Por Mauricio Álvarez Mora.
El próximo 9 de julio se celebrará en Siquirres un juicio que trasciende la figura individual de un dirigente comunal. En el banquillo no solo estará Carlos Arguedas Mora, presidente de la Asociación Ambientalista de Siquirres, sino también, simbólicamente, las comunidades de El Cairo, Luisiana y La Francia, que por más de una década han denunciado la contaminación de sus fuentes de agua.
La demanda fue interpuesta por la empresa Hacienda Ojo de Agua, luego de que Arguedas afirmara, en una sesión del Concejo Municipal de Siquirres, que dicha finca “contamina el agua y continúa sembrando piña a escasos 50 metros de una naciente”. Esta declaración, realizada junto a vecinos de la comunidad, es ahora el centro de un proceso judicial que podría obligarlo a pagar 10 millones de colones.
Sin embargo, para Arguedas el fondo del conflicto es otro. Asegura que no es posible conciliar con una empresa señalada como presunta responsable de la contaminación de las aguas que abastecen a miles de personas, quienes continúan consumiéndolas a pesar de los problemas de salud asociados y la incertidumbre sobre sus efectos a largo plazo.
“Este no es un juicio contra Carlos Arguedas”, sostiene. “Es un juicio contra las comunidades que han venido sufriendo durante años los impactos de la contaminación”.
Diversos estudios e informes respaldan las denuncias comunitarias. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental ha señalado que la Hacienda Ojo de Agua inició la siembra de piña sin contar con estudios de impacto ambiental. Investigaciones realizadas por especialistas de la Universidad Nacional concluyen que la plantación se ubica sobre una zona de alta recarga acuífera, lo que facilita la infiltración de agroquímicos hacia las fuentes de agua destinadas al consumo humano.
El Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas documentó desde 2003 la presencia de bromacil en aguas superficiales cercanas a áreas piñeras, lo que llevó a las autoridades a iniciar monitoreos en la zona. Por su parte, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados había advertido desde la década de 1990 sobre el riesgo de contaminación de las fuentes que abastecen a comunidades como Milano y El Cairo, sin que se tomaran medidas efectivas.
Incluso, en el ámbito legislativo, la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa reconoció la existencia de afectaciones directas en las zonas de recarga de estas fuentes, así como la modificación de cauces y la falta de protección de nacientes. Estas condiciones podrían constituir violaciones a diversas normativas ambientales y penales.
En 2009, la Sala Constitucional ordenó a las instituciones del Estado y a la empresa responsable detener de inmediato la contaminación y ejecutar acciones de saneamiento del agua que abastece a estas comunidades. La resolución también contemplaba la posibilidad de restringir o incluso suspender las actividades de la empresa si incumplía las disposiciones.
A pesar de estas evidencias, la situación persiste. El propio Ministerio de Salud ha señalado que el Estado destina millones de colones mensuales para abastecer de agua potable mediante cisternas a las comunidades afectadas.
En este contexto, el juicio adquiere una dimensión que va más allá de lo legal. Para las comunidades, representa una oportunidad para visibilizar un conflicto histórico y cuestionar por qué, a pesar de la abundante evidencia técnica e institucional, son los denunciantes y no las empresas quienes enfrentan procesos judiciales.
La audiencia está programada para las 8:30 de la mañana en la sala de juicios de Siquirres. Organizaciones comunitarias han hecho un llamado a la población a asistir y manifestar su solidaridad.
La pregunta que queda en el aire es contundente: si todos los informes coinciden en señalar la contaminación, ¿por qué es un líder comunitario quien debe responder ante la justicia y no quienes han sido señalados como responsables?
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