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Por Mauricio Álvarez Mora.
Por años, Costa Rica ha construido hacia el exterior una imagen internacional asociada a la protección ambiental, la biodiversidad y la sostenibilidad. Sin embargo, detrás de ese discurso verde persiste una realidad incómoda: el país continúa siendo uno de los mayores consumidores de plaguicidas por hectárea en el mundo y muchas comunidades rurales conviven diariamente con la contaminación de sus fuentes de agua.
La reciente solicitud firmada por más de 2500 personas y organizaciones sociales para prohibir el uso del agroquímico clorotalonil vuelve a poner sobre la mesa una discusión urgente sobre salud pública, protección del agua y responsabilidad institucional.
Las organizaciones firmantes provienen de sectores muy diversos: colectivos ecologistas, asociaciones de desarrollo, ASADAs, grupos de agricultura orgánica, sindicatos, cooperativas, organizaciones feministas, pueblos indígenas, colectivos culturales, empresas de turismo, productores agroecológicos, organizaciones juveniles, grupos de mujeres, conservacionistas, académicos y hasta asociaciones vinculadas a la medicina natural y la apicultura. La amplitud de este respaldo evidencia que la preocupación ya no pertenece únicamente al movimiento ambientalista, sino que atraviesa múltiples sectores de la sociedad costarricense.
El principal cuestionamiento gira alrededor del clorotalonil, uno de los fungicidas más utilizados en la agricultura nacional y que ya fue prohibido en la Unión Europea debido a preocupaciones relacionadas con sus impactos ambientales y sanitarios. Las personas firmantes sostienen que Costa Rica no cuenta con la capacidad técnica suficiente para monitorear adecuadamente todos los productos derivados de la degradación de este agroquímico en las fuentes de agua potable.
Actualmente, el Laboratorio Nacional de Aguas analiza únicamente una fracción de las moléculas registradas en el país, pese a que existen más de 200 ingredientes activos autorizados. Para las organizaciones, esta limitación genera un vacío preocupante: se utilizan agroquímicos cuyos residuos y metabolitos ni siquiera pueden ser detectados plenamente por las instituciones encargadas de vigilar la calidad del agua.
La discusión adquirió mayor relevancia tras las denuncias surgidas en la comunidad de Cipreses, en el cantón de Oreamuno. Desde inicios de año se han presentado estudios técnicos que evidencian contaminación con productos derivados del clorotalonil y rastros de otros plaguicidas en nacientes destinadas al consumo humano de más de 4000 personas.
Los resultados fueron reconocidos por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), tomando como base el informe UNA-LAREP-OFIC-060-2021-S20-13-05-2021 elaborado por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET-UNA). En dicho análisis se detectaron productos de degradación del clorotalonil, así como trazas de otros nueve plaguicidas.
El caso de Cipreses no es aislado. Más bien refleja una problemática estructural que distintas comunidades rurales han denunciado durante décadas. La contaminación de fuentes de agua por agroquímicos ya ocurrió anteriormente con sustancias como el bromacil y ha afectado a numerosos territorios vinculados a monocultivos intensivos.
A esto se suma otro problema señalado por las organizaciones: la falta de cumplimiento efectivo de la legislación ambiental vigente. La Ley de Aguas establece zonas de protección alrededor de nacientes y tomas de agua para consumo humano, pero en múltiples regiones del país estas áreas continúan siendo ocupadas por actividades agrícolas intensivas.
Las personas firmantes cuestionan además que instituciones públicas hayan aplicado de manera inversa el principio precautorio conocido como Indubio Pro Aqua, el cual establece que, en caso de duda, las decisiones deben favorecer la protección del recurso hídrico. Según denuncian, tanto el AyA como la ASADA de Cipreses han actuado priorizando la continuidad del suministro sin garantizar plenamente la ausencia de contaminación.
Ante este escenario, la petición ciudadana solicita medidas concretas. Entre ellas, retirar el registro del clorotalonil y prohibir su uso en Costa Rica, fortalecer urgentemente las capacidades técnicas del Laboratorio Nacional de Aguas y ampliar los análisis para detectar todos los subproductos derivados de este fungicida.
También exigen que el Gobierno atienda la solicitud planteada desde el despacho de la Ministra de Salud para adquirir tecnologías y reactivos especializados que permitan monitorear adecuadamente estas sustancias.
En el caso específico de Cipreses, las organizaciones demandan que se cumplan las órdenes sanitarias emitidas por la Dirección del Área Rectora de Salud de Oreamuno para proteger las fuentes de agua y que el AyA implemente un plan de abastecimiento mediante cisternas con agua libre de agroquímicos para la comunidad afectada.
La discusión sobre el clorotalonil trasciende el debate técnico sobre un plaguicida específico. Lo que está en juego es la capacidad del país para garantizar un derecho básico: el acceso al agua potable segura. También está en disputa el modelo agrícola que Costa Rica ha promovido durante décadas, basado en el uso intensivo de agroquímicos y en una institucionalidad que muchas veces reacciona tarde, cuando la contaminación ya ocurrió.
La experiencia internacional ha demostrado repetidamente que esperar certezas absolutas en materia de salud ambiental puede tener consecuencias irreversibles. Durante años ocurrió con el plomo, el asbesto y otros contaminantes cuyos riesgos fueron inicialmente minimizados. Hoy la pregunta que surge desde Cipreses es inevitable: ¿cuánto tiempo más deberá pasar antes de que el país actúe preventivamente frente a los agroquímicos que amenazan sus fuentes de agua?
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