Un poco más de 3,7 millones de costarricenses se encuentran deliberando su voto para las elecciones este 1 de febrero, en una contienda con cerca de veinte candidaturas presidenciales y legislativas. Aunque la oferta parece amplia, con propuestas que van desde posiciones conservadoras hasta discursos más progresistas, tanto las encuestas como el clima político indican que el eje central del debate se ha estrechado a una disyuntiva fundamental: el continuismo o la ruptura con el actual grupo gobernante.
En este escenario, las encuestas coinciden en señalar a un claro “ganador”: el abstencionismo, que ronda el 50 % del electorado. Si este porcentaje no disminuye de forma significativa, existe la posibilidad de que, con una base electoral relativamente pequeña, se imponga en la primera ronda electoral - que requiere al menos el 40 % de los votos válidos - la candidata del continuismo, Laura Fernández, quien cuenta con el respaldo del actual presidente Rodrigo Chaves.
Su gobierno ha impuesto un estilo de confrontación permanente, autoritario y agresivo, que ha desplazado el diálogo y la construcción de consensos, y ha llevado a que estos cuatro años se perciban más como una campaña electoral continua que como un ejercicio efectivo de gobierno. Se trata de un presidente con rasgos claramente populistas, que ha mantenido altos niveles de aprobación y ha logrado trasladar buena parte de esa popularidad a su candidata presidencial.
En coherencia con esta lógica política, su agrupación - que debuta en estas elecciones - es el Partido Pueblo Soberano (PPSO), uno de los llamados “partidos taxi”: estructuras creadas para una coyuntura electoral específica, utilizadas como vehículo personalista y desechadas o recicladas una vez cumplido ese objetivo.
Esta forma de organización política, asociada al estilo de gobierno y a la apuesta por el continuismo, no solo ha marcado la dinámica política y electoral, sino que ha tenido efectos directos en la política pública, particularmente en el ámbito socioambiental.
Huella socioambiental del gobierno actual
El actual régimen, en continuidad con el anterior, ha dado pasos acelerados hacia una regresión socioambiental. Al no haber contado con una mayoría legislativa sólida, este giro no se ha materializado plenamente en reformas legales profundas, pero sí a través de decretos, directrices y un progresivo debilitamiento institucional que erosiona, tanto presupuestaria como estructuralmente, las capacidades de protección y gestión ambiental del Estado.
Entre los proyectos impulsados destacan iniciativas orientadas a eliminar la prohibición de la exploración y explotación minera, propuestas para privatizar sectores estratégicos - como la electricidad o la zona marítimo-terrestre (ZMT) - y los intentos por reactivar la explotación petrolera, entre otros.
Como evidencia de este proceso, el más reciente Informe Estado de la Nación (IEN), elaborado por el Programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), concluye que las decisiones políticas recientes amenazan seriamente el histórico sello ambiental del país y configuran lo que el propio informe define como “un punto de inflexión en materia ambiental”.
Este panorama adquiere especial relevancia tras casi treinta años en los que Costa Rica fue referente internacional en conservación y en la construcción de un imaginario de “excepcionalismo verde”. Si bien este relato siempre estuvo atravesado por contradicciones y vacíos estructurales, hoy ya ni siquiera forma parte del discurso del continuismo o del proceso electoral. Por el contrario, se observa una apuesta explícita por revertir parte del camino recorrido.
“Tras casi treinta años en los que Costa Rica fue referente internacional en conservación, hoy el imaginario de ‘excepcionalismo verde’ ya ni siquiera forma parte del discurso del continuismo político ni del proceso electoral.”
Según el IEN (2025) muchas de las medidas regresivas del actual gobierno apuntan también a una creciente concentración del poder, mediante el debilitamiento de la autonomía y de la desconcentración de órganos técnicos creados precisamente para evitar la interferencia política en decisiones ambientales de carácter técnico. Estas acciones afectan directamente al Ministerio de Ambiente y Energía y a instancias clave de su organigrama, como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO).
