Comunidades del Pacuare acuden a la Sala Constitucional en defensa del río

Por Mauricio Álvarez Mora.

En el marco del Día Mundial del Ambiente, comunidades de la cuenca del río Pacuare anunciaron la presentación de un recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Electricidad ante la Sala Constitucional, como parte de una lucha que, según señalan, lleva más de una década en defensa del territorio y contra la construcción de represas hidroeléctricas.

La acción legal responde, de acuerdo con los denunciantes, a la negativa reiterada del ICE de brindar información oficial sobre los proyectos que pretende desarrollar en la zona. Para las comunidades, esta omisión no es un hecho aislado, sino parte de un patrón institucional que vulnera derechos fundamentales como el acceso a la información y la participación ciudadana.

La movilización se inscribe en una larga historia de resistencia. El 28 de agosto de 2005, un total de 8.156 personas del cantón de Turrialba participaron en un plebiscito en el que la mayoría votó en contra de la construcción de represas en el río Pacuare. Este resultado marcó un precedente en la defensa comunitaria del río y fortaleció la organización local frente a los proyectos hidroeléctricos.

A lo largo del proceso, las comunidades han denunciado irregularidades que incluso derivaron en decisiones institucionales. El 7 de marzo de 2005, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental archivó el expediente del Proyecto Hidroeléctrico Pacuare por vicios de nulidad absoluta. Entre las principales deficiencias señaladas se encuentra la falta de consulta adecuada a las comunidades locales, incluyendo pueblos indígenas, en aparente contravención del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Representantes indígenas cabécares de comunidades como Nimarí Ñac y Valle Escondido denunciaron que funcionarios del ICE ingresaron años atrás sin permisos ni procesos de consulta, ofreciendo incentivos materiales a cambio de apoyo para el proyecto. Según indicaron, estas prácticas generaron división y desconfianza, y constituyen una forma de manipulación que atenta contra la autonomía de los pueblos.

El recurso de amparo, presentado por líderes comunitarios como Osvaldo Durán Castro y Pastora García Zapata, argumenta que la institución ha incurrido en una conducta reiterada de ocultamiento de información. Como antecedente, se cita un fallo previo de la Sala Constitucional que dio la razón a comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Pirrís en 2002, en un caso similar relacionado con el acceso a la información.

Las comunidades solicitan a la Sala que declare con lugar el recurso y ordene al ICE entregar la información requerida en tiempo y forma, conforme a las garantías constitucionales. Para los actores locales, este proceso judicial representa no solo una demanda específica, sino una defensa más amplia del derecho a decidir sobre sus territorios y a participar de manera informada en decisiones que afectan sus vidas.

Asimismo, cuestionan la postura institucional reflejada en declaraciones de autoridades del ICE, en las que se plantea la necesidad de avanzar con proyectos hidroeléctricos incluso frente a la oposición comunitaria, mediante estrategias orientadas a convencer a la población.

La presentación del recurso en una fecha simbólica como el Día Mundial del Ambiente refuerza el carácter político y ambiental de la acción. Para las comunidades del Pacuare, la defensa del río no es solo una causa local, sino parte de una lucha más amplia por la protección de los bienes naturales y el respeto a los derechos colectivos.