Por Mauricio Álvarez Mora.
Lo ocurrido en San Pedro de Pérez Zeledón no es un hecho aislado. Es, más bien, una expresión clara de una tensión que atraviesa cada vez más territorios en Costa Rica: comunidades organizadas que defienden sus ríos frente a proyectos que, bajo el discurso del desarrollo, amenazan con transformar de forma irreversible sus entornos.
La audiencia pública convocada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) para discutir el Proyecto Hidroeléctrico San Rafael dejó un mensaje difícil de ignorar. Cerca de 400 personas llenaron el salón comunal, y la abrumadora mayoría se manifestó en contra de la iniciativa. No se trató de una oposición aislada ni improvisada: más de 800 objeciones por escrito fueron presentadas, junto con múltiples intervenciones que cuestionaron la viabilidad social, ambiental y legal del proyecto.
El dato más contundente es quizá el más sencillo: el proyecto pretende concesionar el 95 por ciento del caudal del río. Es decir, transformar un río vivo en un recurso prácticamente capturado, reducido a su mínima expresión. Ante esto, la reacción comunitaria no sorprende. Lo que está en juego no es solo agua, sino formas de vida.
Las promesas de empleo y desarrollo, presentadas incluso mediante recursos audiovisuales diseñados para persuadir, parecen no haber logrado su objetivo. La comunidad no las percibe como suficientes ni creíbles frente a los riesgos. Y aquí emerge una pregunta de fondo: ¿qué tipo de desarrollo se está ofreciendo y a quién beneficia realmente?
Los argumentos expuestos por las personas vecinas apuntan a preocupaciones concretas. El acceso al agua para consumo humano, la producción agrícola y el uso recreativo del río aparecen como prioridades que no pueden subordinarse a un proyecto energético. Más aún en un contexto de variabilidad climática, donde la disminución de lluvias ya empieza a sentirse con fuerza en muchas regiones del país.
A esto se suma la preocupación por la ubicación del proyecto en una zona propensa a deslizamientos, así como las inconsistencias señaladas entre los permisos otorgados y la planificación territorial vigente. Pero quizá uno de los elementos más graves es la percepción de que el proyecto avanza sin cumplir requisitos básicos, lo que debilita la confianza en las instituciones encargadas de velar por el interés público.
La narrativa que emerge desde la comunidad es clara: sienten que han agotado las vías institucionales sin ser escuchados. Han presentado documentos, participado en reuniones, enviado observaciones y, aun así, perciben que las decisiones se toman de espaldas a sus preocupaciones. En ese contexto, acciones como caminatas y protestas no son el inicio del conflicto, sino la consecuencia de un proceso previo de invisibilización.
Lo que ocurre en San Pedro también pone en evidencia un problema más amplio: la fragmentación social que estos proyectos pueden generar. Las denuncias sobre divisiones comunitarias no son menores. Cuando el desarrollo se impone sin consenso, el costo no es solo ambiental, sino también social.
Defender un río no es una posición romántica ni irracional. Es, en muchos casos, una defensa pragmática del acceso al agua, de la seguridad territorial y de la posibilidad de sostener economías locales. Es también una afirmación de que las comunidades deben tener voz en las decisiones que afectan directamente su entorno.
Costa Rica enfrenta un desafío complejo. La necesidad de energía es real, pero también lo es la necesidad de proteger sus ecosistemas y respetar a las comunidades. El problema no es únicamente técnico, sino profundamente político: ¿quién decide sobre los territorios y bajo qué criterios?
San Pedro ha dejado claro que no está dispuesto a ceder su río sin dar la pelea. Y en esa resistencia se refleja una discusión más amplia que el país no puede seguir postergando. Porque cuando un río se reduce a un porcentaje de caudal, lo que se pierde no es solo agua: es también una forma de entender la vida.
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