La Perla de Guácimo: defender el agua no puede costar violencia

Por Mauricio Álvarez Mora 

En Costa Rica, país que gusta presentarse ante el mundo como un referente ambiental, resulta cada vez más preocupante constatar que quienes defienden el agua y los bienes comunes enfrentan no solo presiones económicas y políticas, sino también violencia directa. Lo que ocurre en la comunidad de La Perla de Guácimo no es un hecho aislado: es una expresión clara de un modelo de desarrollo que avanza ignorando a las comunidades y, peor aún, criminalizando su resistencia.

El conflicto tiene un origen conocido y repetido en distintas regiones del país. Una empresa constructora pretende desarrollar un proyecto urbanístico sin que existan garantías claras sobre la disponibilidad de agua ni estudios técnicos actualizados que respalden la conexión al acueducto comunitario. La comunidad, organizada alrededor de su ASADA, cuestiona no solo la legalidad de esa conexión, sino también los impactos acumulativos en una zona de alta vulnerabilidad hídrica, donde el agua no es un recurso abundante sino un bien frágil que sostiene la vida cotidiana.

Sin embargo, lo que debería ser un debate técnico y legal ha derivado en un escenario alarmante de violencia. La agresión física contra el fontanero de la comunidad, los ataques a viviendas, el hostigamiento constante y, especialmente grave, las amenazas de violencia sexual contra mujeres y jóvenes, marcan un límite que como sociedad no podemos permitir que se cruce. Cuando defender un acueducto comunitario implica exponerse a golpes, intimidaciones y miedo cotidiano, estamos frente a una señal inequívoca de deterioro democrático.

Este caso revela además una dimensión estructural que suele invisibilizarse: la violencia de género en los conflictos socioambientales. Las denuncias de acoso y amenazas contra mujeres de la comunidad no son hechos aislados ni secundarios. Son parte de una estrategia de intimidación que busca desmovilizar a quienes sostienen buena parte de la organización comunitaria. El cuerpo de las mujeres se convierte así en un territorio más de disputa, lo cual exige una respuesta inmediata y contundente del Estado.

La historia de La Perla explica también la firmeza de su resistencia. No es una comunidad que se opone por capricho. Ha enfrentado durante años los impactos del monocultivo de piña, incluyendo la contaminación de fuentes de agua por agroquímicos, conflictos legales y amenazas contra sus líderes. Esa memoria de lucha es la que hoy se activa frente a un nuevo proyecto que pone en riesgo el mismo recurso vital.

Lo que está en juego no es únicamente la construcción de 76 viviendas. Es el modelo de gestión del agua en el país. ¿Quién decide sobre su uso? ¿Las comunidades que la cuidan y dependen de ella, o los intereses privados que buscan expandirse sin asumir plenamente sus impactos? La ausencia de estudios claros sobre disponibilidad hídrica, el manejo de aguas residuales y la sostenibilidad del proyecto no son detalles técnicos menores: son el núcleo del conflicto.

También es preocupante la actuación, o más bien la omisión, de las instituciones públicas. La falta de respuesta efectiva de la policía ante agresiones, la ausencia de medidas de protección para las personas amenazadas, y la lentitud en los procesos judiciales envían un mensaje de permisividad. Cuando la impunidad se instala, la violencia tiende a escalar.

En este contexto, la defensa del agua en La Perla de Guácimo trasciende lo local. Nos interpela como país. No se trata de oponerse al desarrollo, sino de cuestionar qué tipo de desarrollo estamos promoviendo y a costa de quién. Un desarrollo que vulnera derechos, que ignora la participación comunitaria y que se impone mediante la intimidación no puede considerarse legítimo.

La respuesta debe ser clara. Es urgente que las instituciones actúen para garantizar la seguridad de la comunidad, en especial de las mujeres y personas lideresas. Que se investiguen y sancionen las agresiones. Que se respeten los procedimientos legales en materia de acceso al agua. Y, sobre todo, que se reconozca a las comunidades como actores legítimos en la toma de decisiones sobre sus territorios.

Defender el agua no debería ser un acto de valentía, sino un derecho garantizado. Lo que hoy ocurre en La Perla es una advertencia: si no se actúa a tiempo, la violencia puede convertirse en el lenguaje habitual de los conflictos ambientales. Y ese es un camino que Costa Rica no puede permitirse recorrer.