Por Mauricio Álvarez Mora.
Con la participación de organizaciones comunales, sectores productivos y actores sociales del cantón, la Municipalidad de Sarapiquí aprobó el pasado lunes 24 de julio un acuerdo para declararse territorio libre de aplicación de herbicidas agrotóxicos en áreas públicas. La medida se suma a un creciente movimiento nacional que busca eliminar el uso de estas sustancias en calles, parques, aceras y otros espacios bajo administración municipal.
El acuerdo municipal busca sustituir la práctica tradicional de control químico de malezas por métodos manuales. Esta transición no solo pretende reducir los impactos ambientales, sino también proteger la salud de trabajadores municipales y de la población en general, evitando intoxicaciones asociadas al uso de estos productos.
Las cifras evidencian la magnitud del problema. De acuerdo con el IRET-UNA, en 2015 el país importó aproximadamente 4116 toneladas de ingrediente activo de herbicidas. De este total, el glifosato representó 1340 toneladas, siendo el compuesto más utilizado. Para dimensionar su alcance, con mil toneladas de glifosato se pueden producir más de tres millones de litros de formulaciones comerciales, suficientes para fumigar cerca de 1,25 millones de hectáreas en un año.
Sarapiquí se suma así a otros cantones que han tomado decisiones similares en los últimos meses. Entre ellos destacan Desamparados (FECON, 5-7-2017), Aserrí (FECON, 3-7-2017), Pérez Zeledón (FECON, 7-4-2017) y Belén (FECON, 30-6-2017). Asimismo, los cantones de Tibás, Santo Domingo y Montes de Oca han adoptado acuerdos específicos para prohibir el uso del herbicida glifosato, al igual que la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Este proceso es acompañado por diversas organizaciones ecologistas, entre ellas la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL), la Red de Coordinación en Biodiversidad, la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON) y el Bloque Verde. A nivel territorial, el movimiento se nutre de la participación de comunidades campesinas, sindicatos, agrupaciones indígenas, colectivos de mujeres, estudiantes y profesionales que impulsan la construcción de espacios públicos libres de agrovenenos.
La declaratoria de Sarapiquí no solo representa una medida concreta de gestión ambiental local, sino también un paso más en la transformación de las políticas públicas hacia modelos más sostenibles, donde la salud, el ambiente y el bienestar colectivo ocupen un lugar central.

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