Por Mauricio Álvarez Mora, docente de la Escuela de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socioambientales UCR, IDELA-UNA
El Proyecto de Ley N.° 24.675, presentado por diputados del Frente Amplio para recuperar ambientalmente la zona impactada por minería ilegal en Crucitas de Cutris, San Carlos, y crear un "Polo de Desarrollo de la Región Huetar Norte", se plantea como alternativa frente a otros proyectos que buscan explotar el oro de Crucitas.
La iniciativa representa un intento político
de abordar la compleja problemática de la minería ilegal; sin embargo, carece
de una fundamentación técnica sólida, presenta limitaciones en su planteamiento
estratégico y se sustenta en una lógica de “capitalismo verde” que ha
demostrado ser insuficiente para enfrentar los retos estructurales que implica
la explotación ilegal de los bienes naturales.
Si bien se reconoce parcialmente el deterioro
ambiental y la inseguridad jurídica en la zona, la propuesta carece de una
articulación coherente entre las distintas medidas que plantea. No se
identifica un hilo conductor claro que unifique y articule las soluciones
propuestas, lo que debilita su viabilidad tanto técnica como operativa.
Uno de los aspectos críticos es la ausencia de
una delimitación adecuada del área efectivamente impactada por la minería
ilegal. El artículo 1 del proyecto restringe su ámbito de aplicación a la zona
de la antigua concesión del proyecto Crucitas, lo cual resulta insuficiente. La
actividad minera ilegal ha trascendido ampliamente esa área, extendiéndose a
zonas colindantes y lugares alejados como Abangares, donde se han establecido
cadenas de lavado de oro que incluso utilizan rutas de exportación por el Aeropuerto
Juan Santamaría. Además, hay indicios de que parte de la actividad se conecta
con operaciones en territorio nicaragüense. En consecuencia, enfocar los
esfuerzos exclusivamente en una zona delimitada podría generar un efecto de
desplazamiento del problema hacia áreas aledañas, perpetuando el ciclo de
degradación ambiental y criminalidad.
Sobre este punto, diversas investigaciones
periodísticas han revelado que la minería ilegal en Costa Rica está vinculada
con el narcotráfico y otras actividades delictivas. Por ejemplo, en 2020, el
Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticuló una organización que
extraía y exportaba oro de manera ilegal en Crucitas, San Carlos y el Parque
Nacional Corcovado (Alvarez
M, Semanario Universidad, 23-10-24).
Cualquier respuesta política o técnica
carecerá de efectividad mientras el Estado costarricense no recupere un control
real y sostenido sobre la seguridad y la soberanía del territorio en cuestión.
La ocupación informal del espacio por actores ilegales, la débil presencia
institucional y la limitada capacidad de fiscalización hacen ilusorio cualquier
intento de establecer una solución integral sin antes abordar estas condiciones
básicas.
Otro punto neurálgico es la ausencia de un
diagnóstico técnico integral y actualizado del estado actual de la zona
afectada. No se presentan datos verificables sobre la existencia o ausencia de
cobertura forestal remanente, recursos aprovechables, ni se cuantifican los
pasivos ambientales existentes, como la contaminación del agua, los suelos o la
presencia de metales pesados. Tampoco se incluyen estimaciones técnicas o
económicas sobre los costos reales de remediación ambiental, lo que impide
evaluar con realismo la viabilidad y sostenibilidad del proyecto.
El carácter “sui generis” de la propuesta hace
que no existan precedentes claros que permitan evaluar su factibilidad en
términos ecológicos o económicos. Desde la perspectiva de la economía
ecológica, resulta cuestionable que se pretenda alcanzar sostenibilidad
mediante una nueva modalidad de extracción que, aunque orientada a la
remediación, reproduce los fundamentos de la actividad que originalmente causó
el daño ambiental: la minería.
Una preocupación de fondo reside en el
precedente que este proyecto puede sentar: la posibilidad de legitimar
actividades extractivas ilegales mediante la remediación de las zonas
explotadas. Esto podría replicarse en zonas aledañas, como Abangares, Miramar o
Corcovado.
