Mallon Oil agotó vías legales y busca sustento a una demanda

Por Mauricio Álvarez Mora

Después de muchos años de darle seguimiento al proyecto petrolero impulsado por Mallon Oil en la zona norte de Costa Rica, se puede concluir que no hay un verdadero interés en el petróleo o gas, sino en tener un contrato firmado o alguna nueva posibilidad legal, para demandar al país en los tribunales de comercio internacional, y lograr alguna indemnización exorbitante por “ganancias esperadas”, o la venta del derecho. No se puede ser tan ingenuo y creer que la simple expectativa de derecho que tiene Mallon Oil, pueda llevar al país a romper un consenso nacional o asustarnos con un tribunal internacional, que suponemos será la estrategia de Mallon, tras haber agotado años de fracasos en tribunales e instancias nacionales.  

La firma de un contrato de exploración petrolera con Mallon fue rechazada en los tres gobiernos anteriores y el actual firmó una moratoria petrolera que modificó el artículo 1 del decreto 36 693 MINAET firmado durante la administración de Laura Chinchilla, ampliando su plazo hasta el 2021, fecha de la celebración del bicentenario de la Declaración de Independencia de Costa Rica. Este decreto es un logro de 20 años de movilización ecologista y comunitaria. 

Mediante resolución número R-105-MINAE, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 73 del 13 de abril del año 2000, se otorgó concesión a la compañía Mallon Oil Sucursal Costa Rica, para la exploración y explotación de 6 bloques petroleros (l18% del territorio nacional) , de los 27 bloques en que se dividió el país para ofrecerlo a las trasnacionales petroleras en el gobierno de José María Figueres. Concesión que fue otorgada sin haberse presentado previamente ningún EIA- Estudio de Impacto Ambiental.

La Sala Constitucional rechazó una acción de inconstitucionalidad (Resolución  No. 2013-8950) presentada por la compañía  Mallon Oil Company, con  lo cual se les niega la pretensión de obligar al Estado a firmar un contrato para la explotación petrolera por 20 años.

Esta y otras acciones legales- como la que se ventila hoy en un contencioso administrativo -  buscan con espejismos y confusión la firma del contrato sin cumplir los requisitos ambientales que estableció la SETENA (Resolución N° 165 -2011), para proseguir con la evaluación integral de su propuesta. Además, al no haber completado los trámites- según el Gobierno pasado- queda afectado por la moratoria petrolera establecida por Decreto Ejecutivo 36693-MINAET.

En el peor de los casos el Gobierno puede estudiar si cabe alguna indemnización a la empresa por la inversión de buena fe que logren demostrar. Pero hasta donde teníamos entendido– y esto lo debe aclarar el Minae, hace años el expediente está archivado. 

Las irregularidades que arrastraría el contrato de concesión para la exploración de petróleo en la Zona Norte del país han hecho que, a lo largo de más de 15 años, diferentes instancias del Estado hayan detenido este proceso: SETENA, Dirección de Hidrocarburos, Sala Constitucional, MINAET y los tres presidentes anteriores, don Abel Pacheco, don Oscar Arias y doña Laura Chinchilla.

Si hay un ejemplo de consenso nacional, y es el de descartar las industrias extractivas (minería y petróleo) en nuestro país. Este acuerdo involucra cuatro distintos gobiernos de diversos partidos políticos e ideologías, el poder legislativo que aprobó una prohibición a la minería (aunque tiene pendiente la derogatoria de la ley de hidrocarburos), y el Poder Judicial que ha ratificado estas decisiones, y el apoyo popular que tienen la moratoria petrolera y la prohibición de minería metálica a cielo abierto.

Así que “nadie brinque, que el suelo está parejo” y lo que buscan es alguna resolución que les permita presionar y sostener alguna demanda internacional, porque legalmente, en décadas, ningún tribunal nacional les ha dado la razón a los argumentos de Mallon Oil.