Descanse en paz la naturaleza”, radiografía de una política ambiental en crisis

Por Mauricio Álvarez Mora. 

En distintos territorios del país se repite una misma
escena, comunidades enfrentando las consecuencias de un modelo de desarrollo que avanza sin límites sobre la naturaleza y sobre la vida misma. No se trata de hechos aislados, sino de una acumulación de conflictos que, juntos, dibujan una preocupante radiografía ambiental.

En las zonas dominadas por el monocultivo de piña, la contaminación por agroquímicos se ha vuelto parte del cotidiano, las fuentes de agua, los suelos y la salud de las comunidades cargan con los costos invisibilizados de un modelo agroexportador que prioriza la rentabilidad sobre la vida.

Al mismo tiempo, en Barva, cuna del agua del Valle Central, emergen iniciativas de desarrollo turístico que amenazan territorios estratégicos para la recarga hídrica, lo que debería ser protegido como patrimonio común es puesto en riesgo por proyectos que desconocen su importancia ecológica.

La situación no es distinta en la zona sur, la península de Osa, uno de los territorios más biodiversos del país, enfrenta una creciente presión por la expansión inmobiliaria, la lógica es clara, convertir la naturaleza en mercancía, fragmentando ecosistemas y desplazando dinámicas comunitarias.

En las costas de Guanacaste, los megaproyectos turísticos profundizan esta misma lógica de despojo, grandes complejos consumen enormes cantidades de agua para sostener piscinas y canchas de golf, mientras comunidades cercanas enfrentan escasez, el agua, en lugar de ser un bien común, se redistribuye según la capacidad de pago.

A esto se suman iniciativas que buscan apropiarse incluso de la vida misma, mediante marcos como UPOV o el Tratado de Budapest, que facilitan la privatización de semillas y conocimientos, paralelamente, prácticas como el aleteo de tiburones continúan bajo una preocupante permisividad institucional, evidenciando la debilidad en la protección de los ecosistemas marinos.

El caso de Crucitas sintetiza muchas de estas tensiones, se proyecta la devastación de cerros con nacientes de agua, la tala de miles de árboles y el uso intensivo de recursos hídricos, la experiencia previa en lugares como Miramar advierte sobre las consecuencias, territorios envenenados con cianuro y ecosistemas profundamente dañados, en proximidad a cuencas internacionales sensibles como la del río San Juan.

En este contexto, incluso los avances normativos son debilitados, la propuesta de Ley de Aguas, construida durante años por diversos sectores sociales, ha sido despojada de elementos fundamentales, la participación comunitaria en la toma de decisiones, la prohibición de privatización y el reconocimiento del agua como derecho humano.

Frente a este panorama, resulta inevitable cuestionar el rumbo de la política ambiental del país, existe una profunda contradicción entre el discurso oficial de sostenibilidad y las prácticas que, en la realidad, facilitan el deterioro ecológico.

Por eso, cada vez cobra más sentido una amarga ironía, tal vez hubo un error al nombrar la política ambiental, a la luz de los hechos, su verdadero nombre parece ser otro,

“Descanse en paz la naturaleza”. El cambio climático no es una amenaza futura, es una realidad presente, ya impacta las cosechas, reduce la biodiversidad y compromete el acceso al agua, las especies desaparecen a un ritmo alarmante, y con ellas, las condiciones que sostienen la vida.

Aun así, quienes toman decisiones continúan no solo permitiendo, sino promoviendo, este modelo de destrucción.

La pregunta ya no es si estamos a tiempo, sino si existe voluntad política para cambiar el rumbo.