Por Mauricio Álvarez Mora.
El anuncio de un megaproyecto turístico como el Parque de Discovery en Guanacaste abre una serie de interrogantes urgentes sobre la disponibilidad y gestión del agua en una de las regiones más afectadas por la sequía en Costa Rica. Más allá del entusiasmo oficial, surgen preguntas fundamentales: ¿en qué estudios de capacidad hídrica se sustenta esta iniciativa?, ¿qué procesos de consulta social e institucional se han realizado?, ¿cómo se garantizará el acceso equitativo al agua frente a un proyecto de gran escala?, y ¿cuáles son los verdaderos costos y beneficios para las comunidades locales?
Estas dudas no son menores en un contexto donde las fuentes de agua ya presentan signos de sobreexplotación, distribución desigual y una priorización histórica hacia actividades económicas como el turismo, por encima de las necesidades de las comunidades. La experiencia reciente en conflictos como el de Sardinal demuestra que este tipo de decisiones pueden intensificar tensiones sociales, especialmente cuando se percibe que el recurso hídrico se destina a grandes inversiones mientras persisten carencias en sectores vulnerables.
Un ejemplo ilustrativo es la presión hídrica generada por eventos masivos como el Ironman en Playas del Coco y Papagayo, donde miles de personas llegan en plena época seca. Mientras hoteles mantienen acceso continuo al agua para piscinas y áreas verdes, comunidades cercanas enfrentan restricciones severas. Reportajes como el del programa Era Verde UCR evidencian incluso impactos en la salud y educación de niñas y niños por la falta de agua, lo que plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿de dónde saldrá el agua para nuevos megaproyectos y a costa de quién?
El crecimiento del megaturismo en Guanacaste ha sido sostenido y acelerado. En una franja de menos de 100 kilómetros entre Papagayo y Tamarindo se concentran alrededor de 100 hoteles de playa, muchos vinculados a cadenas internacionales (Crest, 2010). Este desarrollo ha estado acompañado de conflictos: entre 1995 y 2006 se registraron 65 conflictos por el agua en la provincia, de los cuales el 70% estaban relacionados con proyectos turísticos e inmobiliarios (Programa Estado de la Nación, 2008). Para 2007, el Tribunal Ambiental Administrativo ya tramitaba 40 expedientes, en su mayoría vinculados a este mismo sector.
Si el Parque de Discovery pretende abastecerse del río Liberia, es importante considerar que este presenta altos niveles de contaminación debido a la limitada cobertura del sistema de recolección de aguas residuales, que apenas alcanzaba el 25,9% (datos al 2002). Además, este río forma parte de la cuenca del río Tempisque, cuyo caudal se ha reducido significativamente por efectos combinados del cambio climático, la sequía y la sobreexplotación. Según la Dirección de Aguas del MINAE, varios ríos de la región están “sobreconcesionados”, es decir, se ha autorizado la extracción de agua por encima de su capacidad real, comprometiendo incluso su existencia (FECON, 25-5-16).
En este contexto, resulta preocupante que megaproyectos como el Parque de Discovery no aparezcan contemplados dentro de iniciativas estratégicas como el Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste Pacífico Norte (PIAAG), que agrupa más de 50 proyectos para enfrentar la crisis hídrica en la región. A mediados de 2016, este programa aún presentaba un déficit de financiamiento de 620 millones de dólares (La Voz de Guanacaste, 3-8-2016), lo que evidencia las limitaciones estructurales para garantizar el acceso al agua incluso sin la presión adicional de nuevos desarrollos turísticos.
Las condiciones climáticas de Guanacaste agravan aún más el panorama. Liberia, por ejemplo, presenta una de las precipitaciones más bajas del país. Eventos recientes asociados al fenómeno de El Niño han generado récords históricos de sequía: en julio de 2014 se registraron menos de 2 mm de lluvia, el nivel más bajo en 75 años, y en mayo de 2015 apenas cayó 1 mm en todo el mes (GobiernoCR, 3-8-2015). Estos datos reflejan una creciente vulnerabilidad climática que debería ser central en cualquier planificación territorial.
A nivel local, ya existen restricciones claras: en Bagaces se ha decretado una moratoria temporal a grandes desarrollos urbanísticos por falta de agua, mientras que en Tamarindo y Carrillo se han frenado proyectos e incluso se han planteado acciones legales contra el Estado por la escasez del recurso. En paralelo, numerosas comunidades llevan décadas esperando soluciones a sus necesidades básicas de abastecimiento, sin fechas claras ni presupuestos definidos.
Otro elemento crítico es la falta de información precisa sobre la disponibilidad real de agua en la región. Según el Estado de la Nación (Astorga-Espeleta, 2013), el número de aprovechamientos ilegales es incalculable, y el volumen de agua extraído sin control estatal sigue siendo desconocido. Solo en la zona costera de Santa Cruz se han identificado al menos 150 pozos ilegales (La Voz de Guanacaste, 8-5-2017). Sin un balance claro entre oferta y demanda, resulta imposible planificar de manera responsable.
Además, ya se han documentado impactos graves como la salinización de acuíferos costeros en zonas como El Coco, Huacas-Tamarindo y Brasilito-Potrero, producto de la sobreexplotación. A esto se suma una estructura de uso profundamente desigual: mientras apenas entre el 3% y el 5% del agua se destina al consumo humano, más del 60% se utiliza en agricultura, muchas veces con sistemas ineficientes que podrían ahorrar hasta un 80% del caudal si se modernizaran (FECON, 6-9-2016).
Proyectos como el embalse Las Piedras, concebidos para abastecer a la agroindustria y al turismo, refuerzan este modelo de priorización que ignora las necesidades de las comunidades y las advertencias del cambio climático. En lugar de resolver la crisis hídrica, estos megaproyectos tienden a profundizarla, generando nuevos conflictos socioambientales y ampliando las brechas de acceso.
En este escenario, el Parque de Discovery no puede analizarse de manera aislada. Representa más bien una expresión de un modelo de desarrollo que privilegia grandes inversiones sobre la sostenibilidad y la equidad. La pregunta de fondo no es solo si hay agua suficiente, sino para quién se está gestionando ese recurso y bajo qué criterios. Sin respuestas claras, el riesgo es continuar avanzando hacia un escenario de mayor conflictividad, injusticia hídrica y deterioro ambiental en Guanacaste.

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