Por Mauricio Álvarez Mora.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre y el Concejo de Mayores Brörán, junto con recuperadores y recuperadoras de distintos territorios indígenas del sur del país, emitieron un pronunciamiento en el que señalan que, doce años después de la expulsión violenta de liderazgos indígenas de la Asamblea Legislativa el 9 de agosto de 2010, la situación de fondo no solo no ha mejorado, sino que se ha agravado.
Las organizaciones recuerdan aquel episodio como un momento simbólico de exclusión política, cuando personas de territorios originarios fueron sacadas por la fuerza mientras exigían el avance del proyecto de ley de desarrollo autónomo. Desde entonces, afirman, la respuesta estatal ha sido insuficiente frente a una deuda histórica que se arrastra desde la aprobación de la Ley Indígena en 1977.
El pronunciamiento señala que, en más de cuatro décadas, el Estado costarricense no ha logrado devolver ninguna finca a los pueblos indígenas en condición de usurpación, a pesar de los mecanismos legales existentes. Por el contrario, sostienen que la ocupación no indígena de tierras ha sido uno de los principales detonantes de la violencia en territorios como Salitre, Térraba, Cabagra y China Kichá.
Las organizaciones destacan que desde 2010 se han recuperado más de 60 fincas por parte de pueblos indígenas, en un contexto que describen como de abandono institucional. En el documento se advierte que la usurpación, la falta de ejecución de sentencias y la ausencia de restitución territorial han alimentado un escenario de conflicto continuo, donde las respuestas del Estado han sido lentas o inexistentes.
Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento es la denuncia de impunidad en casos de violencia y asesinatos de líderes indígenas. Se mencionan los casos de Sergio Rojas en 2019, en el territorio bribri de Salitre, y de Jehry Rivera en 2020, en el territorio bröran de Térraba, como expresiones extremas de una crisis que, según las organizaciones firmantes, no ha sido atendida con la debida diligencia por el sistema judicial.
También se advierte sobre amenazas recientes en territorios como China Kichá y sobre la persistencia de agresiones contra personas recuperadoras de tierras, lo que, señalan, mantiene un clima de inseguridad permanente. En este contexto, cuestionan el rol de las instituciones del Estado, incluyendo el Poder Judicial, al considerar que no han garantizado protección efectiva ni acceso oportuno a la justicia.
El pronunciamiento también critica el uso de figuras institucionales como las asociaciones de desarrollo indígena y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, al considerar que no han fortalecido la autonomía de los pueblos, sino que en algunos casos han contribuido a debilitar sus formas propias de organización. En ese sentido, exigen el reconocimiento de estructuras políticas indígenas autónomas como parte fundamental del derecho a la autodeterminación.
Por su parte, el líder indígena bröran Pablo Sibar Sibar, recuperador de Crun Shurín, aporta una reflexión personal en la que recuerda la expulsión de 2010 como un punto de quiebre en la relación con el Estado. Señala que ese día, tras intentar durante años ser escuchados en San José, las comunidades concluyeron que no quedaba otra opción que continuar la defensa de sus derechos desde los propios territorios.
Sibar cuestiona que, mientras se señala a las recuperaciones como actos violentos o ilegales, no se reconozca el contexto histórico de despojo y la falta de respuesta estatal. Afirma que las recuperaciones han sido una respuesta ante la ausencia de soluciones institucionales y reitera que estas acciones representan para los pueblos indígenas una forma de vida, de resistencia y de continuidad cultural.
Tanto el pronunciamiento colectivo como el testimonio de Sibar convergen en una misma demanda: el cumplimiento efectivo de los derechos territoriales indígenas, la restitución de tierras usurpadas, el reconocimiento de sus formas propias de organización y el fin de la impunidad frente a la violencia.
En su conjunto, los documentos plantean una pregunta de fondo sobre el modelo de Estado y su capacidad de responder a una deuda histórica que, a juicio de las organizaciones indígenas, sigue sin resolverse: la garantía real del derecho a la tierra y a la vida en los territorios originarios de Costa Rica.
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