Por Mauricio Álvarez Mora
El sector eléctrico nacional fue objeto de uno de los saqueos mejor planificados por los grupos de poder, quienes, a lo largo de distintos gobiernos, montaron todas las condiciones legales e ilegales necesarias para ejecutarlo y garantizar su impunidad. Muchos directivos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), así como ministros, diputados e incluso presidentes de la República, están implicados en este proceso. Estos actores, que ejercían el poder formal para legislar a su antojo, figuran entre los principales beneficiarios del negocio.
A partir de esta dinámica emergió una especie de “hidrogarquía”, que consolidó su poder al calor de la privatización y que hoy continúa operando para perpetuar la generación eléctrica privada. Con la aprobación de las leyes de generación privada 7.200 y 7.508 se inició un proceso progresivo de privatización y debilitamiento del ICE, el cual posteriormente se intentó profundizar mediante las leyes del llamado combo energético.
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