Por Mauricio Álvarez Mora
La visita del presidente Luis Guillermo Solís al cantón de Osa motivó la organización de una marcha comunitaria que reúne a diversos sectores sociales de la región sur del país. La movilización surge como respuesta a la preocupación creciente por proyectos agroindustriales que amenazan ecosistemas estratégicos y bienes culturales de alto valor.
La protesta, convocada por organizaciones campesinas, ecologistas, estudiantiles, sindicales e indígenas, tiene como eje la defensa del humedal del delta del Diquís y del patrimonio arqueológico asociado a las esferas de piedra. Para las comunidades, estos territorios no solo poseen un valor ambiental excepcional, sino que también representan parte fundamental de la identidad cultural de la región.
En el centro del conflicto se encuentra un proyecto de expansión piñera que contempla la siembra de cientos de hectáreas en una zona altamente sensible. Aunque la iniciativa fue aprobada en 2016, actualmente enfrenta cuestionamientos legales y técnicos que han llevado a su suspensión temporal. Las críticas apuntan a posibles irregularidades en el proceso de evaluación ambiental realizado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.
El debate también ha escalado al ámbito político. El diputado Edgardo Araya Sibaja solicitó la apertura de una investigación ante la Fiscalía General, señalando que la viabilidad ambiental otorgada podría estar viciada por inconsistencias jurídicas o técnicas. Este elemento ha reforzado la percepción de las comunidades sobre la falta de transparencia en la toma de decisiones.
Más allá del caso puntual, la movilización refleja un conflicto más amplio sobre el modelo de desarrollo en la región. Las comunidades cuestionan la expansión de monocultivos en territorios ambientalmente frágiles y socialmente vulnerables, señalando sus impactos en el acceso al agua, la biodiversidad y las oportunidades locales. También advierten sobre la dependencia económica que generan estas actividades, basada en empleo precario y de corto plazo.
La marcha en Osa se plantea así como una acción de defensa territorial y de afirmación comunitaria frente a decisiones que consideran impuestas. Al mismo tiempo, evidencia una creciente articulación regional que busca incidir en las políticas públicas y frenar la expansión de proyectos que comprometen tanto el equilibrio ecológico como el futuro de las comunidades del sur del país.
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