UCR advierte debilidades y recomienda no aprobar proyecto de ley de aguas

Por Mauricio Álvarez Mora.

La Universidad de Costa Rica plantea una posición crítica frente al Proyecto de Ley para la gestión integrada del recurso hídrico, expediente 20.212, y recomienda a la Asamblea Legislativa no aprobarlo en su forma actual. El pronunciamiento parte de un análisis institucional que reconoce algunos avances respecto a versiones anteriores, pero señala que persisten vacíos importantes que comprometen la solidez técnica y el enfoque integral de la propuesta.

La Universidad advierte que el uso del agua en el país se encuentra bajo una presión creciente, lo que ha generado conflictos entre sectores como el agrícola, la agroindustria, el consumo urbano, la industria, la generación de energía, el turismo y el ámbito ambiental. En este contexto, considera indispensable una mejor coordinación interinstitucional y una gestión pública que incorpore la participación efectiva de los distintos actores en la toma de decisiones.

Aunque reconoce mejoras en el proyecto, la institución señala que la propuesta actual carece de estudios de respaldo suficientes y presenta debilidades en la formulación de varios artículos clave. Entre ellos, cuestiona el enfoque del artículo 1, que define el objetivo de la ley desde una perspectiva centrada en el ser humano, sin fortalecer adecuadamente la protección del ciclo natural del agua.

También identifica problemas en el artículo 4, que podría debilitar el carácter público de los cauces al permitir su desafectación por cambios naturales en el curso de los ríos. En cuanto al artículo 13, señala que no se justifica técnicamente la definición del número máximo de unidades hidrológicas del país, mientras que el artículo 14 deja dudas sobre la conformación y participación de las comunidades en los consejos de unidad hidrológica.

La Universidad también observa limitaciones en el artículo 15, donde se plantea la necesidad de priorizar estrategias de riego más eficientes, así como en el artículo 19, que excluye información relevante para comprender la gestión del recurso hídrico a nivel nacional. Asimismo, critica que el artículo 29 no contemple adecuadamente la protección de humedales naturales ni áreas fitosanitarias, elementos fundamentales para la conservación de los ecosistemas.

Además de estas observaciones, la Universidad propone ajustes específicos. Recomienda modificar las prioridades de uso del agua para fortalecer la seguridad agroalimentaria, incorporar recursos para el desarrollo de humedales artificiales y obras de drenaje, y restituir el régimen de sanciones penales eliminado en la propuesta actual. Considera que delitos como la contaminación de cuerpos de agua o el daño a áreas protegidas deben contar con penas acordes a la gravedad de sus impactos.

También sugiere la inclusión de incentivos para promover prácticas como la agricultura de precisión, que permitan reducir el impacto ambiental del uso del agua y mejorar su eficiencia.

El análisis de la Universidad de Costa Rica deja en evidencia que, aunque existe consenso sobre la necesidad de una ley moderna para la gestión del recurso hídrico, el texto en discusión aún no logra responder de manera adecuada a los desafíos ambientales, sociales y técnicos que enfrenta el país.