Por Mauricio Álvarez Mora.
En abril de 2017, el cantón de Pérez Zeledón marcó un hito en la política ambiental local de Costa Rica al convertirse en el primero en declarar sus espacios públicos libres de herbicidas. La decisión, tomada por el Concejo Municipal en medio de una sesión acompañada por activistas de diversos movimientos sociales, refleja un cambio significativo en la forma en que los gobiernos locales pueden responder a preocupaciones crecientes sobre salud, ambiente y modelos productivos.
La medida establece que parques, jardines, aceras, cementerios y otros espacios bajo administración municipal dejarán de utilizar sustancias como el glifosato, uno de los herbicidas más extendidos en el país. Esta decisión no surge en el vacío. Se apoya en una creciente evidencia científica que cuestiona la inocuidad de estos productos, incluyendo estudios de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, organismo vinculado a la Organización Mundial de la Salud, que ha clasificado el glifosato como una sustancia probablemente carcinogénica para humanos.
Más allá del debate científico, lo que está en juego es el derecho de las personas a habitar espacios seguros. La declaratoria busca garantizar que la población pueda disfrutar de los espacios públicos sin exposición a químicos potencialmente dañinos, una preocupación especialmente relevante en contextos urbanos donde el uso de herbicidas suele pasar desapercibido, pero tiene efectos acumulativos.
La iniciativa también plantea una visión más amplia. No se limita a la prohibición, sino que impulsa una transición hacia prácticas sostenibles, promoviendo la agroecología como alternativa. Desde organizaciones comunitarias y educativas se ha insistido en la necesidad de fomentar formas de producción orgánica que inicien desde los hogares, las escuelas y las fincas, y que permitan reducir la dependencia de insumos químicos en la agricultura.
El acuerdo municipal incluye, además, un llamado al Gobierno Central para desincentivar el uso de agroquímicos a nivel nacional. Este punto es clave, ya que evidencia que las transformaciones locales requieren coherencia con políticas públicas más amplias. En un país señalado por distintos estudios internacionales como uno de los mayores consumidores de plaguicidas por hectárea, este tipo de decisiones adquiere una dimensión estratégica.
El proceso en Pérez Zeledón no es un hecho aislado, sino parte de un movimiento más amplio impulsado por organizaciones ecologistas, redes comunitarias y sectores productivos que buscan replantear el modelo agrícola dominante. Agrupaciones como la Red de Coordinación en Biodiversidad, la FECON y diversas iniciativas locales han venido articulando esfuerzos para promover territorios libres de agrovenenos y fortalecer alternativas sostenibles.
La importancia de esta declaratoria radica también en su carácter ejemplar. Al asumir una posición clara frente al uso de herbicidas, Pérez Zeledón abre un precedente para otros cantones y demuestra que los gobiernos locales pueden desempeñar un papel activo en la protección de la salud pública y el ambiente.
En un contexto donde los impactos de los agroquímicos son cada vez más evidentes, este tipo de decisiones invitan a repensar las prácticas cotidianas y las políticas públicas. Más que una prohibición puntual, lo que emerge es una apuesta por transformar la relación con la tierra, la producción y la vida misma.
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