Este precedente se vuelve aún más preocupante
en el contexto del creciente interés por la explotación del oro, motivado por
la coyuntura geopolítica derivada de la guerra comercial y el riesgo de
conflictos mayores. Según una investigación
realizada por quien suscribe, existen al menos 59 solicitudes de
concesiones para exploración minera subterránea de oro que abarcan 779,52 km²,
es decir, aproximadamente un 1,52 % del territorio nacional. Estas solicitudes
en trámite comprenden los cantones de Abangares, Cañas, Tilarán, Alajuela,
Atenas, San Ramón, Palmares, San Mateo, Orotina, Puntarenas, Monteverde, Montes
de Oro, Esparza, Turrubares, Puriscal y Mora.
Por otro lado, la titularización del
yacimiento de roca dura, según el artículo 19, implica un proceso financiero
mediante el cual el oro se convierte en un título o instrumento negociable. En
el caso de los bienes naturales, esto significa asignarles un valor monetario y
una propiedad legal, para que puedan ser comprados, vendidos o cambiados. En un
momento en que el precio del oro seguirá subiendo como activo refugio, esto
podría sentar el precedente necesario para la mercantilización ambiental y la financiarización
de la naturaleza. En consecuencia, los ecosistemas podrían transformarse en
instrumentos financieros sujetos a la especulación y a la volatilidad del
mercado.
Esta fórmula de “capitalismo verde” —basada en
la monetización del patrimonio natural del Estado— podría entrar en tensión con
el principio de demanialidad de los bienes naturales, al implicar formas de
apropiación privada del disfrute de estos recursos públicos o favorecer que un
territorio se beneficie más que otros.
Además, se corre el riesgo de abrir la puerta
a un modelo en el cual la remediación ambiental se convierte en justificación
para la explotación ilegal de otros yacimientos o minerales, lo cual resulta
éticamente cuestionable y jurídicamente delicado, aún más si consideramos que
se trata del patrimonio del Estado y, sobre todo, de las generaciones futuras.
El proyecto no aborda con suficiente
profundidad los riesgos asociados a la continuidad de los impactos ambientales,
pues la remediación no elimina todos los efectos de la minería ilegal. La
remediación es una etapa de la actividad minera que no necesariamente es
exitosa, ya que suele ser extremadamente costosa y compleja. Recordemos que no
existe la minería sostenible —o al menos no aún—. Problemas como el drenaje
ácido, la dispersión de metales pesados, la posible contaminación del acuífero
regional o la acumulación de suelos contaminados pueden persistir durante
décadas, incluso cuando se trata de minería a mediana o pequeña escala.
Resolver parcialmente el problema mediante acciones de remediación localizada
no garantiza una solución integral ni una contención adecuada de los riesgos
futuros.
Reciente la Contraloría General de la
República (CGR) objetó el proyecto
24.717, que no es muy distinto en el fondo de esta otra iniciativa de ley,
al proponer subastas públicas para la extracción de minerales, recuperación del
oro residual y la creación de un fideicomiso estatal para financiar obras
comunales mineras. También permitiría titularizar el valor del oro en roca dura
mediante activos digitales. El criterio de la Contraloría resume lo planteado
en este artículo: estas propuestas “carecen de un fundamento técnico sólido”;
“no se presentan estudios técnicos, científicos ni evaluaciones de impacto que
respalden la viabilidad de las acciones propuestas” y “carecen de un respaldo
técnico sólido en cuanto a la viabilidad financiera” (Diario
Extra, 22-05-25).
En conclusión, este proyecto no constituye una
solución adecuada ni sustentable a la crisis ambiental, social y legal generada
por la minería ilegal en Crucitas y sus zonas adyacentes. Su formulación carece
de un enfoque estratégico integral, presenta serias debilidades técnicas y
podría generar precedentes institucionales y jurídicos indeseables. En
consecuencia, no se debería aprobar. En su lugar, debe promoverse una discusión
más amplia e informada sobre alternativas estructurales para la gestión de territorios
en conflicto ambiental, la criminalidad y la recuperación plena de la
soberanía.
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