Solicitamos derogar decreto que respalda hidroeléctrica Diquís

Por Mauricio Álvarez Mora.

En calidad de coordinador del Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica, presento una posición institucional clara frente al Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, una de las iniciativas energéticas más controvertidas en el país. Esta postura se concreta en la coadyuvancia activa a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el líder indígena bröran Asdrúbal Rivera Villanueva, del territorio indígena de Térraba.

La acción fue acogida por la Sala Constitucional bajo el expediente 18-005745-0007-CO y plantea la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo N° 34312, emitido en 2008, que declara de conveniencia nacional e interés público los estudios y obras del proyecto impulsado por el Instituto Costarricense de Electricidad. Desde nuestra perspectiva, este decreto carece de sustento técnico y ambiental suficiente, tal como lo ha señalado previamente el propio Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica.

Uno de los elementos más relevantes de esta acción es el planteamiento de reconocer al Río Grande de Térraba como sujeto de derechos. Esta propuesta no es simbólica ni aislada, sino que se inscribe en una corriente jurídica internacional que ha avanzado en reconocer derechos a la naturaleza. El argumento central es que el río no solo constituye un recurso hídrico, sino un ente vivo y sagrado para los pueblos originarios, cuya afectación implica también una vulneración directa a sus derechos culturales, espirituales y territoriales.

La coadyuvancia presentada por el Programa Kioscos retoma el acuerdo del Consejo Universitario, adoptado en 2012, en el que se solicita expresamente la derogatoria del decreto ejecutivo debido a la ausencia de estudios que respalden su legalidad. Este posicionamiento institucional se sustenta en un análisis interdisciplinario amplio sobre los impactos socioambientales y culturales del proyecto, el cual ha servido como base para procesos de información, formación y diálogo en comunidades potencialmente afectadas.

A esto se suma un hecho particularmente preocupante: el propio Ministerio de Ambiente y Energía ha reconocido ante la Sala Constitucional que desconoce los estudios que justificarían la declaratoria de conveniencia nacional del proyecto. Esta admisión no solo debilita la base legal del decreto, sino que evidencia una preocupante falta de rigor en la toma de decisiones sobre proyectos de alto impacto.

Los posibles efectos del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís son de gran magnitud. Se estima que más de 365 especies de animales terrestres podrían verse afectadas por la inundación de bosques, mientras que al menos 13 especies de peces endémicos desaparecerían. Asimismo, la alteración en el flujo de sedimentos impactaría directamente el Humedal Térraba-Sierpe, comprometiendo los ecosistemas de manglar y las actividades pesqueras que dependen de ellos.

El impacto cultural es igualmente grave. El embalse inundaría más de un centenar de sitios arqueológicos, poniendo en riesgo una parte invaluable de la historia precolombina del país. En el caso específico del territorio de Térraba, se verían afectados cementerios ancestrales, cavernas sagradas y prácticas cotidianas ligadas al río, como el transporte, la pesca y el uso del agua para riego.

Desde el Programa Kioscos Socioambientales sostenemos que este no es únicamente un debate técnico o energético, sino una discusión profunda sobre el modelo de desarrollo que el país desea impulsar. Por ello, reiteramos la necesidad de derogar el decreto, reconocer los derechos del río y garantizar el respeto pleno a los territorios indígenas y sus sitios sagrados.

Este proceso no solo tiene implicaciones legales, sino también éticas y políticas. Se trata de decidir si Costa Rica está dispuesta a avanzar hacia un modelo que respete la vida en todas sus formas, o si continuará promoviendo proyectos que, en nombre del desarrollo, profundizan las desigualdades y la degradación ambiental.