Una de las medidas más polémicas ha sido la reforma al Reglamento para la Calidad del Agua Potable, considerada uno de los retrocesos más profundos en materia de salud ambiental de las últimas décadas. Esta modificación eliminó el enfoque basado en el principio de precaución y lo sustituyó por un paradigma permisivo con efectos que facilitan mayores niveles de contaminación y favorecen directamente a la industria de los plaguicidas. Todo ello ocurre en paralelo a una mayor desregulación del ingreso de agroquímicos y al debilitamiento del monitoreo de estas sustancias y de sus productos de degradación en el ambiente (IEN, 2025).
A esto se suman severos recortes presupuestarios y de personal en las instituciones encargadas de la protección ambiental. El SINAC, principal entidad responsable de la conservación de más de un cuarto del territorio nacional, sufrió una reducción presupuestaria cercana al 40 % entre 2020 y 2024, a pesar de que el territorio bajo protección aumentó en más del 500 % debido a la ampliación del Parque Nacional Isla del Coco y de los Montes Submarinos. En la práctica, se han creado áreas protegidas “de papel”: decretadas sin recursos, sin personal y sin capacidad real de manejo y protección, una situación que se ha agravado durante el actual gobierno (IEN, 2025).
Asimismo, se han debilitado áreas clave para una transición socioecológica, como el transporte público, el ahorro energético y el avance hacia una transición energética justa. A ello, se suma el desmantelamiento de la Dirección de Cambio Climático, la reducción de las áreas dedicadas a la agricultura orgánica, y la disminución de la siembra de granos básicos -clave para la soberanía alimentaria – así como la erosión de la agenda internacional ambiental del país. Ejemplo de ello son el retiro del respaldo a la Agenda 2030, la salida de la Alianza para ir Más Allá del Petróleo y el Gas (BOGA) y, de forma contradictoria, la solicitud – posteriormente rechazada - de apoyo técnico a Noruega para reactivar la exploración de gas y petróleo.
“La regresión socioambiental no se ha materializado tanto a través de reformas legales profundas, sino mediante decretos, directrices y un progresivo debilitamiento institucional que erosiona las capacidades de protección ambiental del Estado.”
Criminalización, impunidad y abandono del Acuerdo de Escazú
Este contexto de desregulación y debilitamiento institucional ha generado un incremento de los conflictos socioambientales entre 2022 y 2024. Estos conflictos se expresan principalmente en disputas territoriales vinculadas al turismo residencial, el desarrollo inmobiliario, la privatización de la zona marítimo-terrestre y el acceso y control de las fuentes de agua, entre otros temas.
Este aumento de la conflictividad coincide con el abandono del Acuerdo de Escazú y con la ausencia de una legislación específica para la protección de las personas defensoras ambientales. Durante el actual gobierno, en un contexto marcado por el incremento de la violencia, la expansión del narcotráfico y, especialmente, por altos niveles de impunidad, se han multiplicado las amenazas contra quienes defienden los territorios y la naturaleza. La judicialización, las acciones de intimidación, el acoso digital, los seguimientos y otras formas de criminalización se han vuelto prácticas recurrentes en buena parte de los conflictos socioambientales que alcanzan visibilidad mediática y relevancia a escala nacional.
¿Qué promete realmente el continuismo?
Ante este contexto, cabe preguntarse qué puede esperarse de la candidata del continuismo. Una lectura superficial podría limitarse a revisar su plan de gobierno, pero la experiencia demuestra que estos no siempre se traducen a la práctica. Resulta más pertinente observar la huella socioambiental ya dejada por el actual gobierno y proyectar su posible profundización. Además, no basta con ganar la presidencia: para impulsar reformas de fondo, derogar leyes estructurales o incluso modificar la Constitución, se requiere una mayoría legislativa, aspiración que ha sido planteada de forma explícita por sectores del oficialismo.
