Por Mauricio Álvarez Mora.
Una serie de organizaciones sociales y ambientales de la Península de Osa han encendido las alarmas ante el acelerado proceso de urbanización turística en el cantón de Osa, particularmente en la franja comprendida entre Dominical y el río Térraba. Las denuncias apuntan no solo al crecimiento desordenado de proyectos inmobiliarios, sino también a la destrucción ilegal del bosque en la Fila Costeña, una cadena montañosa estratégica que corre paralela al litoral del Pacífico sur.
Esta región ha sido reconocida como corredor biológico por el Ministerio de Ambiente y Energía, cumpliendo además funciones esenciales como la protección del suelo frente a la erosión y la conservación de ecosistemas marinos cercanos, entre ellos el Parque Nacional Marino Ballena. Asimismo, estos bosques son fundamentales para la protección de nacientes de agua que abastecen a las comunidades locales, y actúan como barreras naturales frente a fenómenos extremos como huracanes, reduciendo significativamente sus impactos.
Sin embargo, la presión del mercado inmobiliario está transformando rápidamente este paisaje. La cercanía de estas montañas al mar, sumada a sus vistas privilegiadas, las ha convertido en un objetivo atractivo para desarrollos turísticos y residenciales de alto valor. Según las denuncias, al menos 25 empresas inmobiliarias, en su mayoría con capital extranjero, impulsan proyectos que implican la apertura de caminos, la construcción de terrazas y la modificación intensiva del terreno, muchas veces en abierta contradicción con la legislación ambiental vigente.
El uso de maquinaria pesada para nivelar terrenos y desarrollar infraestructura ha provocado una creciente sedimentación del suelo, cuyos efectos ya se extienden hacia los ecosistemas marinos. Investigaciones de la Universidad de Costa Rica señalan que estos sedimentos están contribuyendo al deterioro de los arrecifes coralinos del Parque Marino Ballena, cuya supervivencia se encuentra seriamente amenazada.
Las irregularidades en estos procesos son múltiples. En algunos casos, las obras se desarrollan sin supervisión efectiva del Ministerio de Ambiente y Energía, que enfrenta limitaciones de recursos para fiscalizar la zona. En otros, los desarrolladores logran permisos mediante declaraciones engañosas sobre el uso del suelo o la magnitud de los proyectos, que no son debidamente verificadas por las autoridades. También se han documentado casos en los que empresas han sido sancionadas por destrucción ilegal de bosque, aunque las multas impuestas resultan insignificantes frente a las ganancias generadas por estos desarrollos.
Frente a este escenario, las organizaciones denunciantes sostienen que la Fila Costeña no puede seguir siendo objeto de destrucción y apropiación privada. Hacen un llamado a las comunidades locales y a la ciudadanía en general a exigir acciones firmes por parte de la Municipalidad de Osa, el MINAE, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Instituto Costarricense de Turismo, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de la normativa ambiental.
No obstante, advierten que ante la magnitud de la presión inmobiliaria, respaldada por inversiones millonarias, las medidas actuales resultan insuficientes. En este sentido, plantean la necesidad de avanzar hacia la creación de nuevas áreas de protección y la implementación de un plan de ordenamiento territorial a nivel cantonal, que limite de manera efectiva el desarrollo urbanístico en zonas de alto valor ecológico.
La Fila Costeña representa mucho más que un paisaje atractivo para el turismo. Es un sistema ecológico complejo que sostiene biodiversidad, regula el agua, protege las costas y resguarda modos de vida locales. Su futuro dependerá de las decisiones que se tomen hoy frente a un modelo de desarrollo que, de continuar sin control, podría provocar daños irreversibles en uno de los territorios más valiosos del país.

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