de la Cámara Nacional de Radio contra el movimiento ambiental. (CANARA, 18/03/2011)
La lucha por una sociedad más justa y ecológica es una lucha por la vida. La forma más efectiva de vencer la criminalización y la persecución es actuando juntos por la vida.
Súmese para que podamos vencer la intolerancia, la agresión, y que nunca más haya ataques contra quienes defienden la vida.
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