Por Mauricio Álvarez Mora.
El 11 de agosto de 2016, organizaciones ecologistas alzaron la voz para respaldar una decisión histórica del pueblo indígena Bribri de Talamanca: rechazar la estrategia nacional REDD+ y declarar su territorio libre de este mecanismo promovido como solución al cambio climático. Tanto COECOCEIBA Amigos de la Tierra Costa Rica como la Federación Ecologista Costarricense FECON exigieron al Estado costarricense respetar esta decisión, calificándola como un ejercicio legítimo de autodeterminación.
La declaratoria del pueblo Bribri no surge de manera aislada. Es el resultado de más de ocho años de tensiones, cuestionamientos y resistencia frente a un proceso que, según denuncian las comunidades, avanzó sin transparencia ni consulta adecuada. Durante ese tiempo, el Estado habría invertido más de 6,7 millones de dólares en consultorías, talleres y estudios con el objetivo de implementar esta estrategia en territorios indígenas.
REDD+, un mecanismo internacional que busca reducir emisiones derivadas de la deforestación y degradación de bosques, ha sido promovido en Costa Rica como parte de sus políticas de mitigación climática. Sin embargo, para muchas comunidades indígenas y organizaciones ecologistas, este instrumento representa una forma de mercantilización de los bosques, bajo la lógica de los llamados “negocios climáticos”.
Una decisión construida desde las comunidades
Entre marzo y junio de 2016, más de 15 comunidades del territorio Bribri participaron en un proceso de diálogo autónomo, desarrollado en su propio idioma y bajo sus propias formas organizativas. Como resultado, más de 300 personas firmaron una declaratoria que rechaza no solo REDD+, sino también su protocolo de consulta y cualquier intento de reintroducirlo bajo otro nombre.
El documento es claro en su posicionamiento. Afirma que el cuidado de los bosques no puede reducirse a transacciones económicas, sino que forma parte integral de la vida, la cultura y la espiritualidad del pueblo Bribri. El uso de los recursos naturales está profundamente vinculado a prácticas tradicionales relacionadas con la medicina, la vivienda, la educación y la cosmovisión.
Para las comunidades, aceptar REDD+ implicaría ceder control sobre sus territorios y someter sus bosques a lógicas externas que no responden a sus valores ni a sus necesidades.
Recursos millonarios, información limitada
Uno de los puntos más críticos señalados por las organizaciones es el manejo de los recursos destinados a la estrategia. Datos oficiales indican que el gobierno costarricense invirtió más de 855 mil dólares directamente en procesos vinculados a territorios indígenas, incluyendo fondos dirigidos a asociaciones de desarrollo para promover la estrategia.
Sin embargo, a pesar de estos montos, muchas comunidades Bribris afirman no tener acceso claro ni cotidiano a la información sobre REDD+. Esta desconexión entre inversión institucional y conocimiento comunitario ha alimentado la desconfianza y el rechazo hacia el proceso.
REDD+ y las contradicciones de la política climática
El cuestionamiento a REDD+ también se enmarca en una crítica más amplia a las políticas climáticas nacionales e internacionales. Organizaciones como COECOCEIBA han señalado que los compromisos asumidos en espacios globales, como el Acuerdo de París, resultan insuficientes para enfrentar la crisis climática.
Incluso el propio acuerdo reconoce que las contribuciones actuales de los países no son compatibles con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a dos grados centígrados. En este contexto, mecanismos como REDD+ son vistos como soluciones parciales que no atacan las causas estructurales del problema.
A nivel nacional, las críticas apuntan a contradicciones evidentes. Mientras se promueve una imagen de sostenibilidad, el país continúa aumentando la importación y consumo de combustibles fósiles, con una matriz energética fuertemente dependiente del petróleo, especialmente en el sector transporte.
Además, iniciativas como la carbono neutralidad o los mercados de carbono son cuestionadas por permitir que empresas continúen contaminando, siempre y cuando compensen sus emisiones mediante la compra de créditos, muchos de ellos vinculados a territorios forestales.
Defensa del territorio y alternativas desde abajo
Frente a este panorama, la declaratoria del territorio Bribri libre de REDD+ representa mucho más que un rechazo puntual. Es una afirmación del derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios y a construir sus propias formas de enfrentar la crisis climática.
Las organizaciones ecologistas insisten en que cualquier estrategia efectiva debe partir del respeto a estos derechos y de la inclusión real de comunidades campesinas e indígenas en la toma de decisiones. No se trata solo de consultar, sino de reconocer que son estos pueblos quienes han sostenido históricamente la conservación de los bosques.
El caso Bribri abre un debate profundo sobre el rumbo de las políticas ambientales en Costa Rica. También plantea una pregunta de fondo: ¿es posible enfrentar el cambio climático sin transformar las lógicas económicas que lo provocan?
Por ahora, la respuesta desde Talamanca es clara. La defensa de los bosques no se negocia. Se vive, se cuida y se decide desde el territorio.
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