Una reciente evaluación realizada por la Asociación Regional por la Transformación Ecológica y Social analizó, con criterios comparativos, los planes de gobierno de trece partidos que encabezan las encuestas. El resultado fue contundente: el partido oficialista y sus propuestas ambientales obtuvieron la peor calificación en materia ambiental.
Para esta evaluación se construyó una matriz ambiental ponderada con cincuenta indicadores distribuidos en trece áreas clave, entre ellas agua, cambio climático, biodiversidad, gobernanza, justicia ambiental y ordenamiento territorial. Se evaluaron aspectos como la prohibición de la minería a cielo abierto, la regulación de pesticidas, el combate a los impactos del narcotráfico en áreas protegidas, el bienestar animal y la gestión hídrica. Además, se realizó un análisis cualitativo de coherencia basado en el Informe Estado de la Nación del 2025, cuyos principales hallazgos se han detallado a lo largo de este artículo.
Los resultados permitieron clasificar los programas de gobierno en una escala que va desde propuestas de transformación estructural progresiva hasta enfoques abiertamente regresivos. Se identificaron cuatro grandes grupos: uno que plantea transformaciones estructurales progresivas; otro que propone ajustes moderados al statu quo con cierta orientación ambiental; un tercer grupo, más amplio, que se limita a preservar el modelo actual con compromisos ambientales simbólicos o marginales; y, en el extremo opuesto, propuestas abiertamente regresivas y extractivistas, que promueven hidrocarburos, minería y desregulación ambiental. Este último grupo corresponde al partido del oficialismo, cuya propuesta ha sido clasificada como una “regresión ambiental de carácter estructural”.
El Partido Pueblo Soberano (PPSO), de la candidata Fernández, obtuvo apenas un 15 % de la calificación máxima posible, equivalente a 149,85 puntos de un total de 1000 en la evaluación de los 50 indicadores ambientales. Este resultado se explica por un programa que promueve explícitamente la desregulación de los permisos ambientales, el debilitamiento institucional, el extractivismo y la privatización del mercado eléctrico, orientados a revertir las protecciones existentes. Además, presenta una alineación mínima con criterios progresivos dirigidos a profundizar un modelo ecológico y sustentable. La escasez de contenido ambiental en su propuesta evidencia que el tema no constituye una prioridad, lo que permite anticipar que, aun sin mayoría legislativa, el debilitamiento ambiental continuaría por las mismas vías seguidas durante el actual gobierno.
El papel aguanta lo que le pongan
Existen profundas contradicciones entre las acciones del gobierno y lo planteado en su plan de gobierno en materia de cambio climático, en un contexto marcado además por el desmantelamiento de la institucionalidad climática. Mientras en el discurso se enfatiza la infraestructura estratégica resiliente y el cumplimiento de metas de electromovilidad masiva, las acciones concretas han ido en sentido contrario. Un ejemplo emblemático es el “descarrilamiento” del proyecto de tren eléctrico impulsado por el gobierno anterior, que fue descartado durante esta administración para, paradójicamente, proponer una iniciativa similar hacia el final del mandato.
Al mismo tiempo, el transporte público ha experimentado un claro retroceso. Según el IEN (2025), entre 2018 y mayo de 2025 la cantidad de operadores de autobús cayó un 24,2 %, mientras que el número de personas pasajeras movilizadas disminuyó en un 42,2 %. Esta contracción no solo afecta el derecho a la movilidad, sino que empuja a amplios sectores de la población a depender del automóvil particular, incrementando la congestión, el consumo de combustibles y las emisiones de gases de efecto invernadero, y profundizando la contribución del país al cambio climático.
En el plano institucional, es altamente probable que, ante la falta de cuadros propios y los movimientos internos del oficialismo, continúe al frente del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) el actual ministro, Franz Tattenbach. Su gestión ha sido duramente cuestionada por amplios sectores ecologistas, académicos, políticos y sociales. Diversas organizaciones lo han señalado reiteradamente como responsable de graves retrocesos ambientales, lo han calificado como “ecocida” y han exigido de forma sistemática su renuncia.
