Por Mauricio Álvarez Mora.
Desde la década de las 90 compañías mineras han intentado la exploración y explotación de oro atraídas por el bajo costo y por los controles ambientales mínimos en nuestro país. Miramar, San Carlos y Talamanca han sido blancos de estos intereses, contra la resistencia de los habitantes de estas comunidades a lo largo de estos años.
Producto de esta lucha se ha detenido
parcialmente esta amenaza al punto que el Gobierno de Pacheco decretara una
moratoria a la minería de oro a cielo abierto, en mayo del 2002. Sin embargo, esta
moratoria no cubrió a las compañías que ya tenían lo que ellos llaman derechos adquiridos.
Dicho de otro modo, el Gobierno admite que existen en nuestro país derechos adquiridos
para contaminar y para perjudicar la calidad de vida de las comunidades.
Este fue el caso de Miramar, donde,
con un permiso de 1956, se dio a una empresa el permiso para explotar un área
de 18 hectáreas en esta localidad, para extraer, por un período de 99 años, todos
los minerales que existieran.
Desde 1996 la empresa Río Minerales,
subsidiaria de la canadiense Glencairn Gold, se interesó por la zona del cerro
Bellavista, 2 km al noroeste de Miramar, cabecera del cantón. El total del terreno
adquirido por la empresa es de 1.067 hectáreas, de las cuales 17 se destinarían
a la extracción de 60.000 onzas de oro al año, durante un tiempo estimado de
ocho años.
El proyecto cuenta con la
viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente
(SETENA) desde el 30 de enero 2001 mediante la cuestionable homologación de un
Plan de Gestión al Estudio de Impacto Ambiental. La aprobación del Plan de
Gestión se hizo a pesar de la oposición comunal.
Este plan de gestión no tomo en
cuenta aspectos como el suministro de agua para consumo humano en Miramar y sus
alrededores e ignoró la advertencia de expertos internacionales sobre la
inminente producción de drenaje ácido que liberaría metales pesados hacia el
Golfo de Nicoya, humedal y estuario situados a escasos 14 km del sitio de la
mina, poniendo con ello en riesgo la subsistencia de más de 5 mil pescadores
artesanales y la exportación de productos marinos procedentes de esos
ecosistemas marinos.
La Mina Bellavista empezó a
operar sin permisos municipales en diciembre del año anterior, por lo que se le
impuso una multa de ¢3 millones. Pese este negativo precedente, finalmente el
Consejo Municipal de Montes de Oro, el lunes 9 de febrero, otorgó el permiso
para construir las cuatro algunas necesarias en el proceso de separación del
oro.
La labor de educación, denuncia,
resistencia de las comunidades de Miramar es encabezada por la Asociación Comunidades
Ecologistas Usuarias del Golfo de Nicoya (CEUS) y por organizaciones como el
Foro Popular Ambiental y la Asociación Ecologista Yisky.
Hoy gracias, con la complacencia del
MINAE que facilitó la operación ilegal de esta empresa minera, se pone en
evidencia la retórica ambiental de la presente administración al decretar una
moratoria que no resuelve estos graves riesgos. La oposición a la Minería de
Oro a Cielo abierto es general en todo el territorio Nacional y la moratoria debe
ser una realidad alcanzada por las comunidades mediante todos los mecanismos pacíficos.
La minería a cielo abierto es una
actividad industrial del más alto impacto ambiental, social y cultural. Esta
implica la remoción de la capa superficial para hacer accesibles los
yacimientos de mineral. Para obtener un gramo de oro se necesita remover una tonelada
de material, contaminación del aire, afectación de las aguas superficiales e impacto
sobre la fauna y flora. Además, utiliza, de manera intensiva, grandes
cantidades de cianuro, una sustancia muy tóxica, que permite recuperar el oro
del resto del material removido.
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