Amenazado una vez más: la desprotección de quienes defienden la vida en Osa

Por Mauricio Álvarez Mora.

La violencia contra quienes defienden el ambiente en Costa Rica vuelve a encender las alarmas. Esta vez, el caso de Alcides Parajes, campesino ecologista de la península de Osa, refleja con crudeza una realidad persistente: proteger los bosques y la fauna sigue siendo una actividad de alto riesgo, muchas veces sin el respaldo efectivo del Estado.

El pasado 8 de octubre, al caer la tarde, Parajes escuchó disparos cerca de su propiedad. El ataque no fue abstracto ni simbólico: uno de sus animales murió y otro quedó gravemente herido. Al día siguiente, su hijo encontró en los linderos de la finca a un hombre armado, acompañado por el dueño de una propiedad vecina. No se trata de un hecho aislado. En julio de 2013, el propio Alcides ya había sido blanco de disparos por parte de cazadores, en un episodio del que logró salir con vida.

A sus 71 años, Alcides Parajes no solo resguarda una finca de aproximadamente 550 hectáreas; custodia un territorio clave para la biodiversidad del país. Vive allí desde los cuatro años y ha dedicado su vida a la protección de los bosques y la fauna silvestre de Osa, una de las regiones ecológicamente más valiosas de Costa Rica. Sin haber asistido nunca a la escuela -como él mismo señala con orgullo-, ha desarrollado un profundo conocimiento del entorno y una firme convicción para denunciar la caza ilegal, la deforestación y otras amenazas ambientales.

Su labor, sin embargo, ha estado marcada por la exposición constante al peligro. Las denuncias públicas que ha realizado a lo largo de los años lo han convertido en un blanco. En este contexto, el movimiento ecologista ha sido enfático: responsabiliza al Estado, particularmente al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), por la seguridad y la vida de personas defensoras como Parajes. Además, ha reiterado la urgencia de establecer protocolos efectivos de prevención e investigación de agresiones, así como mecanismos de protección específicos para activistas ambientales.

La situación ha trascendido el ámbito nacional. El movimiento ecologista ha informado al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst, con el fin de que este caso sea incorporado en su informe ante la Asamblea General de la ONU. Esto evidencia que la problemática no es aislada, sino parte de un patrón global de violencia contra quienes defienden el ambiente.

Más allá de las agresiones, la historia de Parajes también revela las dificultades estructurales que enfrentan quienes protegen los ecosistemas. El sustento de su familia depende de la finca, y durante años ha intentado acceder y mantenerse en el programa de Pago por Servicios Ambientales. Aunque logró incorporarse en 2003, los requisitos burocráticos, las renovaciones periódicas y las trabas administrativas han hecho que este apoyo sea incierto y limitado, a pesar del valor ambiental de su trabajo.

El caso de Alcides Parajes plantea preguntas incómodas pero necesarias: ¿quién protege a quienes protegen? ¿Puede un país que se proyecta internacionalmente como líder en conservación seguir ignorando la vulnerabilidad de sus defensores ambientales? La ausencia de garantías efectivas no solo pone en riesgo vidas humanas, sino también debilita la protección de ecosistemas estratégicos.

En territorios como Osa, donde convergen intereses económicos, presiones sobre los recursos naturales y una riqueza biológica excepcional, la defensa del ambiente no puede seguir dependiendo únicamente del compromiso individual de personas como Alcides. Requiere, de manera urgente, un Estado presente, responsable y capaz de garantizar tanto la integridad de quienes defienden la naturaleza como la protección real del patrimonio natural que estos resguardan.