Yimba Cajc: recuperar la tierra para recuperar el futuro

Por Mauricio Álvarez Mora. 

Lo ocurrido en el territorio indígena de Yimba Cajc, conocido como Rey Curré, no es un hecho aislado ni una simple ocupación de tierras. Es parte de un proceso más amplio, profundo y sostenido que atraviesa a los pueblos indígenas en Costa Rica. La reciente recuperación de una finca de aproximadamente 280 hectáreas, realizada de forma pacífica por la comunidad, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿por qué siguen siendo necesarias estas acciones para hacer cumplir derechos que ya están reconocidos por la ley?

Para entenderlo, hay que mirar más atrás. El movimiento territorial indígena se fortalece con claridad desde el año 2010, en un contexto marcado por el rechazo institucional a sus demandas. Aquel momento en que un grupo de personas indígenas, tras más de dos décadas impulsando la ley de autonomía indígena, es expulsado violentamente de la Asamblea Legislativa, no solo evidencia el desprecio histórico hacia estos pueblos. También enciende una respuesta. Lo que parecía un cierre se convierte, en realidad, en un punto de partida.

Desde entonces, el movimiento se articula en torno a lo que podría llamarse las “erres” de la recuperación territorial: resistir, reafirmar, revitalizar y recobrar. Resistir frente a un despojo que no es reciente, sino estructural. Reafirmar que los territorios indígenas, como lo establece la ley, son inalienables, intransferibles e imprescriptibles. Revitalizar formas de vida, organización y vínculo con la tierra que han sido históricamente desplazadas. Y recobrar, en la práctica, lo que en el papel ya les pertenece.

En ese contexto se inscribe lo que ocurre hoy en Yimba Cajc. La recuperación de tierras no es un acto improvisado. Es una forma de hacer cumplir la ley desde los propios territorios. Y eso, en sí mismo, revela una contradicción profunda: cuando ejercer un derecho implica organizarse para recuperarlo, lo que queda en evidencia es la falla del Estado.

La finca recuperada, ubicada cerca de la Carretera Interamericana Sur, no es solo un terreno más. Es parte de un territorio que ha sido fragmentado durante años, en muchos casos ocupado ilegalmente por personas no indígenas. Esta situación no es excepcional. En varios territorios del país, más del 80 por ciento de la tierra está en manos ajenas a las comunidades originarias, convirtiendo en minoría a quienes deberían ser sus legítimos custodios.

Lo que sucede después de la recuperación también es revelador. Las familias no llegan a imponer, llegan a construir. Reparan cercas, limpian terrenos, levantan espacios comunes. Hay una lógica distinta en juego. La tierra no es vista como un bien para acumular, sino como una base para sostener la vida comunitaria. Se proyectan iniciativas agropecuarias, procesos de reforestación, protección de bosques. Es una forma concreta de revitalizar el territorio.

Esta acción se suma a otras, como la recuperación del sitio Dú Túj, un espacio con valor arqueológico y cultural donde también se proyecta reubicar familias afectadas por la tormenta Nate. En conjunto, estas iniciativas muestran que no se trata solo de recuperar tierra, sino de reconstruir tejido social, cultural y ambiental.

Sin embargo, estas acciones también incomodan. Interpelan una narrativa nacional que se presenta como respetuosa de los derechos humanos y del ambiente, pero que en la práctica arrastra deudas profundas. Obligan a reconocer el racismo estructural que persiste cuando los derechos indígenas se postergan o se aplican de manera parcial.

Aquí es donde la comparación con otros ámbitos del país se vuelve inevitable. Así como el arte ha alzado la voz para denunciar conflictos socioambientales en otros territorios, también en el caso indígena emerge una verdad incómoda: no basta con reconocer los problemas, hay que actuar. No se puede seguir sosteniendo un modelo donde los derechos existen solo en el discurso.

Al final, lo que está ocurriendo en Yimba Cajc no es solo una disputa por tierra. Es una afirmación de dignidad. Es una forma de recordar que la historia no está cerrada y que las deudas, cuando no se atienden, se transforman en conflictos.

Ignorar estas recuperaciones es no entender su origen. Criminalizarlas es negar la historia que las explica. Escucharlas, en cambio, abre la posibilidad de construir una relación distinta entre el Estado y los pueblos indígenas.

Porque en cada recuperación no solo se recobra un territorio. Se recupera también la posibilidad de un futuro más justo.