Boruca y la justicia que nace desde el territorio

Por Mauricio Álvarez Mora.

En un momento en que el debate sobre justicia, identidad y autonomía indígena suele quedarse en el discurso, el territorio indígena de Boruca da un paso concreto que merece atención. La reciente conformación de su Tribunal de Derecho Consuetudinario no es un hecho menor ni simbólico. Es una decisión profundamente política, cultural y jurídica que plantea preguntas de fondo sobre cómo entendemos la justicia en Costa Rica. Este artículo se construye, en su mayor parte, a partir de la información generada por el propio Tribunal de Derecho Consuetudinario de Boruca.

La creación de este órgano no surge de la improvisación. Es el resultado de un proceso que lleva años gestándose desde la Asociación de Desarrollo del territorio, con trabajo comunitario, discusión interna y construcción colectiva. Representantes de distintas comunidades participaron en la elección de quienes hoy integran este tribunal, personas que no provienen de élites jurídicas tradicionales, sino de la vida cotidiana del territorio: docentes, agricultores, artesanos del tejido y de las máscaras. Ese detalle no es menor. Habla de una justicia que no se separa de la comunidad, sino que nace de ella.

El tribunal combina elementos del derecho occidental, como el debido proceso, con normas ancestrales propias del pueblo boruca. Lejos de ser una contradicción, esta mezcla revela una posibilidad que durante mucho tiempo ha sido ignorada: la coexistencia de distintos sistemas jurídicos en un mismo país. Aquí no se trata de rechazar lo institucional, sino de adaptarlo a realidades culturales específicas, reconociendo que la ley no siempre ha respondido a las necesidades de todos los pueblos por igual.

Quienes ven este tipo de iniciativas como un retroceso cometen un error de lectura. No estamos frente a un regreso al pasado, sino ante un avance en la forma de entender la justicia. El derecho consuetudinario, basado en normas no escritas, pero profundamente arraigadas en la cultura, ha sobrevivido durante generaciones. Su transmisión oral y su legitimidad comunitaria lo convierten en una herramienta viva, capaz de resolver conflictos desde una lógica distinta a la del sistema judicial tradicional.

Además, este tipo de justicia no surge en un vacío legal. Desde 1995, la Sala Constitucional reconoció la validez de estas instituciones jurídicas indígenas. Incluso existen precedentes en los que el sistema judicial costarricense ha homologado decisiones tomadas por tribunales indígenas, como ocurrió en Cabagra. Es decir, no se trata de una figura marginal, sino de una realidad que ya ha sido validada dentro del marco jurídico nacional.

El alcance del Tribunal de Boruca también es claro y responsable. No pretende sustituir completamente al sistema judicial del Estado ni intervenir en delitos de alta gravedad. Su campo de acción está en la regulación de la vida comunitaria: normas de convivencia, uso de recursos naturales y resolución de conflictos locales. En estos ámbitos, su legitimidad puede ser incluso mayor que la de cualquier instancia externa.

Uno de los aspectos más interesantes de esta iniciativa es su proyección hacia el futuro. Lejos de limitarse a prácticas tradicionales, el tribunal contempla la incorporación de herramientas modernas como los sistemas de información geográfica. Esto permitirá mapear el territorio, identificar propietarios legítimos y detectar ocupaciones ilegales. Es una muestra de que tradición y tecnología no son opuestas, sino complementarias cuando se trata de defender el territorio.

En el fondo, lo que está ocurriendo en Boruca es un ejercicio de autodeterminación. Es la afirmación de que los pueblos indígenas no solo tienen derecho a su tierra, sino también a decidir cómo se gobiernan y cómo resuelven sus conflictos. En un país que históricamente ha mantenido una deuda con sus comunidades indígenas, este tipo de acciones no solo son válidas, sino necesarias.

Tal vez la mayor lección que deja este proceso es que la justicia no es un concepto único ni universal. Puede y debe adaptarse a las realidades culturales de cada pueblo. Boruca lo está demostrando con hechos, no con discursos. Y en ese gesto, hay una invitación implícita a repensar, desde lo más profundo, qué entendemos realmente por justicia.