Por Mauricio Álvarez Mora.
Cada 14 de marzo, comunidades, organizaciones sociales y movimientos ambientales de todo el mundo se movilizan en defensa de los ríos y de los pueblos que dependen de ellos. Este Día Internacional de Acción por los Ríos, que suma más de un centenar de acciones en decenas de países, se ha consolidado como una fecha clave para visibilizar luchas contra represas, promover la restauración de ecosistemas y proponer modelos de gestión del agua más justos y sostenibles.
La conmemoración tiene su origen en 1997, durante el Primer Encuentro Internacional de Pueblos Afectados por Represas realizado en Curitiba, Brasil. Desde entonces, cada año se multiplican las actividades de información, educación y movilización en distintos territorios.
En Costa Rica, la fecha se celebra este año con un importante logro para las comunidades del sur del país. Tras años de organización y resistencia, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental archivó una serie de proyectos hidroeléctricos que amenazaban ríos clave de la región. Entre ellos destaca el proyecto hidroeléctrico Altamira, que habría sido la tercera represa sobre el río Volcán, en el cantón de Buenos Aires.
De acuerdo con organizaciones como el Movimiento Ríos Vivos, esta decisión permitió resguardar uno de los tramos más valiosos del río, donde se ubica la reconocida poza “La Perica”, un sitio emblemático tanto para las comunidades locales como para el turismo rural en Longo Mai. El proyecto, según denunciaban, habría reducido hasta en un 90 por ciento el caudal del río, comprometiendo seriamente su integridad ecológica.
Las comunidades han cuestionado de forma reiterada el concepto de “caudal ecológico” utilizado en estos proyectos, señalando que reducir los ríos a una fracción mínima de su flujo natural no garantiza su supervivencia. Desde su perspectiva, convertir un río en un hilo de agua representa una afectación irreversible a los ecosistemas y a las formas de vida que dependen de ellos.
El archivo de Altamira se suma a una serie de resoluciones recientes que incluyen proyectos como San Pedro, Peñas Blanquitas I, Canasta, Cordoncillo I y II, y Monteverde I y II. Estos resultados reflejan más de dos décadas de organización comunitaria, análisis técnico y presión social en defensa de los territorios.
No obstante, la conflictividad no ha desaparecido. Proyectos como Consuelo y San Rafael continúan generando oposición en distintas comunidades. Además, el historial reciente muestra una tendencia sostenida de resistencia en todo el país: desde el archivo de iniciativas como Parritón en Acosta, hasta la firma de decretos que protegen ríos emblemáticos como el Pacuare y el Savegre, así como moratorias a proyectos hidroeléctricos en regiones como Upala, Coto Brus y Sarapiquí.
En este contexto, las organizaciones sociales y ecologistas insisten en la necesidad de una planificación energética basada en evaluaciones integrales por cuenca, que considere los impactos acumulativos de múltiples proyectos. En la cuenca del río Grande de Térraba, por ejemplo, se han planteado más de veinte iniciativas hidroeléctricas en los últimos años, lo que evidencia la presión creciente sobre estos sistemas hídricos.
Como parte de las actividades conmemorativas, el próximo 18 de marzo se realizará un encuentro en San Rafael de Pérez Zeledón. La actividad reunirá a comunidades, estudiantes y organizaciones con el objetivo de intercambiar experiencias y fortalecer una posición común frente al modelo energético nacional. Según las personas organizadoras, el espacio busca consolidar la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones sobre proyectos que impactan directamente sus territorios.
Más allá de una fecha simbólica, el Día Internacional de Acción por los Ríos se convierte así en un recordatorio de que la defensa del agua es también una defensa de la vida, de los territorios y de las generaciones futuras. En Costa Rica, las recientes victorias muestran que la organización comunitaria sigue siendo una fuerza decisiva frente a proyectos que amenazan el equilibrio ecológico y social del país.
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