Privatización de la generación eléctrica: el asalto del siglo

Por Mauricio Álvarez Mora

El sector eléctrico nacional fue objeto de uno de los saqueos mejor planificados por los grupos de poder, quienes, a lo largo de distintos gobiernos, montaron todas las condiciones legales e ilegales necesarias para ejecutarlo y garantizar su impunidad. Muchos directivos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), así como ministros, diputados e incluso presidentes de la República, están implicados en este proceso. Estos actores, que ejercían el poder formal para legislar a su antojo, figuran entre los principales beneficiarios del negocio.

A partir de esta dinámica emergió una especie de “hidrogarquía”, que consolidó su poder al calor de la privatización y que hoy continúa operando para perpetuar la generación eléctrica privada. Con la aprobación de las leyes de generación privada 7.200 y 7.508 se inició un proceso progresivo de privatización y debilitamiento del ICE, el cual posteriormente se intentó profundizar mediante las leyes del llamado combo energético.

El expansionismo eléctrico se ha convertido, sin duda, en una de las principales causas de conflictos socioambientales en Costa Rica. Alrededor de 27 proyectos hidroeléctricos privados, impulsados al amparo de las leyes 7.200 y 7.508 e instalados en ríos y comunidades, han generado importantes movilizaciones sociales a nivel nacional. De igual forma, las protestas contra el combo energético se nutrieron de comunidades que resistieron una cadena de aproximadamente 80 proyectos hidroeléctricos en fila para su construcción. Estos proyectos habrían avanzado de no ser por la resistencia organizada contra al menos cinco de ellos, cuatro privados y uno estatal, liderada por comunidades campesinas de Rivas y General Viejo, en Pérez Zeledón. Mediante la interposición de recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad, estas comunidades lograron paralizar las gestiones de las empresas generadoras al impedir la obtención de concesiones de agua.

Una respuesta similar se produjo en Sarapiquí, donde seis proyectos, cuatro de ellos privados, enfrentaron la oposición comunitaria. En un plebiscito realizado en el año 2000, la mayoría de la población votó a favor de declarar el río Sarapiquí como monumento natural histórico. Asimismo, en Guácimo, la municipalidad impulsó un plebiscito en 2001, en el que un 97,3 por ciento de la población rechazó el proyecto hidroeléctrico de la empresa Hidroverde, debido a los impactos previstos sobre los mantos acuíferos.

En medio de este contexto, diversas denuncias de corrupción han salido a la luz. Una de ellas se refiere a un presunto soborno vinculado con la construcción de la represa hidroeléctrica La Joya, desarrollada por la transnacional Unión Fenosa. Este proyecto, aparentemente afectado por limitaciones técnicas, provocó graves daños en las fuentes de agua de las comunidades de Tucurrique. Como consecuencia, fue cerrado temporalmente por orden de la comunidad, el Consejo de Distrito de Tucurrique, la Sala Constitucional y el Tribunal Ambiental Administrativo.

La obra contempla la excavación de un túnel de aproximadamente 8,2 kilómetros para retomar las aguas turbinadas de la planta hidroeléctrica Cachí. Sin embargo, este proceso ha dejado sin agua a comunidades ubicadas aguas arriba. Informes técnicos del Servicio Nacional de Riego y Avenamiento, junto con otros estudios institucionales, atribuyen al túnel el deterioro de las fuentes de agua, impactos que no fueron previstos en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. La Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa acogió una solicitud de investigación por los posibles daños ambientales y la afectación al derecho de acceso al agua de las comunidades vecinas.

Más allá de los conflictos sociales, estos proyectos generan severos impactos ambientales sobre los ríos. Entre ellos destacan la reducción del caudal disponible para otros usos, alteraciones que afectan la vida del río, impactos aguas abajo, apertura de caminos en zonas boscosas, deforestación, desvío de quebradas y el desplazamiento de poblaciones y propietarios.

Uno de los aspectos más críticos es que los instrumentos de mitigación, como los estudios de impacto ambiental, no están diseñados para evaluar adecuadamente los efectos acumulativos y sinérgicos de múltiples proyectos en una misma cuenca. En la cuenca del río San Carlos existen 14 proyectos hidroeléctricos privados en operación y otros 14 en planificación, sin que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental cuente con mecanismos legales para rechazarlos por acumulación de impactos negativos. A esto se suma que muchas empresas privadas reducen costos y carecen de capacidades técnicas integrales en áreas como ambiente, planificación, gestión, hidrología y construcción, a diferencia del ICE.

