Proyecto Reventazón bajo investigación internacional por posibles daños y riesgos socioambientales

Por Mauricio Álvarez Mora.

El Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, una de las obras de infraestructura energética más grandes desarrolladas en Costa Rica en las últimas décadas, se encuentra bajo investigación por parte de organismos financieros internacionales, tras una serie de denuncias que apuntan a posibles daños ambientales y riesgos socioambientales asociados a su ejecución.

La revisión es encabezada por el Banco Interamericano de Desarrollo, con la participación del Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones, entidades vinculadas al financiamiento del proyecto. Estas instituciones han activado sus respectivos mecanismos independientes de rendición de cuentas, enviando una delegación al país para analizar si se han incumplido sus políticas operativas en materia ambiental y social.

El proceso se enmarca en la denuncia identificada como MICI-BID-CR-2016-0110, que actualmente se encuentra en fase de determinación de elegibilidad. Esta etapa busca comprender el contexto, la información técnica disponible y la coyuntura local del proyecto, con el fin de definir si procede una investigación más profunda.

Un estudio técnico independiente en el centro de la controversia

Uno de los principales fundamentos de la denuncia es un estudio técnico independiente titulado “Dictamen técnico de peritaje sobre el riesgo de deslizamiento del Humedal Láncaster como producto de la construcción del PH Reventazón”. Este peritaje fue elaborado por el geólogo y doctor en ciencias naturales Allan Astorga Gättgens, con la colaboración del especialista en sistemas de información geográfica Andreas Mende.

El informe fue desarrollado bajo fe de juramento, en el marco de la cláusula de responsabilidad ambiental establecida en la normativa de Evaluación de Impacto Ambiental. Su propósito fue aportar un criterio técnico independiente, riguroso y objetivo sobre la existencia de daño ambiental y los riesgos potenciales que enfrenta el área intervenida, particularmente el humedal Láncaster y su entorno inmediato.

Para su elaboración, el equipo técnico realizó una revisión sistemática de los documentos y argumentos disponibles en el expediente ambiental del proyecto, complementada con un análisis de fotointerpretación histórica del territorio, que permitió evaluar la evolución del área desde 1945 hasta 2016. A esto se sumó una valoración hidrogeológica del sitio, visitas de campo para inspección geológica y ambiental, y el procesamiento integral de la información mediante sistemas de información geográfica, lo que permitió construir una visión detallada de las condiciones del terreno y su comportamiento.

Alta fragilidad y decisiones cuestionadas

Las conclusiones del estudio son particularmente críticas. El informe señala que el sitio Láncaster presenta una condición de muy alta fragilidad tanto desde el punto de vista geológico como ambiental, lo que lo hacía inadecuado para actividades de explotación minera, como las que se desarrollaron en el contexto del proyecto hidroeléctrico.

Según el peritaje, la intervención en este sitio intensificó procesos de inestabilidad de ladera que ya existían previamente, generando un daño ambiental atribuible a la acción humana. Esta situación no solo afecta la integridad del terreno, sino que también pone en riesgo los ecosistemas asociados, incluyendo el humedal de la laguna Láncaster, un espacio de alta sensibilidad ecológica.

El estudio subraya que el daño ambiental identificado no es puntual ni limitado a una zona específica, sino que tiene un alcance mayor, con implicaciones que podrían extenderse a toda la dinámica del sistema hídrico y geológico del área.

Escenarios de riesgo y posibles impactos

Uno de los aspectos más preocupantes señalados en el informe es la posibilidad de que la inestabilización de la ladera derive en eventos de gran magnitud. El análisis plantea tres escenarios críticos, considerados probables, en los que podría producirse un deslizamiento de entre 9 y 20 millones de metros cúbicos de material.

Un evento de esta naturaleza tendría consecuencias severas. Por un lado, implicaría la destrucción total del humedal y su entorno ecológico. Por otro, podría generar el represamiento del río, alterando significativamente su curso y provocando impactos tanto aguas arriba como aguas abajo, con posibles afectaciones a comunidades, infraestructura y ecosistemas.

Este tipo de escenarios evidencia que los riesgos asociados al proyecto no solo se limitan a impactos ambientales inmediatos, sino que también incluyen amenazas de carácter acumulativo y potencialmente catastrófico.

Vacíos en la evaluación ambiental

Otro elemento clave señalado por el estudio es que el sitio de préstamo denominado Láncaster no formaba parte del diseño original del proyecto presentado por el Instituto Costarricense de Electricidad ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.

Esto abre interrogantes relevantes sobre los procesos de toma de decisiones que llevaron a su utilización, así como sobre los criterios técnicos y ambientales considerados para su selección. La ausencia de este sitio en el Estudio de Impacto Ambiental original sugiere que su incorporación se dio en una etapa posterior, lo que plantea dudas sobre si fue sometido a los mismos niveles de evaluación y control que el resto del proyecto.

Este aspecto resulta especialmente sensible en el contexto de las políticas de los organismos financieros internacionales, que exigen el cumplimiento riguroso de estándares ambientales y sociales en todas las fases de los proyectos que financian.

Recomendaciones y posibles acciones legales

A partir de sus hallazgos, el informe recomienda que el dictamen técnico sea utilizado como base para la presentación de acciones legales ante las autoridades competentes, en relación con el potencial daño ambiental identificado tanto en el humedal como en propiedades privadas aledañas.

Asimismo, sugiere la elaboración e implementación de un plan de estabilización de la ladera afectada, que incluya medidas específicas para corregir los procesos de erosión fluvial y reducir el riesgo de deslizamientos. Este tipo de intervención sería clave para mitigar los impactos actuales y prevenir escenarios de mayor gravedad en el futuro.

Un caso que reabre el debate sobre grandes proyectos

Mientras avanza la investigación por parte de los organismos internacionales, el caso del Proyecto Reventazón vuelve a colocar en el centro del debate la gestión de los grandes proyectos de infraestructura en el país. La situación evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de evaluación ambiental, garantizar procesos transparentes y asegurar la rendición de cuentas, especialmente cuando se trata de intervenciones en territorios de alta fragilidad ecológica.

Más allá de este caso específico, las denuncias y los hallazgos técnicos plantean preguntas de fondo sobre la forma en que se planifican, ejecutan y supervisan este tipo de iniciativas, así como sobre el equilibrio entre el desarrollo energético y la protección de los ecosistemas y las comunidades.

La investigación en curso determinará si hubo incumplimientos a los estándares internacionales. Sin embargo, desde ya, el caso deja una señal clara: los riesgos socioambientales no pueden ser considerados como externalidades menores en proyectos de esta magnitud, sino como elementos centrales que deben ser abordados con rigor técnico, responsabilidad institucional y participación pública efectiva.