Comunidades se movilizan por los ríos y el derecho al agua en Costa Rica

Por Mauricio Álvarez Mora.

La defensa del agua vuelve a tomar las calles. Este miércoles 19 de octubre, organizaciones comunales de Puntarenas, articuladas en la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, convocan a una manifestación que partirá desde la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), en Barrio Escalante, hacia el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), específicamente al Viceministerio de Aguas y Mares. Más que una protesta puntual, la movilización refleja un acumulado de conflictos y tensiones en torno a la gestión del agua en el país.

Durante los últimos años, diversas comunidades rurales han denunciado decisiones institucionales que, a su juicio, priorizan intereses privados sobre el acceso equitativo al agua. La entrega de concesiones para el aprovechamiento de ríos, en algunos casos de hasta el 90% de su caudal, ha generado preocupación por los impactos ambientales y sociales que esto implica. Para las organizaciones, este tipo de políticas no solo pone en riesgo los ecosistemas fluviales, sino que compromete el derecho de las comunidades a disponer de agua suficiente y de calidad.

La movilización también cuestiona la forma en que se han tramitado muchos de estos proyectos. Entre las críticas más reiteradas se encuentra la ausencia de estudios de impacto ambiental rigurosos, así como la flexibilidad institucional que, según denuncian, ha permitido ampliar plazos y facilitar la aprobación de iniciativas con múltiples irregularidades. En este contexto, las comunidades hablan de una institucionalidad que no solo es débil en el control, sino que en ocasiones actúa en favor de quienes buscan lucrar con un bien común.

El caso de Puntarenas concentra varias de estas tensiones. La Alianza ha exigido la anulación de concesiones de riego en ríos como Veracruz, Acapulco y Aranjuecito, argumentando que afectan directamente a las poblaciones locales. En particular, el río Veracruz ha sido declarado por las comunidades como una reserva hídrica que debería destinarse prioritariamente al abastecimiento de agua potable, en una región donde muchas familias enfrentan dificultades históricas para acceder al recurso.

A esto se suma la oposición a proyectos de riego como Guacimal-Sardinal, Santa Rosa y San Rafael-Sardinal, señalados por las organizaciones como ejemplos de iniciativas aprobadas bajo condiciones ambientalmente cuestionables. Estos conflictos no son aislados, sino que forman parte de un patrón más amplio de disputas por el agua en distintas regiones del país.

La protesta del 19 de octubre busca, además, visibilizar el impacto concreto que estas decisiones han tenido en las comunidades. No se trata únicamente de cifras o expedientes administrativos, sino de realidades cotidianas marcadas por la escasez, la incertidumbre y la sensación de desprotección frente a instituciones que deberían garantizar el bienestar colectivo.

En el fondo, lo que está en juego es el modelo de gestión del agua en Costa Rica. Para las organizaciones convocantes, el país enfrenta una disyuntiva clara: continuar profundizando un esquema que permite la apropiación privada de los ríos o avanzar hacia una gestión que reconozca el agua como un derecho humano y un bien común.

La marcha no solo pretende denunciar, sino también reafirmar una visión distinta. Una en la que los ríos no sean reducidos a recursos explotables, sino entendidos como sistemas vivos, esenciales para la vida de las comunidades y los ecosistemas. En ese sentido, la movilización se inscribe en una lucha más amplia por la defensa del ambiente, la justicia social y la participación efectiva de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios.

Así, la calle se convierte nuevamente en espacio de encuentro y resistencia, donde las comunidades buscan hacerse visibles frente a un debate que, aunque técnico en apariencia, define aspectos fundamentales del presente y futuro del país.