Yasuní: entre la promesa de dejar el petróleo bajo tierra y la realidad del extractivismo

 

Por Mauricio Álvarez Mora*

El Yasuní se ha convertido en uno de los símbolos más potentes de la disputa global entre la vida y el extractivismo. Sin embargo, más allá de su reconocimiento internacional como una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta, lo que ocurre en su interior revela una realidad incómoda que muchas veces queda fuera del discurso oficial. La misión de verificación realizada en octubre de 2009 no solo buscó responder preguntas sobre la viabilidad de la iniciativa de dejar el crudo del ITT bajo tierra, sino que terminó evidenciando algo más profundo: la persistencia de un modelo petrolero que sigue operando con opacidad, fragmentando comunidades y deteriorando territorios.

Lo primero que salta a la vista es la contradicción estructural que atraviesa al Estado ecuatoriano. Por un lado, impulsa una propuesta innovadora como la iniciativa Yasuní ITT, que plantea la no explotación de una parte significativa de las reservas petroleras como contribución a la lucha contra el cambio climático. Por otro, permite y en algunos casos promueve la continuidad y expansión de operaciones petroleras dentro del mismo parque. Esta dualidad no es menor. Refleja la dificultad de romper con una lógica histórica en la que el petróleo no solo ha sido fuente de ingresos, sino también el eje de la organización territorial, institucional y económica del país.

El recorrido de la misión por distintos bloques petroleros dejó en evidencia que el problema no es únicamente ambiental, sino también político. En el bloque operado por Repsol, por ejemplo, se constató un nivel de control empresarial que resulta profundamente preocupante. El acceso a comunidades fue restringido, incluso en presencia de autoridades públicas, lo que plantea una pregunta inquietante sobre quién ejerce realmente la soberanía en estos territorios. Cuando una empresa puede impedir el ingreso de funcionarios estatales o limitar el contacto con poblaciones indígenas, no estamos frente a un simple problema de gestión, sino ante una forma de control territorial que desborda lo institucional.

A esto se suma la falta de transparencia. Los testimonios recogidos durante la misión, incluyendo denuncias de derrames no reportados y multas impagas, refuerzan la percepción de que las operaciones petroleras se desarrollan en un entorno de débil control institucional. En estas condiciones, cualquier discurso sobre responsabilidad ambiental pierde credibilidad.

Pero quizá lo más revelador es lo que ocurre en las comunidades. Lejos de las promesas de desarrollo, lo que emerge es un panorama de precariedad, dependencia y conflicto. Comunidades sin acceso a agua potable en una de las regiones más ricas en recursos hídricos del planeta, sistemas educativos desvinculados de las realidades culturales locales y economías tradicionales debilitadas por la contaminación y la transformación del territorio. La presencia petrolera no ha resuelto las necesidades básicas; en muchos casos, las ha agravado.

La lógica de intervención empresarial también ha generado divisiones internas. La entrega selectiva de compensaciones, los acuerdos diferenciados con comunidades y la cooptación de liderazgos han fragmentado el tejido social. Este tipo de prácticas no son nuevas, pero en el contexto del Yasuní adquieren una gravedad particular, dada la presencia de pueblos indígenas y, aún más, de pueblos en aislamiento voluntario, cuya supervivencia depende de la integridad del territorio.

En este escenario, la iniciativa Yasuní ITT aparece como una oportunidad, pero también como un riesgo. Su potencial transformador es indudable, ya que plantea dejar bajo tierra cerca de una cuarta parte de las reservas petroleras del país. Sin embargo, la misión evidenció que esta propuesta no ha sido suficientemente socializada a nivel local. Muchas de las comunidades directamente afectadas no conocen sus alcances ni participan en su discusión. Sin un proceso real de participación, cualquier iniciativa, por innovadora que sea, corre el riesgo de reproducir las mismas lógicas de exclusión que pretende superar.

Además, no se puede ignorar el contexto más amplio. La presión de proyectos de infraestructura como la IIRSA, el avance de la tala ilegal, la expansión del turismo intensivo y la débil presencia institucional configuran un escenario en el que el Yasuní está siendo intervenido desde múltiples frentes. La actividad petrolera, en este sentido, no es un fenómeno aislado, sino el eje articulador de un modelo que abre paso a otras formas de explotación.

Frente a esta realidad, la propuesta de realizar una auditoría ambiental y social integral no es un mero ejercicio técnico, sino una necesidad política urgente. Conocer con precisión los impactos acumulados, identificar responsabilidades y establecer medidas de reparación es el primer paso para cualquier intento serio de conservación. Pero más allá del diagnóstico, lo que está en juego es la posibilidad de imaginar un futuro distinto para el Yasuní.

La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿es posible proteger uno de los territorios más biodiversos del planeta mientras se mantiene intacto el modelo que lo amenaza? La experiencia recogida por la misión sugiere que no. No basta con declarar áreas protegidas ni con lanzar iniciativas emblemáticas si en la práctica se permite la continuidad de actividades que socavan esos mismos objetivos.

El Yasuní no necesita más discursos. Necesita decisiones coherentes. Y esas decisiones pasan, inevitablemente, por reconocer que la defensa de la vida, de los pueblos y de la naturaleza no puede seguir subordinada a la lógica del petróleo.

 

* Participantes en Misión. Ver informe completo de visita: Ecuador: Informe de la Misión de Verificación del Parque Nacional Yasuní – Observatorio Petrolero Sur