Deuda ecológica, criminalización y energía: una agenda desde el Sur frente al cambio climático

Por Mauricio Álvarez Mora. 

En octubre de 2009, a pocas semanas de la Conferencia de las Partes sobre cambio climático en Copenhague, diversas redes y movimientos sociales de Asia, África y América Latina se reunieron en Quito con el objetivo de articular una posición común frente a una crisis que ya se perfilaba como uno de los principales ejes de la agenda global. En un contexto internacional dominado por propuestas centradas en el mercado y en compromisos estatales limitados, este encuentro planteó la necesidad de desplazar el foco hacia las causas estructurales del cambio climático y hacia las voces de los pueblos del Sur, históricamente afectados por un modelo de desarrollo basado en la explotación intensiva de la naturaleza.

La asamblea partió de una lectura crítica que vincula directamente la crisis climática con la expansión de proyectos energéticos, en particular aquellos asociados a los combustibles fósiles, así como con la deforestación y otras formas de despojo territorial. A ello se suman los mecanismos que sostienen este modelo, como la deuda externa y los tratados de libre comercio, que han profundizado las asimetrías entre el Norte y el Sur. En este marco, la Declaración de Quito afirma con contundencia que “el capitalismo no hubiese podido existir sin el saqueo y explotación de nuestra tierra, particularmente combustibles fósiles: carbón, petróleo o gas”, estableciendo así una relación histórica entre acumulación económica y destrucción ambiental.

Uno de los aportes centrales de este espacio fue evidenciar el papel que han asumido los Estados en la reproducción de este modelo. Lejos de constituirse en contrapesos frente al poder corporativo, muchos gobiernos han pasado a desempeñar funciones activas en la planificación y gestión de economías extractivas. Como señala el documento, “los Estados nacionales […] asumen un creciente papel de planificadores y gerentes del modelo, con similares características de extracción y explotación de nuestra tierra”, lo que implica una continuidad, e incluso una profundización, de las lógicas que históricamente han beneficiado a las transnacionales.

En este escenario, incluso las políticas presentadas como soluciones al cambio climático son objeto de cuestionamiento. Mecanismos como el mercado de carbono, los programas de compensación o las iniciativas de adaptación son vistos como nuevas formas de trasladar los costos de la crisis a las comunidades del Sur. Según la declaración, estas estrategias “significan un traslado de la crisis climática sobre los hombros de las comunidades en el Sur”, al tiempo que generan nuevas formas de endeudamiento y refuerzan la llamada deuda ecológica acumulada.

La expansión de proyectos energéticos no solo tiene implicaciones ambientales, sino también profundas consecuencias sociales y políticas. La declaración advierte sobre el aumento de la criminalización de la protesta y la militarización de los territorios, señalando que “cualquier crítica, oposición o reclamo es censurado y estigmatizado” y que “se está enjuiciando a los pueblos, y reprimiendo las formas de vivir que ofrecen alternativas reales a este sistema”. En este contexto, la defensa de los territorios y de formas de vida distintas al modelo dominante es percibida como una amenaza, lo que lleva a una creciente represión. No es casual, entonces, que el documento afirme que “están criminalizando el buen vivir”.

Frente a este panorama, las organizaciones reunidas en Quito no se limitaron a la denuncia, sino que plantearon propuestas concretas orientadas a una transformación profunda. Entre ellas destaca la necesidad de dejar los hidrocarburos en el subsuelo, detener la expansión de agrocombustibles y grandes proyectos energéticos, así como reconocer y exigir la reparación de la deuda ecológica y climática. Estas demandas se inscriben en una visión más amplia que reivindica el buen vivir y el buen convivir como horizontes alternativos, basados en la armonía con la naturaleza y en el respeto a los derechos de los pueblos.

En este sentido, la declaración subraya que “la resistencia de los pueblos en el Sur son un aporte a la humanidad”, no solo por su capacidad de frenar proyectos destructivos, sino también por ofrecer caminos posibles frente a la crisis civilizatoria actual. La defensa del agua, de la salud y de los territorios aparece así como una forma concreta de enfrentar el cambio climático desde abajo, cuestionando las bases mismas del modelo dominante.

Más allá del contexto específico de la cumbre de Copenhague, las reflexiones surgidas en Quito mantienen plena vigencia. La persistencia de un modelo extractivo, el fortalecimiento de mecanismos de mercado y la continuidad de prácticas de represión contra comunidades en resistencia evidencian que los cambios necesarios siguen pendientes. En este escenario, la construcción de alternativas desde los pueblos y la articulación de redes a escala global se vuelven fundamentales para disputar el rumbo del desarrollo.

El cierre de la declaración condensa el espíritu de este proceso colectivo y su apuesta política: “¿Quién dijo que todo está perdido…? El mejor aliado del pueblo es el propio pueblo. ¡Hay que ponerle corazón a todas las luchas!”. Más que una consigna, se trata de una afirmación que interpela directamente a la acción y a la posibilidad de construir, desde abajo, respuestas reales frente a la crisis climática y social que atraviesa el planeta.