Por Mauricio Álvarez Mora.
" El desenlace que tenga el caso de Jairo Mora resultará emblemático y clave para revertir la impunidad global de asesinatos por la defensa de la naturaleza. Con ello quizás volvamos a ser noticia a nivel internacional y pueda mencionar que al menos uno de los 66 crímenes contra ambientalistas en el país desde hace dos décadas, haya sido tardíamente resuelto."
Ayer, lunes 25 de enero, inició un nuevo juicio contra los imputados por el asesinato del ambientalista Jairo Mora, perpretado en 2013 mientras Mora protegía nidos de tortugas en una playa del Caribe.
Hace un año, en enero de 2014 el Tribunal de Juicio de Limón (Caribe) absolvió de toda pena y responsabilidad a dos acusados y a otros cinco debido a errores de la Fiscalía y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por mal manejo de pruebas y de la investigación. Sin embargo, dicha resolución fue anulada en agosto de 2015 y un Tribunal de Apelación indicó que debía realizarse un nuevo juicio.
Celebramos la posibilidad de que pueda haber justicia en el caso de Jairo Mora, pero no podemos dejar de señalar la incompetencia, negligencia y descuido con que ha actuado la Fiscalía, y el sistema de justicia en general en este proceso.
Jueces y fiscalía se culpaban entre sí por haber dejado libres a los acusados. Entre los problemas del proceso están: no admitir la prueba clave, extravío de actas originales y de un disco compacto con las grabaciones de las intervenciones telefónicas y hasta un perfume quebrado. Como si no fuera poco, pareciera que hoy es imposible volver a recrear la escena del crimen.
Y no hay que dejar de lado que el Fiscal General de la República se negó a comparecer ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, a fin de dar cuentas y sentar responsabilidades sobre la actuación de la Fiscalía. Por esa razón en aquel momento pedimos su renuncia, así como un proceso para sancionarlo. ¿Qué pasó? Nada, absolutamente nada.
¿A quién le dio cuentas el Poder Judicial (magistrados, fiscales, OIJ o jueces) por el caso de Jairo Mora? A nadie. Más bien se procesó un recurso de amparo puesto por el Fiscal Jorge Chavarría para no acudir a declarar a la Comisión Legislativa con una velocidad insual.
Ahora las autoridades judiciales abren una ventana de oportunidad para que en un nuevo juicio se revierta la impunidad posibilitada por el mismo sistema judicial. Sin duda saben que si no son capaces de administrar la justicia como corresponde, vamos a recurrir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Mientras no se condene a los autores, tanto materiales como intelectuales de los crímenes, y se les condene como corresponde, Costa Rica seguirá perdiendo su imagen comercial de país “verde” y de respeto de los derechos humanos.
Pareciera inverosímil que el sistema favorezca a los victimarios de las tortugas y no a sus defensores, pero es justo lo que ha sucedido. Para FECON, el sistema judicial de Costa Rica, igual que en el caso de la condenatoria de un guardaparques, deja vulnerables a quienes defienden la Naturaleza en vez de protegerles, se criminaliza su gestión en vez de estimularla y de manera injusta protege y deja en libertad a destructores del medio ambiente y asesinos, en lugar de hacerles pagar su deuda.
No obstante, en este juicio se puede revertir la impunidad penal-ambiental. El desenlace que tenga el caso de Jairo Mora resultará emblemático y clave para revertir la impunidad global de asesinatos por la defensa de la naturaleza. Con ello quizás volvamos a ser noticia a nivel internacional y pueda mencionar que al menos uno de los 66 crímenes contra ambientalistas en el país desde hace dos décadas, haya sido tardíamente resuelto.
Nuestra sociedad debe tener presente que aunque finalmente el Poder Judicial logre encontrar y castigar a los culpables de este vergonzoso episodio, la muerte de Jairo seguirá siendo en vano. Hoy, Playa Moín y sus tortugas no sólo continúan sin la vigilancia estatal debida, sino que además están siendo irremediablemente destruidas por la voracidad de una multinacional que no tiene consideración alguna por buena parte del hábitat que durante un tiempo protegió Jairo.
También debemos tener presente que las mafias hueveras siguen rondando esa y todas las playas de anidamiento de tortugas. También debemos tener presente que los voluntarios que cuidan estas especies continúan siendo amenazados. Y, más aún, también debemos tener presente que ni la policía ni el Sistema Nacional de Áreas de Conservación vigilan la totalidad de las playas que utilizan las tortugas marinas para desovar.
Con un nuevo juicio existe la esperanza de ser más consecuentes como sociedad con la imagen que pregona el país. Si se logra hacer justicia ambiental, Costa Rica servirá de ejemplo para el mundo. De otra manera, seguiremos siendo cómplices de que redes mafiosas vuelvan a actuar animadas por la impunidad reinante.
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