La aprobación de la ley de coneléctricas No. 8.345 modificó profundamente el marco establecido por el artículo 7 de la ley 7.200. Mientras este artículo limitaba la generación privada a un máximo del 15 por ciento de la potencia del sistema eléctrico nacional, la nueva legislación permitió a cooperativas y empresas municipales desarrollar centrales hidroeléctricas de hasta 60 MW sin límite global, alterando significativamente la proporción de participación en el mercado y reduciendo el peso relativo del ICE.

Diversas comisiones investigadoras, establecidas en 1996 y 2002, han profundizado en las relaciones políticas del negocio, así como en la ilegalidad de las tarifas y los elevados costos asociados. Tras la presión social generada por el combo energético, se conformó una comisión para investigar los contratos de compra de energía. En una comisión mixta del ICE, los sectores sociales insistieron en la necesidad de derogar las leyes 7.200 y 7.508. Esta demanda se refleja en el proyecto de ley 15.354 y en múltiples acciones impulsadas desde la sociedad civil.

Los efectos perjudiciales de estas leyes han sido señalados por la Contraloría General de la República, la Procuraduría, la Defensoría de los Habitantes, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y el propio ICE. Estas instituciones coinciden en que la mayoría de los contratos firmados bajo este marco son desfavorables para las finanzas públicas. La existencia de irregularidades en las tarifas ha generado un conflicto institucional sobre quién debe promover los juicios de lesividad. Incluso, la posibilidad de corregir estas tarifas provocó presiones internacionales, como las ejercidas por la Corporación de Inversión Privada de Ultramar, vinculada a intereses empresariales nacionales.

Según estimaciones del ICE, el monto acumulado pagado a generadores privados entre 1999 y 2010 asciende a 484.500 millones de colones, equivalentes a aproximadamente 1.345 millones de dólares, sin incluir los pagos realizados entre 1990 y 1999. Este gasto anual promedio, cercano a 122 millones de dólares, habría permitido construir varias plantas hidroeléctricas de gran escala bajo gestión pública. Solo en un año, el ICE llegó a pagar 40.000 millones de colones a generadores privados, una cifra desproporcionada en comparación con los costos de producción de la mayor parte de la energía nacional.

Además, estos recursos habrían sido suficientes para financiar el crecimiento de la demanda eléctrica previsto en los planes de expansión del ICE. Datos publicados por el periódico Al Día en octubre de 2004 indican que, en una década, se pagaron 178 mil millones de colones a generadores privados, con importantes beneficios concentrados en grupos empresariales vinculados a figuras políticas.

De acuerdo con estimaciones técnicas, al finalizar los contratos el ICE habrá asumido un sobrecosto en valor presente de entre 50 y 100 millones de dólares, producto de errores en las fórmulas tarifarias que se mantienen en contratos declarados lesivos.

Actualmente, varios contratos han vencido sin que la ley 7.200 establezca con claridad qué ocurre tras su expiración. Ante ello, los beneficiarios del modelo han impulsado maniobras para incorporar la generación privada en la Ley del recurso hídrico, con el respaldo de sectores del Ministerio de Ambiente y Energía. Este proceso ha estado marcado por cambios de posición institucional y por decisiones legislativas apresuradas, influenciadas por intereses directos en el negocio.

Todo esto se enmarca en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. En este contexto, la política del Gobierno ha sido promover la continuidad del modelo vigente de regulación del sector eléctrico. La inclusión de estas disposiciones en el tratado limitaría la capacidad del país para revertir la privatización, al impedir reformas legales que restrinjan la inversión privada en el sector. De esta manera, las leyes actuales quedarían consolidadas en favor de los acuerdos comerciales, restringiendo la soberanía normativa del país.

Referencias bibliográficas

ICE, Subgerencia sector electricidad. 2001. Informe: Análisis de costo de la generación privada. San José.

Publicado originalmente en: https://www.ambientico.una.ac.cr/wp-content/uploads/tainacan-items/5/14092/137_8-10.pdf