Por Mauricio Álvarez Mora.
La defensa del río San Rafael, en Pérez Zeledón, continúa trasladándose a los espacios institucionales. Este miércoles 7 de setiembre, un grupo de más de 50 vecinos y vecinas de San Pedro y comunidades cercanas viajará hasta la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) para participar en una audiencia privada solicitada por la Comisión Pro Rescate del Río San Rafael, organización vinculada al Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica.
El objetivo de la visita es claro: demostrar que el Proyecto Hidroeléctrico San Rafael no cuenta con viabilidad social. Según las comunidades, la oposición al proyecto es abrumadora, superando el 95% de rechazo entre la población local. Para quienes habitan la zona, el río no es solo un recurso natural, sino un elemento central para la vida cotidiana, la economía y la identidad del territorio.
Uno de los principales cuestionamientos se centra en la concesión de agua solicitada por la empresa desarrolladora, que pretende utilizar hasta el 95% del caudal del río. Esta situación, advierten los vecinos, pondría en riesgo actividades agrícolas, emprendimientos turísticos y el acceso al agua para consumo humano. “El río es vital para la vida y la prosperidad de los pueblos”, expresó Ana Borbón, vecina de San Pedro, sintetizando una preocupación compartida por amplios sectores de la comunidad.
A las implicaciones socioeconómicas se suman serias dudas sobre la seguridad del proyecto. La hidroeléctrica se ubicaría en una zona geológicamente inestable, específicamente en el área del deslizamiento de Zapotal, catalogada como de alto riesgo por la Comisión Nacional de Emergencias. Esta condición ha sido reconocida también en el Plan Regulador de la Municipalidad de Pérez Zeledón, que prohíbe la emisión de permisos de construcción en ese sector. Sin embargo, pese a estas restricciones, se han otorgado autorizaciones para avanzar con el proyecto, lo que ha incrementado la desconfianza y el malestar en las comunidades.
Frente a este panorama, la organización comunitaria ha sido clave. La conformación de la Comisión Pro Rescate del Río San Rafael ha permitido articular esfuerzos, canalizar denuncias y sostener una resistencia que combina acciones legales, movilización social y presión institucional. Entre estas acciones destacan caminatas pacíficas y gestiones ante la municipalidad para mantener la prohibición de proyectos hidroeléctricos en la zona del deslizamiento de Zapotal y a lo largo del río.
La audiencia en SETENA representa un nuevo capítulo en este proceso. Las comunidades esperan no solo ser escuchadas, sino también incidir en la decisión final sobre la viabilidad ambiental del proyecto. En ese sentido, han solicitado que se realice una audiencia pública en el propio territorio, de manera que las autoridades puedan constatar directamente el nivel de oposición existente.
El caso del río San Rafael refleja una tensión cada vez más frecuente en el país: la disputa entre modelos de desarrollo que priorizan el aprovechamiento intensivo de los recursos naturales y visiones comunitarias que defienden su protección como base para la vida y el bienestar local. Para las comunidades de San Pedro, la decisión sobre este proyecto no es técnica ni aislada, sino profundamente política, en tanto definirá el futuro del río y de quienes dependen de él.
Así, la llegada de estas comunidades a SETENA no solo busca frenar una hidroeléctrica, sino también reafirmar un principio: que las decisiones sobre los territorios deben considerar la voz de quienes los habitan y cuidan.

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