Por Mauricio Alvarez Mora.
Las defensoras y defensores se
sitúan en primera línea de la lucha por los derechos humanos, porque ponen al
descubierto la inmensa brecha entre los compromisos retóricos de los gobiernos
y su limitado cumplimiento en la práctica. Su labor incomoda a las autoridades
y a poderosas élites políticas, militares y económicas; por lo cual los
defensores y defensoras asumen serias amenazas y riesgos que en muchos casos
terminan en su asesinato. Se ha documentado ataques contra estas personas en la
mayoría de los países del mundo, pero en especial en América Latina. Tales
ataques adoptan formas y grados diversos: amenaza continua, intentos de
desacreditar su trabajo, encarcelamiento injusto, tortura e incluso asesinato.
Esta amenaza también se hace extensible a sus familiares.
Entre estas personas defensores
hay abogadas y abogados que han asumido esta importante labor de manera colectiva
o individual. Su tarea no se limita únicamente a defender a otras personas
defensoras, sino a hacer una promoción y defensa de los derechos humanos. Tanto
las personas abogadas defensoras de los derechos humanos que desafían a las
instituciones como las personas responsables por la violación de derechos
humanos, pagan un precio extremadamente alto: Se vuelven objeto de
intimidaciones y represiones debido a la naturaleza de los casos en los que
trabajan. Su trabajo puede verse obstruido; pueden ser perseguidos, observados,
acosados o estar sujetos a enjuiciamientos falsos; e incluso pueden ser
asesinados o “desaparecidos por la fuerza”. Muchos abogados también se ven
obligados a exiliar porque temen por su vida.
Un caso emblemático es el de los abogados
y abogadas exmiembros y miembros de la Corporación Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo vs. Colombia, este colectivo y varios abogados que en algún
momento estuvieron vinculado al grupo denunciaron ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos hechos de violencia, intimidación, hostigamiento y amenazas
desde la década de 1990 y hasta la actualidad, vinculados a sus actividades de
defensa de los derechos humanos. En la presentación del caso alegan que han
sido víctimas de seguimientos en diversos lugares por parte de personas cuya
identidad no se encuentra acreditada a fin de establecer si se trató o no de
agentes estatales. Sin embargo, se argumenta que el Estado realizó acciones que
contribuyeron activamente a la materialización de los hechos de violencia,
tales como labores arbitrarias de inteligencia, así como pronunciamientos
estigmatizantes por parte de altos funcionarios.
Específicamente en relación con
las presuntas actividades de inteligencia, se argumenta que las labores del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a través de un grupo especial
de inteligencia estratégica, incluyeron monitorear las actividades laborales de
las y los abogados; interceptar sus llamadas de teléfonos fijos, celulares, y
correos electrónicos; y realizar fichas personales de cada integrante con sus
datos personales. La situación vivida por las presuntas víctimas generó gran
inseguridad y un temor fundado, lo cual provocó el exilio de varios de las
personas abogadas junto con sus respectivas familias. El pasado 12 y 13 de mayo
estuvieron en audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
San José de Costa Rica, donde se espera sentar las bases de justicia para las víctimas
y las personas defensoras, para establecer un precedente importante donde se
“defiendan los derechos de las personas que nos defienden”.
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