Ecologistas logran fallo clave contra permisos de transgénicos en Costa Rica

Por Mauricio Álvarez Mora.

Una acción impulsada por organizaciones ecologistas y productores logró un importante precedente en la defensa de los derechos ambientales en Costa Rica. La Sala Constitucional declaró inconstitucional la forma en que se otorgaban los permisos para la liberación de organismos genéticamente modificados, al considerar que el procedimiento violaba derechos fundamentales de la población.

La resolución responde a una acción de inconstitucionalidad (expediente 12-017013-0007-CO), presentada en diciembre de 2012 contra el reglamento del Servicio Fitosanitario del Estado. El recurso señalaba que la normativa permitía manejar de manera confidencial la información técnica utilizada para autorizar la liberación de transgénicos, lo que impedía el acceso público y la participación informada.

Con el fallo, la Sala estableció que estos procedimientos deben garantizar transparencia y acceso a la información, permitiendo a cualquier persona conocer los criterios técnicos y, a partir de ello, presentar oposiciones fundamentadas. Este cambio abre la posibilidad de que sectores sociales, comunidades y organizaciones participen activamente en la toma de decisiones sobre la introducción de estos organismos en el país.

Además, la sentencia implica que los permisos en trámite, particularmente los relacionados con la liberación de maíz transgénico, no podrán ser otorgados hasta que la normativa se ajuste a los nuevos lineamientos establecidos y se garantice el cumplimiento de los principios constitucionales señalados.

Un avance en una lucha más amplia

Desde el movimiento ecologista, la resolución fue valorada como una victoria significativa, aunque parcial. Si bien el fallo no prohíbe de manera definitiva la liberación de transgénicos en Costa Rica, sí constituye un precedente que evidencia cómo, hasta ahora, los permisos habían sido otorgados sin garantizar plenamente los derechos de la ciudadanía.

Asimismo, el caso pone en el centro del debate el papel de empresas vinculadas a esta actividad, entre ellas corporaciones transnacionales que habían solicitado autorizaciones para el cultivo de maíz genéticamente modificado.

Las organizaciones ambientales insisten en que la lucha continúa y llaman a fortalecer los esfuerzos hacia una moratoria nacional y la aprobación de legislación que prohíba de manera definitiva la liberación de transgénicos al ambiente.

El fallo de la Sala Constitucional no cierra el debate, pero sí marca un punto de inflexión: a partir de ahora, las decisiones sobre transgénicos deberán pasar por el escrutinio público y el derecho de participación de la ciudadanía, en defensa del equilibrio de los ecosistemas y la salud de las personas.