Por Mauricio Álvarez Mora.
La intoxicación de estudiantes y maestras en la comunidad de San Juan de Platanar, en San Carlos, no es un hecho aislado ni inesperado. Es la expresión más evidente de un modelo productivo que continúa colocando la rentabilidad por encima de la salud de las personas. Lo ocurrido el 23 de agosto de 2019 en la Escuela La Ceiba obliga a una reflexión urgente, pero sobre todo a la exigencia de acciones concretas por parte del Estado.
Ese día, 18 estudiantes y cuatro personas adultas resultan afectadas tras la aplicación de agroquímicos en una plantación de piña ubicada contiguo al centro educativo, propiedad de la empresa Cítricos Bellavista. Los síntomas reportados por el Ministerio de Salud incluyen dolor de cabeza, mareo, náuseas, vómitos, dolor abdominal e irritación en los ojos. No se trata de una sospecha, sino de un hecho documentado en el Informe Técnico MS-DRRSRHN-IT-086-2019.
Los testimonios de quienes vivieron el episodio aportan una dimensión humana que no puede ignorarse. La docente Sindy Rodríguez Madrigal describe cómo desde temprano se percibe la fumigación, mientras las condiciones climáticas favorecen la dispersión de los químicos. Horas después, niñas y niños presentan síntomas visibles de intoxicación dentro del aula. La escena no solo es alarmante, sino profundamente injusta: un espacio destinado al aprendizaje se convierte en un lugar de riesgo.
La información técnica agrava aún más el panorama. Según registros del Servicio Fitosanitario del Estado, ese día se aplican productos como Diazinon, Ecogreen y Camauba, tal como consta en el Informe Técnico MS-DRRSRHN-IT-1030-2019. El Diazinon, en particular, es un pesticida organofosforado reconocido por su alta toxicidad. Su exposición puede generar efectos inmediatos severos y daños neurológicos a largo plazo. No es menor que esta sustancia forme parte de listas internacionales de compuestos peligrosos.
A pesar de la gravedad del caso, la respuesta institucional resulta insuficiente. La recomendación de realizar visitas técnicas para “minimizar la exposición” traslada implícitamente la responsabilidad a las comunidades afectadas, como si evitar la contaminación fuera una tarea individual y no una obligación del Estado. Esta postura es aún más cuestionable si se considera que la Escuela La Ceiba ha sido evacuada en al menos tres ocasiones por situaciones similares.
La voz de la comunidad refuerza esta denuncia. Habitantes como Estela Solís Marín señalan una década de convivencia forzada con agroquímicos, en la que la vida cotidiana se ve marcada por la incertidumbre, las enfermedades y la constante necesidad de defensa. La demanda es clara: vivir en un ambiente sano, sin exposición permanente a sustancias peligrosas.
Este caso no surge en el vacío. Diversas investigaciones académicas han documentado la presencia de plaguicidas en entornos habitados y educativos. En 2016, un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, liderado por Leonel Córdoba, detecta clorpirifós y otros agroquímicos en aulas de escuelas cercanas a plantaciones bananeras en Matina. Años antes, en 2009, la investigadora Karla Solano evidencia residuos de plaguicidas en el polvo de casas y escuelas en zonas piñeras y bananeras del Caribe costarricense. Estos hallazgos coinciden con investigaciones del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, que continúan señalando los riesgos de exposición en comunidades rurales.
En San Juan de Platanar, incluso se toman muestras recientes en aulas y zonas de juego para analizar la presencia de residuos químicos, lo que evidencia que la preocupación no es coyuntural, sino estructural. La repetición de estos eventos confirma que las medidas actuales no son suficientes.
Frente a esta realidad, la discusión no puede limitarse a protocolos o recomendaciones técnicas. Es necesario avanzar hacia regulaciones más estrictas que establezcan distancias mínimas entre cultivos intensivos y espacios habitados, especialmente centros educativos y de salud. También es indispensable que se apliquen sanciones efectivas a las empresas responsables de prácticas que pongan en riesgo la salud pública.
La intoxicación en la Escuela La Ceiba expone una contradicción profunda: mientras se reconoce el derecho a un ambiente sano, las condiciones reales en muchas comunidades lo vulneran sistemáticamente. Resolver esta contradicción requiere voluntad política, control institucional y, sobre todo, el reconocimiento de que la salud de las personas no puede seguir siendo un costo asumible dentro del modelo agrícola.
Referencias
Chacón, V. (2019). Comunidad denuncia intoxicación de niños por fumigación. Semanario Universidad. Recuperado de https://semanariouniversidad.com/pais/comunidad-denuncia-intoxicacion-de-ninos-por-fumigacion/
Ministerio de Salud. (2019). Informe Técnico MS-DRRSRHN-IT-1030-2019.
Córdoba, L. (2016). Presencia de plaguicidas en escuelas de Matina. Universidad de Costa Rica.
Solano, K. (2009). Residuos de plaguicidas en polvo de casas y escuelas cercanas a plantaciones agrícolas. Universidad Nacional.
IRET-UNA. (s.f.). Plaguicidas en el Caribe: Resultados de investigaciones en salud ambiental y humana. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=FmVbb68Ds8E&feature=youtu.be&app=desktop
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