Una campaña sin ambiente y tóxica
En materia ambiental, la campaña ha incluido al menos dos debates centrados en la agenda socioambiental: el Debate Climático Presidencial, organizado por la Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica (RJCCCCR), y el Debate Ambiental Animal 2026, organizado por el Frente por la Vida. Ambos espacios se realizaron sin la participación del oficialismo, lo que refuerza su ausencia reiterada en la confrontación públicamente de los debates de fondo en materia ambiental.
Fuera de estos espacios y de algunas preguntas aisladas en debates generales, la campaña electoral ha estado marcada por la ausencia de una discusión sustantiva sobre los desafíos socioambientales del país y por la proliferación de negacionismos, ocurrencias y propuestas desconectadas de la realidad territorial. En este contexto destacó el caso del candidato del partido Avanza, José Aguilar Berrocal, quien se declaró escéptico frente al cambio climático, reproduciendo discursos negacionistas ampliamente desacreditados tanto por la comunidad científica como por la evidencia climática global.
En el plano de las ocurrencias, sobresalió la propuesta del candidato Ronny Castillo, del partido Aquí Costa Rica Manda (ACRM), de impulsar la minería espacial mediante una ley que brinde “certeza jurídica para la investigación, exploración y uso pacífico de recursos espaciales”. En una línea similar de banalización del debate ambiental, Luis Amador, del Partido Integración Nacional (PIN), propuso exportar telenovelas aprovechando los “paisajes naturales” del país como escenarios, mientras que Fernando Zamora, candidato del Partido Nueva Generación (PNG), planteó la creación de parques ecológicos al estilo Disney (Mora, 2025).
Más allá de este tono trivializante, las preocupaciones cotidianas de las comunidades que enfrentan los impactos negativos de la gentrificación, la falta de acceso al agua, la agenda marina, los efectos recurrentes del cambio climático y las restricciones al acceso a las costas quedaron prácticamente fuera del debate electoral. Ello evidencia una visión profundamente metropolitana, antropocéntrica y mercantil de la naturaleza, reducida a recurso, escenario o mercancía.
Campaña aguafiestas
“La campaña electoral ha transcurrido prácticamente sin una discusión sustantiva sobre los desafíos socioambientales del país, en un clima marcado por el miedo, la desinformación y la agresividad política.”
Lo que en otros momentos se denominó la “fiesta electoral” se ha desarrollado, en esta ocasión, en un clima político particularmente tenso, marcado por el miedo, las amenazas, las denuncias, la desinformación y un entorno digital saturado de agresividad. Como parte de su estrategia de campaña, el oficialismo ha evitado reiteradamente la participación en debates, combinando esta ausencia con una alta dosis de confrontación y prácticas de persecución política. Todo ello ha contribuido a la conformación de un ecosistema político tóxico, en el que una parte del electorado aparece crecientemente polarizada y otra, simplemente, desencantada.
La apuesta oficial parece orientarse a “aturdir”, “envenenar” y “controlar” el proceso electoral, con la expectativa de que la contienda quede bajo el control de una minoría que respalda al gobierno, mientras que amplios sectores abstencionistas se mantienen al margen de la participación política.
Un desenlace abierto
Sin embargo, aún no todo está escrito. Las tres últimas elecciones han demostrado que, en contextos de alta indecisión y fuerte volatilidad del electorado, las encuestas presentan márgenes de incertidumbre significativos. Además, la definición del voto ocurre cada vez más cerca del día de la elección, y el desempeño del oficialismo durante la campaña permite prever que el desenlace permanece abierto.
Crece el sentimiento contrario al continuismo y la oposición muestra señales de que, ya sea en una eventual segunda ronda o incluso en la primera, existen posibilidades de frenar tanto la continuidad del actual proyecto político como el retroceso socioambiental que este ha impulsado en el país.
Articulo realizado para la Fundación Heinrich Böll
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