Por Mauricio Álvarez Mora.
En la Zona Sur de Costa Rica se desarrolla una creciente concentración de proyectos hidroeléctricos que genera preocupación entre comunidades locales, organizaciones sociales y actores ambientales. Actualmente, existen 16 proyectos hidroeléctricos privados en trámite ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, de los cuales 11 son promovidos por la empresa H. Solís. A estos se suman cuatro proyectos impulsados por el Instituto Costarricense de Electricidad en el cantón de Coto Brus, además del proyecto hidroeléctrico El Diquís.
El avance de estos proyectos ocurre en medio de procesos administrativos irregulares y una participación limitada de las comunidades afectadas. Meses atrás, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental archivó varios proyectos como San Pedro, Peñas Blanquitas II y Canasta debido al vencimiento de plazos para la entrega de información técnica. Paralelamente, la acción organizada de comunidades logró que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos archivara los proyectos Monteverde I, Monteverde II y Consuelo.
A pesar de estos antecedentes, otros proyectos continúan su curso. El proyecto hidroeléctrico San Rafael es adjudicado al Instituto Costarricense de Electricidad poco antes del cambio de gobierno, mientras que proyectos como Consuelo y Monteverde II avanzan en etapas previas mediante la firma de cartas de compromiso.
Durante el proceso de evaluación ambiental, comunidades aledañas señalan que sus observaciones no son incorporadas adecuadamente. También denuncian la ausencia de consultas formales a otras instituciones técnicas, lo cual debilita la rigurosidad del análisis ambiental. Entre las principales preocupaciones se encuentra la propuesta de mantener un caudal ecológico del cinco por ciento, considerado insuficiente para garantizar la salud de los ecosistemas, así como para sostener actividades como la pesca, la recreación y el uso comunitario del agua.
Las comunidades también advierten que los estudios no dimensionan correctamente la cantidad de personas afectadas ni los impactos acumulativos sobre la biodiversidad. Se mencionan posibles afectaciones a especies acuáticas y terrestres, incluyendo peces, cangrejos y nutrias, debido a la fragmentación de los ríos por infraestructuras artificiales. Asimismo, se señala la falta de análisis sobre riesgos geológicos, como la falla Zapotal, asociada en el pasado a deslizamientos de gran magnitud que provocaron la desaparición y reubicación de poblados.
En el caso del proyecto Consuelo, se presenta una controversia adicional cuando los usos de suelo emitidos por el Catastro de la Municipalidad de Buenos Aires son posteriormente desautorizados por el propio alcalde. Este conflicto genera dudas sobre la legalidad de los procedimientos y motiva a instancias legales a revisar las decisiones municipales, especialmente en relación con moratorias locales contra proyectos hidroeléctricos privados.
Ante este panorama, organizaciones y comunidades de la Zona Sur mantienen una posición firme en defensa de los ríos y los territorios. Exigen a instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad, el Ministerio de Ambiente y Energía, la Dirección de Aguas, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos que respeten las decisiones municipales y los procesos comunitarios.
El escenario evidencia una creciente tensión entre el modelo de desarrollo energético y los derechos de las comunidades, en un contexto donde la gestión del agua y los recursos naturales se convierte en un eje central del debate nacional.
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