Por Fabián Pacheco Rodríguez y Mauricio Álvarez Mora
El inicio del año 2017 estuvo marcado por la aprobación de un paquete de decretos relacionados con el registro y uso de plaguicidas en Costa Rica, que ha generado fuertes cuestionamientos desde sectores ecologistas y académicos. Según advierten especialistas, estas nuevas regulaciones podrían significar un retroceso en materia de protección ambiental y salud pública, al flexibilizar los controles sobre sustancias altamente peligrosas.
Actualmente, en el país se utilizan alrededor de dos mil plaguicidas que nunca han sido evaluados ambientalmente. Para los críticos de la normativa, los nuevos reglamentos no solo mantienen esta situación, sino que dificultan que las instituciones estatales puedan revisar a fondo estos productos y determinar si deben ser restringidos o prohibidos, como ya ocurre en otras naciones.


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