¡Unión Fenosa de Nicaragua! Crisis eléctrica, presiones internacionales y demandas sociales

Por Mauricio Álvarez Mora.

En Nicaragua, la crisis del sector eléctrico ha dejado de ser únicamente un problema técnico para convertirse en un conflicto político, económico y social de gran envergadura. En el centro de esta controversia se encuentra la empresa transnacional española Unión Fenosa, a la que el gobierno anterior otorgó la concesión de los servicios de distribución eléctrica. Desde entonces, amplios sectores de la población denuncian tarifas elevadas, un servicio deficiente y una creciente presión de la empresa sobre las instituciones del Estado.

Diversas organizaciones sociales han señalado que la situación actual no solo refleja fallas en la prestación del servicio, sino también un modelo de gestión energética que ha priorizado intereses privados por encima del bienestar público. Los constantes apagones, los altos costos de la electricidad y la falta de inversión en infraestructura han afectado directamente a hogares, pequeños negocios y sectores productivos del país.

En este contexto, un total de 51 organizaciones nicaragüenses y europeas emitieron un pronunciamiento conjunto en el que exigen que Unión Fenosa “asuma correctamente todas sus responsabilidades y actúe con honradez en el arbitraje establecido por el Instituto Nacional de Energía (INE)”. Asimismo, demandan al gobierno de España que se abstenga de respaldar públicamente a la compañía, señalando que tal apoyo resulta contradictorio con los principios de cooperación internacional.

El pronunciamiento surge en medio de crecientes tensiones. Según denuncian las organizaciones, en diciembre de 2006 la empresa amenazó con llevar al Estado nicaragüense ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo vinculado al Banco Mundial, alegando un supuesto incumplimiento contractual. Posteriormente, en enero, habría solicitado el pago de 54 millones de dólares mediante un seguro de inversión contratado con la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), también parte del Banco Mundial, bajo el argumento de una presunta “expropiación”.

Para las organizaciones firmantes, estas acciones constituyen mecanismos de presión frente a la situación crítica de la empresa en el país. Subrayan que Unión Fenosa no puede hacer efectivo ningún reclamo económico mientras no concluya el proceso de arbitraje iniciado por el Instituto Nacional de Energía, lo que evidencia, a su juicio, una estrategia para influir en las decisiones institucionales.

Ante este escenario, las organizaciones plantean una serie de exigencias claras. A la empresa Unión Fenosa le demandan que asuma sus responsabilidades, que cese cualquier maniobra de presión sobre el gobierno nicaragüense y que repare los daños ocasionados a la población, incluyendo indemnizaciones. Además, plantean su salida del país como una medida necesaria para superar la crisis.

Al gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega, le solicitan que cumpla sus compromisos de campaña y garantice una investigación exhaustiva sobre las responsabilidades de la empresa y del gobierno anterior en la crisis del sector eléctrico. También instan a respaldar las acciones del Instituto Nacional de Energía y de la Contraloría General de la República para esclarecer posibles irregularidades, incluyendo decisiones como la devolución de 14 millones de dólares de una garantía que debía responder por la mala calidad del servicio.

Por otra parte, al gobierno español y a su presidente José Luis Rodríguez Zapatero, le exigen no intervenir en favor de la empresa, señalando que cualquier respaldo político podría socavar los esfuerzos por alcanzar una solución justa y transparente.

El comunicado también advierte sobre la importancia de mantener la vigilancia social e internacional sobre el caso. La campaña “La Ir-responsabilidad de Unión Penosa. Nicaragua a oscuras” anunció que continuará informando a la opinión pública y a los medios de comunicación, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y acelerar una resolución equitativa del conflicto.

La lista de organizaciones firmantes refleja la amplitud del respaldo a esta demanda, incluyendo redes de consumidores, colectivos ambientalistas, organizaciones de derechos humanos y plataformas internacionales de solidaridad. Entre ellas se encuentran la Red Nacional en Defensa del Consumidor de Nicaragua, Ecologistas en Acción, el Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL), Veterinarios Sin Fronteras, la Internacional de Servicios Públicos, así como diversas organizaciones de América Latina y Europa.

El conflicto con Unión Fenosa pone en evidencia tensiones más profundas relacionadas con la privatización de servicios públicos esenciales, la regulación estatal y el papel de las corporaciones transnacionales en países del sur global. Más allá del caso nicaragüense, abre un debate sobre los límites de la inversión extranjera en sectores estratégicos y la necesidad de modelos energéticos que prioricen el acceso equitativo, la sostenibilidad y la soberanía nacional.

En Nicaragua, la consigna es clara y resuena con fuerza en distintos sectores sociales: la crisis eléctrica no puede resolverse sin justicia, transparencia y responsabilidad. Y en ese camino, cada vez más voces coinciden en que el papel de Unión Fenosa en el país debe ser revisado a fondo.