Pueblos caribeños en resistencia: autonomía y rechazo a los proyectos petroleros en Honduras

Por Mauricio Álvarez Mora. 

Entre el 15 y el 18 de marzo de 2007, representantes de comunidades lencas y garífunas de la costa caribeña de Honduras se reunieron para analizar los desafíos que enfrentan sus territorios en un contexto marcado por la expansión de megaproyectos y políticas económicas impulsadas desde fuera de sus comunidades. Este encuentro dio lugar a la Declaración de Durugubuti, un posicionamiento político que articula una crítica profunda al modelo de desarrollo dominante en la región.

Las organizaciones participantes expresaron su rechazo al Plan Puebla Panamá, al que señalan como una estrategia de integración que favorece intereses transnacionales mediante la expansión de infraestructura energética, redes de transporte y enclaves productivos. Desde su perspectiva, este tipo de iniciativas responde a una lógica de neocolonialismo que amenaza tanto los ecosistemas como las formas de organización social y cultural de los pueblos originarios.

Asimismo, denunciaron la imposición de políticas y proyectos promovidos por organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuyas intervenciones, según sostienen,  priorizan el crecimiento económico basado en la explotación de recursos por encima del equilibrio con la naturaleza. En este sentido, también cuestionaron la firma de tratados de libre comercio que consideran asimétricos y ajenos a los intereses de las poblaciones locales.

Uno de los ejes centrales del pronunciamiento es la defensa del territorio y la autonomía de los pueblos garífunas y lencas. Las comunidades advierten sobre el avance de megaproyectos turísticos, concesiones petroleras y marcos legales en materia minera y forestal que facilitan la apropiación de sus tierras. A esto se suma la preocupación por la introducción de cultivos transgénicos, especialmente de maíz, que pone en riesgo tanto la biodiversidad como las prácticas agrícolas tradicionales.

La Declaración de Durugubuti también vincula estas problemáticas con una crisis estructural en el ámbito alimentario, señalando que el modelo agrícola orientado a la exportación ha debilitado la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra. En paralelo, denuncian la apropiación de la biodiversidad por parte de empresas transnacionales, incluyendo no solo recursos naturales como agua, flora y fauna, sino también los conocimientos tradicionales asociados a su manejo.

En respuesta a este escenario, las comunidades formularon una serie de demandas que reflejan la amplitud de sus reivindicaciones. Entre ellas destacan la suspensión inmediata de megaproyectos en zonas de alta fragilidad ecológica, la anulación de concesiones mineras, la implementación de una reforma agraria integral y el establecimiento de una moratoria indefinida a la exploración y explotación de hidrocarburos. También exigieron la ratificación del Protocolo de Bioseguridad de Cartagena y el respeto pleno a los derechos establecidos en el Convenio 169 de la OIT.

El documento incorpora además una crítica a los efectos del cambio climático, señalando que sus impactos ya se manifiestan en el territorio hondureño mediante el aumento de tormentas, sequías prolongadas y variaciones en las temperaturas. Frente a ello, demandan políticas estructurales que atiendan la vulnerabilidad de regiones como la costa caribeña.

Más allá de las demandas específicas, la declaración constituye una afirmación de la capacidad organizativa y de resistencia de estos pueblos. En palabras del propio pronunciamiento, las comunidades se comprometen a “intensificar el proceso de resistencia, el nivel organizativo, de información y formación”, así como a construir alternativas orientadas hacia una sociedad más justa y equitativa.

El cierre del documento reafirma este compromiso desde una dimensión histórica y simbólica, al invocar la memoria de los ancestros y de las luchas pasadas. En ese sentido, la Declaración de Durugubuti no solo denuncia las amenazas contemporáneas, sino que se inscribe en una continuidad de resistencia frente a diversas formas de despojo, reafirmando la defensa del territorio como un eje central de la dignidad y la autodeterminación de los pueblos caribeños de Honduras.