Por Mauricio Álvarez Mora.
La Sala Constitucional de Costa Rica marcó un precedente clave en la defensa del patrimonio natural al declarar “parcialmente con lugar” un recurso de amparo (Exp. 16-010216-0007-CO), obligando al Estado a diseñar y ejecutar un plan integral de control y protección de las áreas silvestres protegidas.
La resolución establece que el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda de Costa Rica deberán coordinar acciones para evaluar la situación actual de las áreas de conservación y garantizar su resguardo efectivo. Como parte de esta orden, ambas instituciones deberán elaborar e implementar, en un plazo máximo de sesenta meses, un plan que asegure vigilancia adecuada, prevención de daños ambientales y disponibilidad de recursos suficientes para su cumplimiento.
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