En un país que ostenta el cuestionable primer lugar mundial en consumo de plaguicidas, cada decisión institucional que apunte a reducir el uso de agroquímicos adquiere un valor político y simbólico profundo. Los recientes acuerdos de cinco municipalidades costarricenses para prohibir herbicidas en espacios públicos no son hechos aislados, sino parte de un giro necesario que comienza a gestarse desde lo local frente a una problemática estructural.
Los cantones de Corredores, Quepos y Talamanca han decidido prohibir específicamente el uso de glifosato en áreas bajo administración municipal como parques y cementerios. Por su parte, Alajuela y Esparza han dado un paso más amplio al vetar el uso de herbicidas en general en espacios públicos. Estas decisiones se suman a una cadena de acuerdos similares adoptados previamente por municipios como Sarapiquí, Desamparados, Aserrí, Belén y Pérez Zeledón, así como por cantones como Tibás, Santo Domingo y Montes de Oca, además de instituciones públicas como la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad de Costa Rica.
Lo que está en juego no es únicamente la regulación de una sustancia, sino la discusión de fondo sobre el modelo agrícola y sanitario del país. Costa Rica, a pesar de su imagen verde, mantiene niveles alarmantes de uso de agroquímicos. Datos de organismos internacionales y centros de investigación nacionales han señalado reiteradamente que el país consume más plaguicidas por hectárea que cualquier otro en el mundo. Solo en 2015 se importaron más de cuatro mil toneladas de ingredientes activos de herbicidas, siendo el glifosato el principal, con más de mil trescientas toneladas.
La magnitud de estas cifras se vuelve más preocupante cuando se considera que una parte significativa de estos productos no se utiliza en actividades agrícolas, sino en espacios urbanos y de uso público. Se estima que cerca del 35 por ciento del glifosato se aplica en zonas no agrícolas, como bordes de caminos, caños, parques y otras áreas donde la exposición de la población es directa y cotidiana. Es decir, no se trata únicamente de un problema ambiental, sino también de salud pública.
En este contexto, la campaña “Desintoxiquemos Costa Rica” ha logrado articular a diversos sectores sociales en torno a una demanda clara: reducir y eventualmente eliminar el uso de agrovenenos en el país. Ecologistas, comunidades campesinas, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres, sindicatos y sectores académicos han coincidido en la urgencia de transitar hacia alternativas más seguras y sostenibles. Como han señalado sus impulsores, la prohibición del glifosato es apenas un primer paso hacia un cambio más profundo.
El debate también incluye otros plaguicidas altamente peligrosos, como el Paraquat, cuya toxicidad ha llevado a su prohibición en decenas de países, pero que aún se utiliza en Costa Rica. La persistencia de estos productos en el mercado nacional refleja la influencia de intereses económicos que han logrado sostener un modelo dependiente de insumos químicos, a pesar de la evidencia sobre sus impactos.
Las decisiones municipales, aunque limitadas en su alcance territorial, tienen un efecto multiplicador. No solo reducen la exposición directa de las personas a sustancias tóxicas, sino que envían un mensaje político claro: existen alternativas y es posible implementarlas. Además, colocan presión sobre otras instituciones públicas para que revisen sus prácticas y adopten medidas similares.
Este proceso también revela el papel fundamental de los gobiernos locales como espacios de innovación y respuesta frente a problemáticas que, muchas veces, no son atendidas con la misma urgencia a nivel nacional. En ausencia de políticas estatales más contundentes, las municipalidades están asumiendo un rol activo en la protección de la salud y el ambiente.
Sin embargo, el desafío sigue siendo enorme. Reducir el uso de agroquímicos en espacios públicos es solo una parte del problema. La transformación real implica cuestionar el modelo productivo que ha llevado a Costa Rica a depender de estos insumos, así como fortalecer la investigación, la educación y las prácticas agroecológicas.
Lo que estas decisiones muestran es que el cambio no solo es necesario, sino posible. Desde los parques y cementerios hasta los campos agrícolas, la discusión sobre los agrovenenos ha dejado de ser marginal para convertirse en un tema central del debate público. Y en ese camino, cada acuerdo local cuenta como un paso hacia un país más sano y coherente con su discurso ambiental.
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