Elecciones, ¿ambiente y territorios?

Por M.Dh. Dylanna Rodríguez Muñoz y M.Sc. Mauricio Álvarez Mora , Docentes del Programa Kioscos Socioambientales, Universidad de Costa Rica

Cada vez que llegamos a una comunidad, alguien repite una frase que aparece en todas partes: “Aquí siempre vienen cuando hay elecciones, después no vuelven”.  La escuchamos en zonas costeras presionadas por el turismo de gran escala, en territorios rurales atravesados por monocultivos, en pueblos indígenas que llevan adelante procesos de recuperación de territorios, en comunidades donde el agua escasea y en pueblos que ven desaparecer sus ríos, sus bosques y sus formas de vida, que constituyen su identidad.

Durante décadas, Costa Rica ha cultivado una imagen internacional asociada a la protección ambiental y al respeto de los derechos humanos. Sin embargo, esa narrativa convive hoy con realidades marcadas por disputas constantes por el territorio, la gestión de los cuerpos de agua, la contaminación por agroquímicos, la privatización de bienes comunes, la turistificación descontrolada y la ausencia de procesos participativos de ordenamiento territorial. En estos espacios, el conflicto no es una excepción: es parte de la vida cotidiana. Es la expresión de una lucha por la subsistencia y por el derecho a permanecer de forma digna.

Hemos comprendido que estos conflictos no son hechos aislados. Responden a un modelo de desarrollo que, desde hace al menos treinta años, privilegia la rentabilidad inmediata por encima de la sostenibilidad ecológica, la justicia ambiental y la autodeterminación comunitaria. Un modelo que avanza, sin escuchar a quienes habitan los territorios.

Desde el trabajo de acción social universitaria, este panorama se vuelve aún más evidente. En la mayoría de comunidades, los partidos políticos han abandonado el trabajo de base. Incluso aquellas agrupaciones históricamente ligadas al clientelismo han reducido su presencia, sus procesos de acompañamiento y su capacidad de análisis territorial. Este proceso de re-abandono ya se hizo evidente en elecciones pasadas, cuando el avance del trabajo territorial de las iglesias cristianas ocupó ese vacío.

Este escenario ha creado condiciones propicias para la expansión territorial del partido de gobierno y para una creciente concentración del poder, debilitando el pluralismo democrático. Pero también refleja los cálculos políticos que priorizan la rentabilidad electoral por encima del compromiso con los territorios. Este proceso se ha visto agravado por la instrumentalización electoral y clientelar de las instituciones públicas por parte del gobierno, orientada a la consolidación de poder y al control territorial.

En el actual proceso electoral, más de 3,7 millones de personas deliberan su voto en medio de una contienda fragmentada y marcada por una alta tendencia al abstencionismo. Sin embargo, en muchos discursos de campaña y particularmente en los planes de gobierno, los problemas socioambientales aparecen apenas como consignas vacías, cuando no son completamente ignorados. Paradójicamente, se trata de desafíos que atraviesan la vida cotidiana y las necesidades básicas insatisfechas de miles de familias y condicionan el futuro colectivo.

Durante los últimos cuatro años, la regresión socioambiental no ha llegado a través de grandes reformas legales, sino mediante decretos, directrices administrativas y un progresivo debilitamiento institucional. Lo vemos en los territorios y lo confirma el más reciente Informe del Estado de la Nación: Costa Rica atraviesa un punto de inflexión ambiental, marcado por recortes presupuestarios, desregulación y pérdida de capacidades estatales.

Instituciones clave como el SINAC, la SETENA y la CONAGEBIO han sido debilitadas. Las políticas de agua, energía, transporte y cambio climático han retrocedido. Y con ello, se ha limitado seriamente la posibilidad de garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano.

Este deterioro institucional no ha ocurrido en silencio. Ha venido acompañado de un aumento en la criminalización, la persecución y la judicialización de personas defensoras del ambiente y del territorio. Liderazgos comunitarios, organizaciones locales y activistas enfrentan denuncias, amenazas, presiones administrativas y discursos que buscan desacreditarlos.

En este contexto, preocupa especialmente el debilitamiento del compromiso con el Acuerdo de Escazú, un instrumento clave para proteger a quienes defienden los bienes comunes y fortalecer la democracia ambiental, cuya ratificación fue descartada desde el inicio por el actual gobierno.

Estas prácticas no solo vulneran derechos fundamentales. También erosionan la democracia al desalentar la organización social y el ejercicio del control ciudadano sobre las políticas públicas.

Y, sin embargo, pese a todo, en los territorios persiste la esperanza organizada. Asociaciones de desarrollo, comités ambientales, colectivos locales y redes territoriales continúan creando espacios de deliberación, denuncia y construcción de alternativas. Muchas veces sin recursos, muchas veces bajo presión, pero siempre con convicción.

Estas experiencias recuerdan que la democracia no vive únicamente en las instituciones formales o exclusivamente en los procesos electorales. Se construye desde abajo, en las asambleas comunales, en las luchas por el agua, en la defensa de un río, en la organización para proteger un bosque. Es una democracia viva que no se delega, sino que perdura y se mantiene activa, con un gobierno u otro, con mayor o menor institucionalidad.

Hoy, Costa Rica enfrenta el desafío de reconstruir su relación con el ambiente desde la justicia social, la transparencia y el respeto a los derechos humanos. Esto exige información accesible, participación real, protección efectiva a las personas defensoras y modelos de desarrollo que reconozcan los límites ecológicos y la diversidad territorial.

Una democracia madura no se mide solo por sus logros pasados, sino por su capacidad de reconocer errores, corregir rumbos y escuchar con honestidad a quienes habitan los territorios, sin promesas vacías ni acuerdos firmados en el aire.

Hacemos un llamado a ejercer una ciudadanía más activa, participativa y consecuente, una ciudadanía viva que no se limite solo al acto de votar, sino que se involucre en la democracia comunitaria en los territorios, barrios, sectores y organizaciones. Si nos preocupa cómo hemos llegado hasta aquí como país, es necesario ir más allá de las elecciones y reconstruir el tejido social de manera crítica y consciente del impacto ambiental de las decisiones políticas.

Hoy, votar es una forma de defender el agua, los bosques, los mares, la biodiversidad y el derecho de las futuras generaciones a un país habitable; pero al día siguiente de las elecciones, es imprescindible fortalecer los procesos comunitarios que sostienen la vida democrática en los territorios.