Proyecto piñero en Osa enfrenta cuestionamientos legales, técnicos y sociales que ponen en duda su viabilidad

Por Mauricio Álvarez Mora

El proyecto de monocultivo intensivo de piña propuesto en el cantón de Osa se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos de conflicto socioambiental en Costa Rica, tras una serie de cuestionamientos que apuntan a posibles irregularidades en su aprobación y a riesgos significativos para ecosistemas estratégicos.

Diversos sectores sociales, incluyendo organizaciones ecologistas, comunidades locales, académicos y profesionales, han interpuesto un recurso de nulidad contra la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, señalando que el proceso estuvo marcado por omisiones técnicas, inconsistencias y un posible favorecimiento al desarrollador del proyecto.

La iniciativa contempla el establecimiento de aproximadamente 500 hectáreas de cultivo intensivo de piña, una actividad que implica el uso masivo de agroquímicos, entre ellos sustancias altamente tóxicas como el Paraquat, prohibido en numerosos países por sus efectos sobre la salud y el ambiente. Este elemento, por sí solo, ya genera preocupación en una zona caracterizada por su alta biodiversidad y fragilidad ecológica.

Uno de los aspectos más críticos señalados en el recurso es la clasificación ambiental del proyecto. Según la normativa vigente, iniciativas que se desarrollan en áreas con presencia de bosques, humedales o ecosistemas vulnerables deben someterse a estudios de impacto ambiental exhaustivos. Sin embargo, en este caso se utilizó el formulario D1 como mecanismo de evaluación inicial, sin que se exigiera un estudio más profundo, pese a que el área del proyecto se ubica dentro de una categoría de muy alta vulnerabilidad ambiental.

El riesgo hídrico es otro de los puntos centrales del conflicto. Bajo la finca donde se pretende desarrollar el proyecto se encuentra un acuífero cuya posible contaminación podría generar una “pluma” de dispersión que afectaría directamente el humedal Térraba-Sierpe, uno de los sistemas de manglar más importantes de Centroamérica. A pesar de que el propio estudio hidrogeológico del proyecto reconoce este riesgo, se denuncia que el informe no fue sometido a la revisión del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, entidad encargada de evaluar este tipo de impactos.

A estas preocupaciones se suma la ausencia de una inspección de campo por parte de la SETENA, un requisito establecido en la legislación ambiental para proyectos de esta magnitud. Según las denuncias, el trámite fue resuelto en un plazo menor a un mes, lo que contrasta con los tiempos habituales de evaluación para proyectos incluso de menor impacto. Esta celeridad ha sido interpretada por los sectores críticos como un indicio de irregularidad en el proceso.

En el plano cultural, el proyecto también genera alarma debido a su cercanía con sitios arqueológicos de alto valor. El delta del Diquís es reconocido internacionalmente por la presencia de esferas de piedra precolombinas, consideradas patrimonio de la humanidad. No obstante, el estudio presentado habría minimizado o ignorado esta riqueza, y la viabilidad ambiental fue otorgada sin que mediara una evaluación completa por parte del Museo Nacional de Costa Rica y la Comisión Arqueológica Nacional, como lo exige la normativa.

El componente social del proyecto también ha sido ampliamente cuestionado. El estudio socioeconómico presentado se basó en una muestra extremadamente reducida de la población, lo que impide reflejar de manera adecuada la percepción y preocupaciones de las comunidades locales. En un cantón con miles de habitantes, la consulta a un número muy limitado de personas pone en duda la legitimidad del proceso participativo.

El recurso de nulidad se sustenta en una revisión técnica detallada del expediente administrativo del proyecto, que consta de más de 500 folios, realizada por el especialista en gestión ambiental Allan Astorga Gättgens a solicitud de la Federación Conservacionista de Costa Rica. Este análisis documenta una serie de inconsistencias que, según los denunciantes, configuran un caso sólido para anular la viabilidad ambiental otorgada.

Además de solicitar la nulidad del permiso, los sectores involucrados exigen la apertura de investigaciones administrativas y penales contra funcionarios que podrían haber incumplido la ley al aprobar el proyecto. Argumentan que el formulario D1 constituye una declaración jurada, por lo que cualquier omisión o falsedad en la información presentada debería acarrear sanciones.

Este caso trasciende el proyecto específico y abre un debate más amplio sobre la eficacia y transparencia de los mecanismos de evaluación ambiental en Costa Rica. También pone en evidencia las tensiones entre el modelo de desarrollo basado en monocultivos de exportación y la necesidad de proteger ecosistemas estratégicos, garantizar derechos comunitarios y preservar el patrimonio natural y cultural del país.

En este contexto, el futuro del proyecto piñero en Osa no solo dependerá de las resoluciones administrativas y judiciales en curso, sino también de la capacidad de las comunidades y organizaciones para incidir en las decisiones que afectan sus territorios y sus formas de vida.